- El presidente del CGAE, Salvador González pide consenso político para aprobar una nueva ley que es “cuestión de Estado”, y recuerda que la ley actual está “agotada” y genera desigualdades territoriales.
El debate organizado por el CGAE, moderado por Carlos Berbell, director de Confilegal, sobre la nueva Ley de Justicia Gratuita y en que han participado Belen Garcia, del sindicato VENIA, Alicia Vega de CEAT, Africa Calleja de ALTODO, Rafael Rivero por ALA, Ana Isabel Pajares de DEFENDA, Aline Castro de Marena Negra, Rosa Lozano de la Plataforma Nacional del Turno de Oficio y Eduardo Súarez integrante de la Plataforma 101+ TÚ, han mostrado su interés en reformar la ley que data de 1996, de que exista un Estatuto del Abogado de Oficio pero discrepan sobre su laboralización
Como introducción Salvador González, presidente del CGAE ha señalado esta tarde que la Ley de Justicia Gratuita actual está agotada y ha insistido en que “urge una nueva ley para que nuestros compañeros y compañeras reciban el trato justo que merecen y que, ahora mismo, no tienen”. El presidente del Consejo ha pedido que la nueva regulación garantice una consideración justa de los profesionales de la abogacía del turno de oficio que, en la actualidad, es insuficiente.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social, Ángel Méndez, quien destacó el espíritu de unidad que guía esta nueva etapa, como ya anticipó en unas declaraciones recientes a este medio : “La abogacía es una. Y juntos haremos que los avances sean posibles. Es momento de construir y de aunar esfuerzos para mejorar la situación de miles de compañeros y compañeras”. Por último, ha puesto en valor la relevancia del contexto actual: “Es un momento histórico; debemos ser conscientes de la trascendencia de la futura ley a la que debemos hacer nuestras aportaciones".
Mejoras necesarias
Los asistentes han debatido distintas propuestas, como la necesidad de la reforma de la ley, que exista un Estatuto claro, con derechos y obligaciones para los abogados de oficio, y especialmente, que se paguen todas las actuaciones que realizan los profesionales de la abogacía, que se mejoren sus condiciones y, en general, que se aumente el presupuesto destinado a estas actuaciones. Donde si hubo discrepancias fue en una posible laboralización desde una relación laboral especial entre las administraciones y los abogados con una reforma del articulo 2 del Estatuto de los Trabajadores
En esa línea defendieron la iniciativa Belén Garcia, secretaria general del Sindicato Venia, donde dejó claro que con el derecho comparado había muchos más solicitantes del servicio en España que en otros países. También comento que el pago por prestación era casi el triple en Europa frente a nuesro país sobe los 178 euros. A su juicio era mejor hablar de servicio publico de justicia que de justicia gratuita. En su opinión esa relación laboral especial no impediría que el abogado tuviera sus cientos y fuera independiente. También pidió mejoras en el servicio y dejó claro que la solución no es la privatización del servicio con los grandes despachos. “Nuestra compensación no es una indemnización ni una subvención es una retribución”.
En el caso de Aline Castro de Marea negra, movimiento gallego, también defendió esa relación laboral especial. Comentó que la situación es crítica del turno dee oficio. Esos Hicimos una huelga en Galicia. Nosotros vamos con valentía El servicio del turno de oficio se muere. Los mayores estamos cansados y los jóvenes no quieren ir. “ Se debe reconocer como trabajadores que somos de ese servicio público esa relación laboral especial que hay con la administración y reformar el articulo 2 del Estatuto de los trabajadores. Habría que buscar la fórmula para homogeneizar los baremos
Por su parte, Eduardo Suárez, representante de la Plataforma 101+ TÚ, destacó que sistema de JG es un deber del Estado. Nosotros hemos hablando con los partidos políticos. En esa relación laboral especial . Nosotros debemos tener derechos sociales y laborales. Debe haber reforma del Estatuto de los trabajadores y de la ley de la Seguridad Social. Desde su punto de vista este colectivo son trabajadores con una prestación obligatoria y no voluntarios. Ese servicio de justicia gratuita debe tener otras retribuciones- Calculó que el trabajo de un abogado de oficio anualmente podría llegar a los 16.000 euros. Recordó que la situación ha cambiado mucho. Ahora hay mas justiciables y menos abogados del turno de oficio. Y eso es un problema
En el caso de Rosa Lozano integrante de la Plataforma Nacional del turno de Oficio, entidad creada recientemente, reconoció el trabajo del resto de asociaciones que llevan trabajando muchos años e la lucha por nuestros derechos En su opinión la nueva ley debe lograr una regulación articulada del turno de Oficio. El foco debe centrarse en el profesional que da el servicio teneos una relación laboral especial con la administracion: “Hay ajenidad, no podemos elegir el cliente. Eso supondría la modificación del Estatuto de los trabajadores y nuestra inclusión en la Seguridad Social, con mejores retribuciones y formación gratuita”.
Salvador González y a su derecha Angel Mendez, presidente Comision de Justicia Gratuita departiendo con los asistentes al debate FOTOS ABOGACIA ESPAÑOLA
Mantener el status quo existente
En el otro lado del debate tomaron la palaba las asociaciones que plantean mantener el sistema actual, con mejoras notables en los baremos y en las condiciones de prestar el servicio, pero sin la laboralización porque esa cuestión restringiría la independencia del letrado. Para Alicia Vega, presidenta de CEAT, existe ya un Estatuto del Abogado de Oficio realizado por Angel Llamas, decano de Alcalá de Henares, pero el problema “es que recae el peso del servicio en nuestras espaldas. Nosotros no podemos poner nuestro tiempo al servicio de los ciudadanos sino tenemos certeza de que nos van a pagar nuestro trabajo. Al mismo tiempo podría computarse a efecto de pensión el tiempo que dedicamos al Turno de Oficio”, apuntó
Por su parte, Africa Calleja presidenta de ALTODO, recordó que su asociación lleva pidiendo desde hace años una nueva ley de Justicia Gratuita y que con el bloqueo parlamentario existente puede ser difícil que se apruebe. Este servicio no debe ser obligatorio para los abogados y la ley debe contemplar todas las actuaciones que hacemos y que se abonen convenientemente con una actualización anual . “ Lo lógico es que hubiera un catálogo de actividades retribuidas en toda España de carácter mínimo2. Debe reconocerse la justicia gratuita a las personas jurídicas y actualizar el IPREM porque una familia que perciba 16.800 euros anuales se queda fuera.
En el caso de Rafael Rivero, representante de ALA, cree que habría que abandonar el IPREM y volver al SMI porque comentó que aquel no se ha modificado desde el 2023 con lo cual hay muchos beneficiarios que se quedan fuera de la justicia gratuita. Dejó claro que pese al acuerdo del ICAM con la Comunidad de Madrid este año la subida del 3% de los baremos fue inferior al IPC de 3,7%. También pidió que a abogados y procuradores se pagaran por desplazamos tos a comisaria y centros de prisión. Constató que ahora hay menos abogados en el turno y mas beneficiarios y que muchos abogados jóvenes no van al Turno.
Desde Defenda, Ana Isabel Pajares comentó que la justicia gratuita es un derecho del ciudadano y no puede ser un sacrificio del abogado. Recordó que la Constitución indica que los poderes públicos deben garantizar la justicia gratuita y que no es solo una mejora retribución. Es un servicio público en el que ahora se ha roto el equilibrio constitucional porque las cargas de ese servicio las soportan los propios abogados de oficio. “El sistema funciona por el trabajo de abogados y procuradores pero urge una mejora profunda y suprimir el articulo 30 de la actual ley que solo permie que cobremos si se reconoce la justicia gratuita para el beneficiario. En muchos casos no cobramos pese a haber realizado el servicio con posterioridad”.
El debate fue interesante porque se vio que hay muchos puntos en común entre las asociaciones del turno de Oficio. Es evidente que la reforma de la Ley de Justicia Gratuita es necesaria porque data de 1996 y la sociedad y sus exigencias han cambiado. Pero lo importante es ver como lograr que se paguen todas las actuaciones que se realizan, de manera casi similar en cualquier lugar del país. Eso es más complicado. Sobre la laboralización del servicio hay discrepancias, pero en un momento en el que hay muchos más beneficiarios que antes y menos abogados en el Turno de Oficio, debe buscarse una manera de que esta actividad se preste en condiciones.
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