Noelia Liduina Rebón Rodríguez
por Noelia Liduina Rebón Rodríguez, Abogada 28502 ICAB
El Juzgado de lo Social nº 3 de Terrassa ha declarado nulo el despido objetivo de un trabajador cuya empresa conocía que iba a ser padre de forma inminente. La sentencia, de 18 de noviembre de 2026, ordena la readmisión, el abono de los salarios de tramitación y el pago de una indemnización de 7.501 euros por daños morales.
La resolución presenta especial interés porque sitúa correctamente el debate jurídico: no se trata de afirmar que toda extinción anterior al nacimiento de un hijo determina, por sí sola, la nulidad del despido. La cuestión decisiva es otra. Cuando concurren datos que permiten apreciar que la decisión empresarial puede estar vinculada al embarazo de la pareja del trabajador y al eventual ejercicio de derechos de conciliación, corresponde a la empresa acreditar que su actuación obedeció a causas reales, serias y completamente ajenas a esa circunstancia.
La futura paternidad como factor constitucionalmente protegido
La sentencia parte de un dato esencial: la empresa conocía, antes de adoptar la decisión extintiva, que la pareja del trabajador estaba embarazada y que la paternidad era inminente. El nacimiento de la hija se produjo veinte días después del despido.
A partir de esa proximidad temporal y del conocimiento empresarial, el juzgado aprecia un panorama indiciario suficiente de vulneración del derecho a la no discriminación por razón de sexo. La decisión se encuadra en la discriminación refleja o por asociación: el trato desfavorable dispensado al trabajador se vincula al embarazo de su pareja y a la posición en la que queda situado ante el inminente ejercicio de derechos de conciliación.
La conclusión es relevante porque supera una visión restrictiva de la protección antidiscriminatoria. La igualdad por razón de género no opera únicamente cuando la persona afectada es una mujer embarazada o se encuentra ya disfrutando de un permiso por nacimiento. También puede proyectarse sobre el trabajador que, por su paternidad inminente, se halla en una posición de probable ejercicio de derechos de conciliación.
No estamos ante una nulidad objetiva automática. La sentencia no prescinde de la prueba ni convierte el mero anuncio de la paternidad en una garantía absoluta de estabilidad. Lo que exige es que, una vez acreditados indicios razonables, la empresa aporte una justificación objetiva, razonable, suficiente y proporcionada de la medida adoptada.
El desplazamiento de la carga de la prueba
Este elemento constituye uno de los ejes de la resolución. El trabajador no tiene que demostrar de forma plena que la empresa actuó con una finalidad discriminatoria. Debe aportar hechos que permitan inferir razonablemente la posibilidad de lesión del derecho fundamental.
Una vez superado ese umbral, la carga probatoria se desplaza a la empresa. Es esta quien debe demostrar que la decisión extintiva responde a causas reales y acreditadas, desvinculadas por completo del factor protegido.
La exigencia no se satisface con una explicación genérica ni con la invocación abstracta de facultades organizativas. La empresa debe justificar, en el caso concreto, por qué era necesaria la medida, por qué se aplicó en ese momento y por qué recayó precisamente sobre la persona trabajadora afectada.
En el supuesto analizado, la empresa había extinguido también los contratos de otros trabajadores. Sin embargo, el juzgado considera que esa circunstancia no basta para desvirtuar los indicios. La existencia de otras extinciones no sustituye la obligación de explicar los criterios concretos de selección ni acredita, por sí misma, que la elección del trabajador despedido fuera ajena a su futura paternidad.
La insuficiencia de las causas económicas y organizativas
La empresa fundamentó el despido en causas económicas y organizativas. La sentencia rechaza ambas.
En relación con la causa económica, el juzgado constata que la cifra de negocios había aumentado, que la empresa mantenía beneficios, que no arrastraba pérdidas acumuladas y que disponía de una situación patrimonial sólida. La reducción del beneficio no equivale, sin más, a una situación económica negativa en los términos exigidos por la normativa laboral.
Este razonamiento resulta particularmente significativo. La causa económica no puede identificarse con una menor expectativa de rentabilidad ni con la mera voluntad empresarial de mejorar resultados. La reducción de beneficios puede constituir un dato relevante, pero no exonera de acreditar una situación económica negativa ni permite prescindir de la conexión entre la medida extintiva y la necesidad empresarial alegada.
La causa organizativa tampoco quedó acreditada. La empresa se refirió a una reorganización, a la centralización de tareas y a la creación de un equipo nacional único. No obstante, la sentencia destaca la ausencia de prueba sobre la efectiva implantación de tales medidas y, especialmente, sobre la necesidad de amortizar precisamente el puesto del trabajador despedido.
La selección constituye aquí un aspecto determinante. Cuando una empresa afirma que puede prescindir de uno de varios profesionales que prestan funciones análogas, debe explicar por qué la decisión recae sobre una persona concreta. La falta de criterios objetivos de selección adquiere una especial relevancia cuando concurre un factor con potencial discriminatorio.
La nulidad y la reparación del daño moral
La declaración de nulidad restablece la relación laboral en sus propios términos. La empresa debe readmitir al trabajador de forma inmediata y abonar los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido hasta la readmisión efectiva.
La sentencia añade una indemnización de 7.501 euros por daños morales. Este pronunciamiento no constituye un complemento accesorio ni una mera consecuencia simbólica de la nulidad. La reparación responde a la vulneración de un derecho fundamental y cumple una doble función: resarcir el perjuicio sufrido y contribuir a prevenir conductas empresariales lesivas.
El juzgado acude, como criterio orientador, a las sanciones previstas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para las conductas discriminatorias por razón de sexo. La cuantía se fija dentro del tramo mínimo, atendiendo a la afectación inherente a la vulneración apreciada y a la finalidad reparadora y preventiva que corresponde a esta indemnización.
Una advertencia para la práctica empresarial
La sentencia recuerda que los procedimientos de despido no pueden construirse sobre fórmulas genéricas ni sobre justificaciones económicas o organizativas no verificadas. Esta exigencia se intensifica cuando la empresa conoce circunstancias personales vinculadas a la maternidad, la paternidad o la conciliación.
La protección de la igualdad no exige que el trabajador haya iniciado formalmente un permiso ni que haya ejercitado ya un derecho de conciliación. Resulta suficiente que concurran hechos objetivos que permitan apreciar una conexión razonable entre la decisión empresarial y un factor constitucionalmente protegido. Desde ese momento, la empresa asume la carga de demostrar que su actuación obedeció a motivos completamente ajenos a ese factor.
La resolución no es firme y puede ser recurrida en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.