- Esta entidad cuestiona que el designado reúna el requisito legal de «experto reconocido en mercados de valores» y ve en su salto inmediato de la CNMC a la CNMV un movimiento motivado por el fin de su mandato y la búsqueda de continuidad en otro regulador
La Fundación Hay Derecho, que hace unos días envió una carta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtiendo sobre la fusión planteada entre Indra y la empresa de su presidente, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), ha presentado demanda ante la Audiencia Nacional por el nombramiento de Mariano Bacigalupo, marido de la exministra Teresa Ribera, como vocal del consejo del mismo organismo presidido por Carlos San Basilio.
Esta entidad ha presentado la demanda formalizado ante la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Orden ETD/883/2022, de 13 de septiembre, que nombró a Bacigalupo como vocal del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La demanda se interpuso después de que el Tribunal Supremo reconociera la legitimación activa de la Fundación, revocando la decisión inicial de la Audiencia Nacional que la había denegado, por lo que la Audiencia Nacional está obligada a entrar en el fondo del asunto.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su sentencia 679/2025, reconoció la legitimación activa de la Fundación Hay Derecho para impugnar el nombramiento de Mariano Bacigalupo como consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se trata de una decisión judicial muy importante, ya que supone un avance relevante en la jurisprudencia sobre legitimación activa de organizaciones de la sociedad civil como Hay Derecho para impugnar el nombramiento de cargos públicos, especialmente si se refiere a instituciones tan relevantes como la CNMV.
«Consideramos fundamental el reconocimiento de la legitimación activa en el ámbito contencioso-administrativo a organizaciones como Hay Derecho, que no solo incluyen entre sus fines estatutarios la defensa del Estado de derecho sino que interponen recursos judiciales para garantizarla, en este caso defendiendo que deben respetarse los principios de mérito y capacidad establecidos legalmente para el acceso a ciertas entidades relevantes del sector público», ha declarado al conocer la sentencia Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho, que ha llevado la defensa letrada de la Fundación.
«Esta decisión es un paso crucial en la consolidación de la jurisprudencia sobre la capacidad de organizaciones de la sociedad civil en la defensa del buen funcionamiento de las instituciones. Una cosa es la legítima discrecionalidad política y otra aprovecharse de las instituciones. A ese abuso hay que ponerle fin», ha recalcado por su parte Safira Cantos, directora general de la Fundación
Bacigalupo fue nombrado vocal del consejo de la CNMV en septiembre de 2022, cuando le quedaba un año de mandato en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde ocupaba el puesto de consejero de la sala de supervisión del organismo presidido en la actualidad por Cani Fernández.
El marido de la exvicepresidenta tercera del Gobierno y actual vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europa, llevaba en la CNMC desde 2017, a propuesta del PSOE.
Según ha explicado la propia Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación, «una vez que el Tribunal Supremo nos reconoce la legitimación activa [...] ya se puede entrar en el fondo del asunto del recurso que pusimos ante la Audiencia Nacional». Ese fondo consiste, precisamente, en evaluar si el nombramiento cumplía los requisitos legales previstos.
Algunos integrantes de Hay Derecho: En la primera fila, de izquierda a derecha, Encarnación Roca, María Suárez, Natalia Velilla, Safira Cantos y Elisa de la Nuez. Detrás, en la misma dirección, Miguel Fernández de la Peña, Germán Teruel, Rodrigo Tena, Rafael Rivera, Ignacio Gomá, Segismundo Álvarez y Javier Gomá. (Foto HAY DERECHO)
Un salto sin acreditar la competencia exigida
La Ley del Mercado de Valores exige que los consejeros electivos de la CNMV sean personas de reconocida competencia en materias relacionadas con el mercado de valores. Sin embargo –señala la Fundación–, el currículo de Bacigalupo no acredita experiencia ni formación en este ámbito.
Tal y como ha explicado De la Nuez, «para ser consejero se necesita ser un experto reconocido en el ámbito del mercado de valores, y el señor Bacigalupo no solo no tiene en su currículum nada que avale eso, sino que viene de ser consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un organismo regulador diferente con funciones muy distintas».
Ese «salto» sin transición ni acreditación técnica supone, para Hay Derecho, un incumplimiento claro del requisito legal: «Es difícil cumplir los requisitos legales de las dos a la vez. Si cumples los de uno y te has dedicado a eso [...] no puede ser que, sin solución de continuidad, de un día para otro pase a un organismo que requiere unos requisitos legales diferentes y tiene funciones diferentes», ha recalcado De la Nuez.
La fundación considera que el nombramiento de Bacigalupo en la CNMV «ilustra un patrón recurrente en el sector público, tanto estatal como autonómico: la falta de mérito y capacidad en los nombramientos públicos. La diferencia radica en que, en este caso, sí existen requisitos legales concretos que no se han respetado».
Para la Fundación, este ejemplo ilustra un patrón recurrente en el sector público, tanto estatal como autonómico: la falta de mérito y capacidad en los nombramientos públicos. La diferencia radica en que, en este caso, sí existen requisitos legales concretos que no se han respetado.
La demanda expone, además, que el expediente administrativo del nombramiento está vacío de contenido sustantivo y no incluye ningún tipo de información, ni siquiera el currículum del candidato, lo que refuerza la ausencia de motivación y el carácter arbitrario del acto.
La Fundación, que logró la anulación por parte del Tribunal Supremo del nombramiento de Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado, recuerda que estas designaciones, cuando se realizan al margen de la ley, erosionan la independencia de los organismos reguladores y dañan la confianza en las instituciones.
Trasfondo institucional y próximos pasos
En palabras de Elisa de la Nuez, «el contexto es que el mandato del señor Bacigalupo en la CNMC estaba próximo a finalizar y, en lugar de terminar su mandato, se produjo un cese anticipado que permitió su nombramiento inmediato en otro organismo regulador por cuatro años más».
Añade, además, que «la vinculación personal del designado con una miembro del Gobierno –la entonces vicepresidenta Teresa Ribera–, y su pertenencia al mismo Consejo de Ministros que la titular del departamento que realiza la propuesta –la ministra de Economía, Nadia Calviño– forman parte del contexto en el que se produce este nombramiento».
«No se trata de personas, sino de instituciones: los organismos reguladores deben estar dirigidos por expertos independientes que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa, y no que sean nombrados por afinidades políticas o personales», ha querido recordar por su parte Safira Cantos, directora general de Hay Derecho.
La Audiencia Nacional deberá ahora analizar si el nombramiento cumple los requisitos legales exigidos. La Fundación solicita su anulación y la imposición de costas a la Administración. «Con estas acciones de litigación estratégica rigurosa, Hay Derecho reafirma su compromiso con la defensa del Estado de derecho, la integridad institucional y el respeto a los principios de mérito y capacidad en los nombramientos públicos», ha concluido Cantos.
