Unas "encuestillas" para legitimar los ataques a la independencia judicial
Diego Fierro Rodríguez
I. Introducción a una coincidencia que no es casual
Tres encuestas publicadas en un lapso de pocos días por el Centro de Investigaciones Sociológicas, El País y La Vanguardia coinciden en un diagnóstico que, de ser cierto, revelaría un importante problema de confianza institucional. Según el CIS, el 76,9 por ciento de los españoles cree que los jueces no son siempre imparciales en los procesos que afectan a los partidos políticos. Según El País, más del 65 por ciento considera que existe lawfare o guerra judicial contra el Gobierno. Según La Vanguardia, el 58 por ciento opina que los magistrados están haciendo política. Las tres encuestas comparten, además, una peculiaridad: se publican en un momento en que las investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno —su esposa, su hermano, su exministro Ábalos, su exsecretario de Organización y el expresidente Zapatero— atraviesan distintas fases de especial relevancia pública.
La coincidencia temporal resulta llamativa y ha suscitado interpretaciones diversas. La encuesta de El País está encargada al Instituto 40dB, fundado por Belén Barreiro, presidenta del CIS durante la segunda legislatura de Zapatero y actual columnista del mismo periódico. La de La Vanguardia se publica en una franja temporal similar y con conclusiones parcialmente coincidentes. La del CIS, organismo público dependiente del Gobierno, ofrece incluso porcentajes superiores en la percepción de desconfianza hacia la justicia. Todo ello puede contribuir a reforzar un determinado marco interpretativo sobre el debate público en torno a la actuación de los tribunales.
II. La encuesta como instrumento de deslegitimación institucional
La encuesta de opinión es un instrumento legítimo para medir el pulso social cuando se formula con neutralidad y se publica con transparencia metodológica. Sin embargo, cuando el diseño de las preguntas, la selección de los temas o el momento de su difusión condicionan significativamente la interpretación de los resultados, el riesgo es que deje de percibirse únicamente como una herramienta de conocimiento para convertirse también en un elemento de influencia sobre la opinión pública.
Conviene recordar que el concepto de lawfare, cuyo conocimiento masivo constituye en sí mismo un fenómeno sociológico relevante, no es una categoría jurídica, sino un término surgido en el debate político para describir la supuesta utilización de los tribunales con fines de persecución política. Preguntar a los ciudadanos si creen que existe lawfare en España equivale, en buena medida, a recabar su percepción sobre el funcionamiento del sistema judicial en un contexto de intensa controversia política. En este sentido, las respuestas reflejan tanto las opiniones de los encuestados como el clima de debate existente.
III. La memoria selectiva de los porcentajes
Las encuestas publicadas no incluyen preguntas sobre el grado de confianza de los ciudadanos en el poder ejecutivo, en el legislativo o en los partidos políticos que sostienen al Gobierno. Tampoco abordan otras cuestiones que podrían ofrecer una visión más amplia del estado de la opinión pública. La selección de los temas objeto de estudio puede influir en la imagen global que finalmente proyectan los resultados.
Debe tenerse presente que la confianza en las instituciones no depende únicamente de las respuestas obtenidas, sino también del contexto en el que se formulan las preguntas. Un ciudadano expuesto durante días a un intenso debate político y mediático sobre la actuación de los jueces probablemente responderá condicionado, al menos en parte, por ese entorno informativo. El clima de opinión influye en las percepciones, y las encuestas terminan reflejando esa realidad, aunque ello no implique necesariamente un juicio definitivo sobre el funcionamiento de las instituciones.
IV. El CIS y su papel en el debate público
El CIS ha sido objeto de críticas y elogios a lo largo de distintos gobiernos, especialmente por la interpretación de sus estudios y por el debate sobre su grado de independencia. La encuesta ahora publicada, que señala que un 76,9 por ciento de los ciudadanos duda de la imparcialidad judicial, se realizó entre el 9 y el 12 de junio, coincidiendo con un período de elevada atención mediática sobre diversos procedimientos judiciales.
La función constitucional del CIS es proporcionar información rigurosa sobre la opinión pública. Precisamente por ello, resulta especialmente importante que sus estudios se perciban como técnicamente sólidos y políticamente neutrales, de modo que sus conclusiones contribuyan al conocimiento de la realidad social y no alimenten dudas sobre la imparcialidad de la institución. Del mismo modo, conviene diferenciar el legítimo derecho del Gobierno a expresar discrepancias con determinadas resoluciones judiciales del deber de preservar el respeto institucional entre los distintos poderes del Estado.
V. El perfil de la encuestadora y el posible conflicto de intereses
El Instituto 40dB, encargado de la encuesta de El País, fue fundado por Belén Barreiro, presidenta del CIS entre 2008 y 2010 durante el Gobierno de Zapatero, vocal asesora de su Gabinete y posteriormente directora del laboratorio de ideas de la Fundación Alternativas, vinculada al PSOE. Esa trayectoria profesional es plenamente legítima, aunque algunos observadores consideran que habría sido conveniente contextualizar dichas vinculaciones para facilitar al lector todos los elementos necesarios para valorar el estudio.
La independencia de los organismos que elaboran estudios de opinión constituye una garantía para la confianza en sus resultados. Incluso cuando la metodología sea rigurosa, la percepción de cercanía política puede suscitar interrogantes sobre la apariencia de imparcialidad, un aspecto que también resulta relevante cuando se trata de estudios destinados a influir en el debate público.
VI. Reflexiones finales sobre una estrategia de comunicación política
La publicación prácticamente simultánea de varias encuestas que abordan la imparcialidad judicial en un momento de intensa actualidad política puede interpretarse como una estrategia de comunicación orientada a situar ese debate en el centro de la conversación pública. Se trata de una práctica habitual en la confrontación política contemporánea, aunque su oportunidad y sus efectos sean objeto de valoraciones distintas.
El principal riesgo es que la reiteración de mensajes sobre la falta de imparcialidad de uno de los poderes del Estado termine debilitando la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Al mismo tiempo, un uso intensivo de las encuestas con fines de comunicación política puede generar escepticismo respecto de quienes las promueven o difunden. El ciudadano suele valorar no solo los resultados, sino también el contexto en el que estos aparecen.
Las encuestas cumplen una función valiosa cuando ayudan a conocer la realidad social. Sin embargo, cuando coinciden con momentos de elevada tensión política, es inevitable que parte de la opinión pública se pregunte hasta qué punto reflejan una realidad preexistente o contribuyen también a configurarla. En cualquier caso, corresponde finalmente a los tribunales desarrollar su labor con independencia y resolver los procedimientos conforme al ordenamiento jurídico y a las garantías del Estado de Derecho.