El Gobierno del PSOE se queda solo negando la realidad del abuso de temporalidad en las administraciones públicas
Jordi Cerdá, Portavoz de la Plataforma de Afectados por la Función Publica de Cataluña.
Desde hace más de dos décadas, la Directiva 1999/70/CE de la Unión Europea estableció un marco claro para prevenir y sancionar el abuso de la temporalidad en el empleo público. Sin embargo, en España, y especialmente bajo los gobiernos del PSOE, la transposición efectiva de esta directiva ha sido una carrera de fondo, plagada de obstáculos, ambigüedades legislativas y falta de voluntad política. Hoy, el Gobierno se encuentra cada vez más solo defendiendo una narrativa que niega la evidencia: la existencia de un abuso sistemático de la temporalidad en las administraciones públicas españolas.
La temporalidad estructural —esa que se cronifica más allá de los límites permitidos y que afecta a cientos de miles de trabajadores públicos— ya no es un problema oculto ni un debate técnico reservado a especialistas en derecho administrativo. Es un conflicto social, jurídico y político de primera magnitud. Y en él, plataformas ciudadanas, sindicatos disidentes y colectivos de afectados han ejercido un papel protagonista que ha obligado a España a enfrentarse a su propio espejo.
La negación de una realidad evidente
El Gobierno del PSOE ha insistido, de manera reiterada, en que las reformas legislativas impulsadas en 2021 y 2022 (especialmente la Ley 20/2021) han sido suficientes para combatir el abuso. Sin embargo, los hechos contradicen la narrativa oficial: sentencias europeas, tribunales nacionales, informes especializados y la propia experiencia de los trabajadores en abuso de temporalidad dejan claro que las medidas adoptadas han sido insuficientes, tardías y, en muchos casos, incoherentes con el espíritu de la directiva.
Mientras Bruselas recuerda que el objetivo es sancionar el abuso y prevenir que vuelva a producirse, el Gobierno continúa defendiendo procesos de estabilización que, en la práctica, no reparan a los afectados y que permiten que los responsables del abuso —las administraciones— queden indemnes. Esta postura ha aislado políticamente al PSOE frente a la creciente presión social y jurídica.
Una lucha de fondo: la carrera de obstáculos hacia la transposición real
Para quienes llevamos años implicados en esta causa, hablar de la trasposición de la Directiva 1999/70/CE no es solo invocar un tecnicismo europeo: es narrar una maratón llena de vallas. Cada paso ha implicado análisis jurídico, movilización, reuniones parlamentarias, campañas de presión y una constante adaptación al lenguaje y a las lógicas políticas.
La lucha no ha sido lineal. Ha sido una carrera de larga distancia en la que, lejos de encontrar colaboración institucional, los afectados han debido superar una sucesión interminable de obstáculos: falta de reconocimiento del abuso, procesos selectivos masivos que no garantizan el mantenimiento del empleo, reticencias de los ministerios, informes contradictorios y discursos políticos que minimizan el problema.
Pero esta carrera no es improvisada. Desde organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Función Pública de Catalunya, se diseñó desde el inicio una estrategia alineada con el propio lenguaje político: jurídico, técnico, institucional y siempre fundamentado en la normativa europea. La Plataforma comprendió que para dialogar con el poder había que utilizar el mismo código, desmontando la retórica oficial con datos, directivas, sentencias y argumentos estructurados.
El valor de hablar el mismo idioma político
Uno de los elementos clave de esta lucha ha sido la capacidad de estas plataformas para rebatir al Gobierno en su propio terreno. No se trataba únicamente de protestar, sino de demostrar, con rigor jurídico y documentación europea, que la posición del Ejecutivo era insostenible.
La Plataforma de afectados por la función pública de Catalunya supo traducir el malestar social en un discurso político legitimado por el derecho europeo. Y esa estrategia, que algunos creyeron demasiado técnica, ha sido decisiva para mantener la cuestión en la agenda mediática, jurídica y parlamentaria.
Cada intervención, cada alegación, cada reunión institucional ha ido configurando un cuerpo argumental sólido que ha obligado al Gobierno a enfrentarse a sus inconsistencias. Porque cuando el discurso político se basa en negar lo evidente, basta con hablar su mismo idioma para dejar al descubierto las contradicciones.
Europa: el árbitro que sigue señalando el camino
La posición del Gobierno español se vuelve aún más difícil de sostener ante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que reiteradamente ha advertido que:
- la temporalidad prolongada constituye abuso,
- deben existir sanciones reales, efectivas y disuasorias,
- y los trabajadores afectados no pueden quedar desamparados por el simple paso de procesos selectivos posteriores.
A pesar de ello, España continúa defendiendo la idea de que convocar oposiciones masivas es suficiente para corregir décadas de irregularidades. Una visión que el TJUE ha considerado insuficiente en múltiples ocasiones.
La soledad del Gobierno se hace evidente: cada vez más jueces nacionales elevan cuestiones prejudiciales a Europa, cada vez más trabajadores recurren, y cada vez más plataformas hacen visible la discrepancia entre la teoría gubernamental y la realidad jurídica europea.
Un conflicto que trasciende al PSOE
Aunque el PSOE lidere actualmente la posición institucional, la problemática es estructural y tiene raíces en décadas de gestión deficiente por parte de administraciones de todos los colores políticos. Pero hoy, la responsabilidad recae en quien gobierna, y es evidente que el Ejecutivo ha optado por mantener el statu quo antes que afrontar una reforma de calado que repare a los afectados y sancione a las administraciones responsables.
El aislamiento del Gobierno no proviene únicamente de la oposición parlamentaria, sino de una red social organizada, informada y persistente, que ha conseguido situar el debate en el centro de la política pública.
Conclusión: el fin de la negación
El Gobierno del PSOE puede seguir insistiendo en que no existe un abuso generalizado de temporalidad, pero la realidad, la normativa europea y la movilización social cuentan otra historia. Una historia de trabajadores públicos que encadenan contratos durante diez, quince o veinte años. Una historia de plataformas que han convertido una lucha técnica en un movimiento político. Una historia en la que el Estado, lejos de liderar la corrección del abuso, se ha convertido en su principal responsable.
Y aunque la carrera sea larga y los obstáculos numerosos, lo cierto es que esta lucha —al hablar el mismo lenguaje político que el Gobierno y al sostenerse en las bases jurídicas europeas— ha demostrado ser más resistente de lo que la Administración esperaba. El tiempo juega del lado de quienes defienden la legalidad europea, no del lado de quienes la esquivan.
La soledad del Gobierno, cada vez más evidente, no es el final del camino, sino la confirmación de que la verdad jurídica y social termina imponiéndose. Y en esa verdad, el abuso de temporalidad en España ya no puede seguir ocultándose.