- El texto excluye la opción que las administraciones públicas sean sancionadas por un mal uso de estas tecnologías pese a las peticiones de distintos colectivos.
El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes el proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, con la que el Gobierno busca sentar las bases de un nuevo marco regulador que garantice un uso "confiable" y "ético" de estas nuevas tecnologías, tomando como referencia el Reglamento Europeo de IA que ya está en vigor. En su régimen sancionador establece multas que pueden alcanzar los 35 millones de euros. Hace unos días ese texto fue avalado por el Consejo Económico Social (CES), en un articulo que incluimos en nuestra publicación.
Este texto legislativo que ahora ira al Congreso , supone la adaptación de la legislación española al Reglamento Europeo de IA que ya está en vigor, pretende asegurar un uso "ético, inclusivo y beneficioso" de la inteligencia artificial y facilitar que los usuarios puedan diferenciar con nitidez los contenidos que son reales de los que son virtuales.
España desarrolla lo que el Reglamento europeo deja en manos de los Estados. El #IAct es directamente aplicable, pero exige a los Estados miembros articular elementos nacionales de ejecución, supervisión, gobernanza y sanciones. En este contexto, La AESIA, Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, se consolida como pieza clave del ecosistema español de control, supervisión y coordinación en materia de IA.
España es "el líder mundial en la regulación de la Inteligencia Artificial", ha reivindicado en rueda de prensa el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que ha abogado por un sistema "humanista" en línea con la encíclica difundida la víspera por el papa León XIV , con la que el Gobierno se siente "plenamente identificado", de la que nuestro medio informativo se hizo eco este lunes
López ha explicado que para este texto se utiliza una ley orgánica porque "afecta a derechos fundamentales", pero ve necesario seguir avanzando en términos regulatorios y ha negado que tenga repercusiones negativas en el ámbito de la competitividad. “Creo que hemos dado un salto muy importante en un debate que es absolutamente civilizatorio. Estamos hablando de avanzar o retroceder", ha advertido.
Como el reglamento europeo, el primer texto elaborado por el Gobierno establece las prácticas prohibidas de la IA, como el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento o el uso de 'chatbot' que sean capaces de identificar por ejemplo a usuarios con adicción al juego para incitarles a entrar en plataformas de juego online, o explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o la situación socioeconómica de las personas.
Las administraciones sin sanción
Desde que se aprobó el anteproyecto, varias asociaciones de internautas, usuarios y expertos en derecho digital han criticado que el texto que prepara el Gobierno excluya a las administraciones públicas del régimen de sanciones que se pueden imponer a quienes hagan un uso inadecuado de la IA y se limite en esos casos a un 'apercibimiento' sin multas. En principio la norma seguirá asi, como ya sucede en otras normativas de protección de datos que no sancionan a las administraciones incumplidoras.
El texto, aprobado el Consejo de Ministros ha experimentado algunos cambios con respecto al anteproyecto inicial, con el fin de adaptarlo con fidelidad a las últimas modificaciones que también ha sufrido el Reglamento Europeo de IA, que ha incluido -a propuesta del Gobierno español- la prohibición específica de los 'deepfakes' (ultrasuplantación) sexuales, tras la polémica generada por la publicación de desnudos de mujeres y menores creados por el asistente virtual (Grok) de la red social-
. Hace algo más de un año, el 11 de marzo de 2025, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ya llevó a la reunión de ministros el anteproyecto de esta ley con el objetivo de asegurar un uso "ético, inclusivo y beneficioso" de la inteligencia artificial y facilitar, a su vez, que los usuarios puedan diferenciar con nitidez los contenidos que son reales de los que son virtuales.
Dicho anteproyecto, basado ya en el reglamento europeo , establecía las prácticas prohibidas mediante Inteligencia artificial, como el uso de técnicas subliminales (como las imágenes o los sonidos imperceptibles) para manipular decisiones sin consentimiento, o el uso de un 'chatbot' que identifica usuarios con adicción al juego y les incita a entrar, con técnicas subliminales, en una plataforma de juego online.
Obligaciones a tener en cuenta
A juicio de algunos expertos consultados por este medio las principales obligaciones que aparecen en este texto normativo tienen que ver con la necesidad de contar con un Inventario interno de sistemas de IA utilizados, desarrollados o integrados; la clasificación de riesgos conforme al Reglamento Europeo de IA, así como la detección de usos prohibidos y sistemas de alto riesgo.
Al mismo tiempo las organizaciones deberán contar con políticas internas de
gobernanza, aprobación y supervisión de IA, así como documentación técnica , trazabilidad, registros y evidencias de cumplimiento ara que las entidades realice tareas de supervisión humana . efectiva y protocolos de intervención.
Otras cuestiones relacionadas con este proyecto de ley se hablan de la necesidad de realizar evaluaciones de impacto cuando proceda, especialmente en derechos fundamentales y protección de datos, así como la
Formación y alfabetización en IA para equipos directivos, técnicos, jurídicos y de negocio; la revisión contractual con proveedores, integradores y desarrolladores.
Al final esta norma tendrá una coordinación clara con el RGPD europeo, la normativa de , Ciberseguridad, propiedad intelectual, consumo y responsabilidad. En este contexto los expertos creen fundamental contar con un sistema de cumplimiento normativo para usar la IA
Para "sistemas de alto riesgo", en los que se haga necesaria la supervisión humana, la ley plantea multas de hasta 15 millones de euros o del 3% del volumen de negocio, por ejemplo si en los tribunales se utiliza la IA para elaborar borradores de sentencia sin revisión de un juez. En el caso de las infracciones leves, contempla sanciones de hasta medio millón de euros o el 0,5% del volumen de negocio, si bien en todo momento las autoridades tendrán margen para aplicar estos castigos, adaptándolos también a la intencionalidad o a la reincidencia de los responsables.
El Ministerio, sin embargo, ha incluido en el texto final premisas para garantizar el uso correcto de la tecnología en el sector público estatal, con un inventario de sistemas utilizados en procedimientos administrativos y la creación de la figura del delegado de IA, responsable de coordinar la aplicación normativa y asesorar en proyectos y contratación pública. Ambas premisas quedarán reguladas por Real Decreto.
