Presidenta de la Sección de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. La Cumbre Iberoamericana es el encuentro de los jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana: España, Portugal, Andorra y 19 países de América Latina. Nació en México, en 1991 creando un espacio de diálogo político y cooperación entre sociedades vinculadas por su historia, sus culturas y su lengua. Se celebra cada dos años y permite impulsar proyectos compartidos en educación, ciencia, cultura, desarrollo e inclusión social. La trigésima edición que tuvo lugar en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, tomó el relevo de la cumbre del 2024 celebrada en Cuenca, Ecuador. La próxima se celebrará en 2028 en Honduras.
Erika Torregrossa AcuñaLa importancia de la convocatoria residía en recuperar capacidad de acuerdo. Cuenca había terminado sin una declaración conjunta, evidenciando las dificultades para sostener un proyecto común entre gobiernos con profundas diferencias. Madrid consiguió reunir a representantes de los 22 países, aunque solo diez delegaciones estuvieron encabezadas por jefes de Estado o de Gobierno. Preservar ese espacio de interlocución permite abordar problemas que atraviesan fronteras y necesitan respuestas coordinadas.
El principal documento político aprobado fue la Declaración de Madrid, adoptada por los representantes de los Estados y publicada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), organismo de apoyo institucional a la comunidad. A ella se suma la Estrategia de Cooperación Iberoamericana 2027–2030, destinada a orientar las prioridades del trabajo compartido. Estos documentos ofrecen un marco para examinar qué se ha conseguido y qué falta para que los compromisos lleguen a las personas.
Porque el valor de una cumbre también debe responder a una pregunta ciudadana: ¿qué cambia después de los discursos y las fotografías? Estudiar en otro país, recibir cuidados, obtener protección ante una catástrofe o conocer cómo utiliza una administración nuestros datos son cuestiones presentes en los acuerdos de Madrid. Su lectura jurídica permite comprender su alcance y sus límites.
España desempeñó una función de articulación institucional. El Rey Felipe VI presidió la inauguración y el plenario, mientras el Gobierno impulsó una agenda sobre inteligencia artificial, protección civil, movilidad académica y cuidados. El interés de ese esfuerzo reside en construir instrumentos de cooperación capaces de perdurar más allá de las afinidades entre los gobiernos de turno.
La primera clave es distinguir el acuerdo político de la obligación jurídicamente exigible. Las denominaciones «declaración», «carta» o «alianza» no determinan por sí mismas los efectos de un instrumento internacional. Hay que examinar su contenido, la intención de los participantes y sus mecanismos de aplicación. Por su formulación, la Declaración de Madrid se sitúa principalmente en el ámbito del soft law: compromisos y orientaciones que pueden impulsar políticas, reformas y acuerdos posteriores. Varios instrumentos se configuran expresamente como voluntarios o graduales.
Una declaración puede fijar prioridades, favorecer la aproximación entre sistemas jurídicos y ofrecer referencias para la actuación pública. Sin embargo, su aprobación no convierte automáticamente todas sus previsiones en derechos reclamables ante un tribunal. Entre el compromiso internacional y su efectividad suelen mediar leyes, reglamentos, presupuestos y procedimientos administrativos. Es en ese recorrido donde se comprobará la voluntad de cumplimiento.
La segunda clave está en la construcción del consenso. Madrid permitió que algunas delegaciones dejaran constancia de su disociación respecto de determinados párrafos sin bloquear el conjunto. Los desacuerdos afectaron al apartado sobre coerción y, con distintos participantes, a inteligencia artificial, movilidad académica y cuidados. Conviene distinguir estas manifestaciones políticas de las reservas propias de los tratados internacionales. Su función aquí es delimitar el respaldo de cada Estado al texto aprobado.
Esta flexibilidad ofrece una salida a la parálisis, pero exige transparencia. La ciudadanía debe conocer qué compromisos respalda su país y en qué iniciativas participará. También plantea una cuestión institucional: cómo preservar un núcleo común suficientemente sólido cuando los grados de participación son diferentes. La cooperación necesita adaptarse a la diversidad política y ofrecer expectativas comprensibles sobre sus resultados.
La tercera clave son los derechos humanos como referencia para interpretar y desarrollar los acuerdos. La Declaración reafirma el derecho internacional, el Estado de derecho y las libertades fundamentales, junto con referencias a las legislaciones y prioridades nacionales. Resulta esencial diferenciar la adhesión voluntaria a una nueva iniciativa del cumplimiento de obligaciones internacionales previamente asumidas. La flexibilidad política de una cumbre debe examinarse junto con los compromisos jurídicos vigentes de sus participantes.
Las intervenciones sobre seguridad ilustraron esa necesidad. Algunas delegaciones destacaron la lucha contra el crimen organizado; otras subrayaron la soberanía o la confianza en las instituciones democráticas. Perseguir eficazmente la delincuencia requiere cooperación, competencias claras y controles. También exige examinar las garantías de las personas afectadas, la proporcionalidad de las medidas y las vías para revisar posibles abusos.
La cuarta clave aparece en la inteligencia artificial. La Alianza Iberoamericana propone cooperar en datos, modelos adaptados a las lenguas de la región y capacidades de computación. El reto jurídico consiste en concretar condiciones de uso y responsabilidades. Una persona perjudicada por una decisión automatizada necesita comprender sus motivos, conocer las posibilidades de revisión y disponer de una respuesta ante los errores.
La cooperación tecnológica debería incorporar protección de datos, prevención de la discriminación, supervisión humana y mecanismos de reclamación. También deberá aclarar las responsabilidades de administraciones y proveedores. Establecer garantías desde el diseño permite construir confianza y anticipar conflictos que, de otro modo, acabarán soportando los ciudadanos.
La quinta clave es traducir los compromisos sociales en procedimientos y servicios. La Carta de Movilidad Académica busca facilitar intercambios y trayectorias universitarias, sin establecer una homologación automática de títulos. La Carta de Cuidados y Apoyos es un instrumento orientador y voluntario. Para un estudiante importan los requisitos, los costes y los plazos. Para una persona dependiente, qué atención puede recibir y cómo reclamar ante una deficiencia. La seguridad jurídica se construye también mediante esas certezas cotidianas.
La sexta clave es la responsabilidad en la ejecución. La Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil abre un espacio para coordinar prevención y respuesta. Su eficacia requerirá protocolos sobre alertas, intercambio de información, solicitud de ayuda y movilización de recursos. Esa claridad debe extenderse a toda la agenda: responsables identificados, financiación, calendarios e información pública sobre los avances.
En este desarrollo, la cooperación público-privada puede aportar inversión, conocimiento y capacidad de ejecución. La diplomacia corporativa desempeña aquí una función de gobernanza: facilita una interlocución estable entre empresas, instituciones y sociedad civil, identifica intereses compartidos y ayuda a convertirlos en compromisos verificables. Su contribución requiere incorporar transparencia, diligencia debida en derechos humanos y rendición de cuentas a los proyectos desde su concepción.
Para que esas alianzas generen confianza, deben definir responsabilidades, prevenir conflictos de interés y permitir evaluar su impacto. La diplomacia corporativa puede conectar las decisiones empresariales con los objetivos de desarrollo y las necesidades sociales, favoreciendo proyectos sostenibles y respetuosos con los derechos. Ese es su potencial dentro del espacio iberoamericano: contribuir a que la cooperación disponga de continuidad, legitimidad y resultados.
Madrid ha recuperado una capacidad de acuerdo debilitada. Cuando Honduras acoja la próxima cumbre en 2028, el balance debería mostrar qué procedimientos se han mejorado, qué garantías se han desarrollado y qué servicios funcionan mejor. La credibilidad jurídica y política de Iberoamérica se construirá en esa conexión entre los compromisos de sus gobiernos y la protección efectiva de las personas.