- Esta asociacion recuerda que los empleados públicos acumulan una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20% desde 2010, una situación que no se está revirtiendo con las recientes subidas salariales acordadas entre el Gobierno y las organizaciones sindicales
La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) valora favorablemente la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos a 35 horas semanales en la medida en que puede favorecer la conciliación y el bienestar de los funcionarios. Sin embargo advierte de la imposibilidad de mantener la misma calidad de los servicios públicos trabajando menos horas, en un contexto en el que muchas unidades ya operan bajo una elevada presión, con plantillas inadecuadas y recursos insuficientes.
Para su presidenta Ana Ercoreca “la carga de trabajo no se reduce en este nuevo escenario. Se baja de las 37,5 horas a 35 pero sin que se reduzca dicha carga de trabajo. Hay que sacar ese trabajo y no se puede prestar peor servicio al ciudadano. Nosotros alertamos que la jornada de trabajo baja, pero la carga laboral, no. Además los profesionales del sector público tenemos una perdida del poder adquisitivo cercana al 20% y una paga extra desde el 2012 que no se ha abonado”.
A este respecto nos explica que “mostramos la preocupación ante la posibilidad de que esta medida se presente como una mejora retributiva, al aumentar el salario por hora trabajada. La federación recuerda que los empleados públicos acumulan una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20% desde 2010, una situación que no se está revirtiendo con las recientes subidas salariales acordadas entre el Gobierno y las organizaciones sindicales.
En concreto, la subida del 2,5% aplicada en 2025 ha quedado por debajo de la inflación media anual, que se situó en el 2,7%, y en 2026 el dato interanual correspondiente al mes de marzo sitúa ya la inflación por encima del 3%. Además, el contexto económico actual apunta a un escenario más inflacionista, lo que puede agravar la brecha existente.
Sindicatos satisfechos
Desde las organizaciones sindicales como CSIF se indica que se ha logrado este acuerdo pendiente de aplicación desde 2022 y que logramos desbloquear con Función Pública en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado el pasado mes de noviembre.
Una vez firmado este acuerdo sobre las 35 horas --que no excluye a ningún ámbito de esta administración--, el Ministerio de Función Pública publicará una resolución sobre jornada y horarios en un plazo máximo de 15 días y su aplicación se negociará en cada ámbito que cuente con mesas de negociación específica, como es el caso de Instituciones Penitenciarias.
Entre las novedades del documento firmado hoy se encuentra la implantación de esta jornada en los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, lo que abre su aplicación a las empresas públicas.
De la misma manera, la implantación de las 35 horas se adaptará a las jornadas en régimen de especial dedicación (jornadas de 40 horas que se verán reducidas a las 37 horas y media) y en la jornada intensiva de verano. Asimismo, las jornadas y horarios especiales existentes en determinados ámbitos o centros de trabajo se adaptarán previa negociación en los ámbitos correspondientes, a fin de garantizar su compatibilidad con la jornada de las 35 horas y con la adecuada prestación de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía.
Desde las organizaciones sindicales se habla de CSIF acuerdo histórico, que será de aplicación en el ámbito laboral más amplio de este país, teniendo en cuenta que afectará a las 246.500 personas que actualmente dependen de la Administración General del Estado. CSIF recuerda que las administraciones públicas históricamente han sido punta de lanza para la aplicación de nuevos derechos laborales, como ocurrió en su día con el permiso de paternidad.
A priori, la jornada de 35 horas es una medida pionera, que favorece la conciliación y el bienestar, la productividad y la generación de empleo, teniendo en cuenta además la ola de jubilaciones previstas en AGE, donde más del 50 por ciento de la plantilla cuenta con más de 50 años y más del 20 por ciento se jubilará en los próximos 5 años.
Este acuerdo que se implementará a priori el próximo mes de abril afectará a las 246.500 personas que actualmente dependen de la Administración General del Estado. (Foto FEDECA)
La carga de trabajo es clave
Para Ercoreca resulta difícil mantener la calidad de los servicios públicos si se baja la jornada laboral sin tener un plan estratégico de planificación estratégica. “Nosotros nos hemos quejado recientemente por la sobrecarga de trabajo. En sectores como infraestructuras el personal se ha reducido a la mitad, en materia de exterior ahora se gestionan hasta tres millones de ciudadanos y se van a incrementar dos millones más por la próximas regularizaciones. En nuestro caso en la inspección de trabajo también lo vemos. Urge por tanto una planificación estratégica y una dotación de recursos tanto materiales como de recursos humanos”.
A juicio de la presidenta de FEDECA, “la prórroga presupuestaria desde el 2022 de los Presupuestos Generales del Estado es otro gran problema. No podemos olvidar que desde la administracion pública se ejecutan las policías públicas. Algunas dependen de ese presupuesto, sino lo hay, tenemos un grave problema. Por eso es importante esta planificación estratégica para que ese anuncio de las 35 horas en la administración publica sea un hecho. En ese nuevo escenario reiteramos la necesidad de bajar la carga de trabajo para que realmente merezca la pena asumir esas 35 horas semanales”.
Ana Ercoreca, presidenta también del Sindicato de Inspectores de trabajo y seguridad social recordó, el papel de este colectivo que esta a plena disposición de la situación. A su juicio, la inspección necesita un refuerzo en cuanto a profesionales y más medios. “Es importante que se nos abonen todas las guardias. A veces nos toca una semana de guardia y solo sen os abona las de fin de semana. En el caso que se apruebe el registro de jornada que indica el Gobierno será una obligación más con los pocos medios q disponemos”
A su juicio nosotros creemos que esa iniciativa debe ir acompañada de un plan de ayudas a las pequeñas empresas por los costes económicos de ese registro digital e interoperable que la vicepresidenta Díaz quiere implantar. Al mismo tiempo debe tenerse en cuenta cada actividad. No es lo mismo un registro en el campo que en una empresa tecnológica”.
El problema del registro de jornada
En su opinión, el problema del registro es evidente y ya lo ha dicho el Consejo de Estado. Es consciente que las empresas grandes ya lo tienen pero que para las pequeñas puede ser un nuevo coste económico, como antes decía. “Al mismo tiempo es importante que el software del registro no se pueda modificar. Las tarjetas digitales que se vuelquen al Excel no deberían poderse modificar porque eso supondría que los datos del registro pudieran cambiarse. Luego es importante definir bien que es el tiempo de trabajo. Ahora se pretende que sea desde el principio al final de la jornada laboral pero habrá que tener en cuenta las pausas que se hacen en esa jornada”.
Sobre esta materia, muy polémica como hemos explicado en un reportaje reciente en esta publicación, donde el enfrentamiento en el seno del Gobierno es evidente como el alejamiento de postura entre patronal y sindicatos UGT Y CCOO, Ercoreca recuerda la dura realidad que señala que “hay seis millones de horas extra a la semana de las cuales algo más de la mitad ni se cotizan ni se pagan. Eso no puede ser y hay que hacer algo para revertir la situación.
En este sentido, FEDECA subraya que, si se pretende mantener los mismos niveles de servicio con una menor jornada, ello implicará necesariamente un incremento de la productividad que debe ser reconocido y remunerado adecuadamente. “Exigir más eficiencia sin una compensación acorde supondría trasladar la presión sobre los empleados públicos sin abordar los problemas estructurales de la organización administrativa, señala la entidad.
Por todo ello, esta asociación profesional insiste en la necesidad de abrir un diálogo realista y constructivo sobre la estructura de la función pública, la planificación de efectivos y la dotación de los recursos necesarios para garantizar un servicio público de calidad. Al mismo tiempo esta asociación reitera su compromiso con la mejora de la función pública y su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones que compatibilicen el bienestar de los empleados públicos con la excelencia en el servicio a la ciudadanía.
