- Expertos en Servicios Sociales y sindicatos valoran la medida y esperan que se reduzca la demora en concesión de las ayudas y se profesionalice los empleos de este sector
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes por mayoría el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad. Una reforma integral que supone refundar el modelo de cuidados en España, ofreciendo más derechos, servicios y prestaciones a las personas en situación de dependencia y a las personas con discapacidad, y menos burocracia. Hay ahora más de 265.000 dependientes en lista de espera.
Además, blinda la financiación del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) incorporando en la ley la obligación de que la AGE (Administración General del Estado) asuma el 50% de la inversión.
Por otra parte, el Congreso ha convalidado también este martes el real decreto-ley aprobado por el Gobierno para ampliar la financiación estatal de la dependencia, que supone el mayor incremento de la historia para el sistema, y que las CCAA vayan a recibir 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027.
“Es la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”, ha dicho Pablo Bustinduy, el ministro que ha impulsado este cambio normativo y esta nueva financiación, en una de las intervenciones que ha hecho este martes desde la tribuna del Congreso. Bustinduy ha asegurado que lo aprobado este martes en la Cámara Baja supone “una revolución y una transformación profunda” del sistema público de cuidados, y que responde “a las necesidades tanto de las personas que reciben cuidados como de quienes cuidan”.
El ministro ha explicado que la reforma de estas dos leyes avanza en el nuevo modelo de atención que marcó la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización desarrollada por Derechos Sociales. Esto es, cuidados basados en los derechos de las personas y en su voluntad de vivir en sus hogares y entornos próximos, con el objetivo de dejar atrás el modelo de las macrorresidencias y el enfoque asistencialista, para priorizar e impulsar apoyos personalizados. Así mismo, ha recalcado, convierte en ley lo establecido por el nuevo Artículo 49 de la Constitución Española, reformado en 2024, para ampliar los derechos y la autonomía de las personas con discapacidad y sus familiares.
Blindaje de la financiación de la dependencia
Bustinduy ha puesto en valor que esta reforma se aprueba al mismo tiempo que el Gobierno amplía la financiación del sistema de la dependencia, gracias al real decreto-ley convalidado este martes. Una nueva financiación que es estructural, ha indicado, porque modifica por ley las cuantías del nivel mínimo que la AGE abona a las CCAA cada mes, duplicándolas, y porque permite culminar el compromiso político que el Gobierno de coalición se fijó para esta legislatura de que la inversión estatal en dependencia alcanzar el 50% del total.
Una meta que, sumando esta ampliación en el nivel mínimo junto al reparto del nivel acordado, que se ha incrementado igualmente, se alcanzará entre 2026 y 2027 con esos 6.200 millones de euros adicionales que recibirán las CCAA. En total, el Gobierno hará una aportación récord de 7.239,4 millones de euros a las CCAA en 2027, el doble que la que hubo en 2025, y permitirá a los gobiernos autonómicos contar con más recursos para continuar reduciendo listas de espera, contratar más profesionales y ofrecer más y mejores servicios.
En lo relativo a la ley de dependencia (Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia) la reforma incorpora a la norma modificaciones que permiten una ampliación del catálogo de servicios y de prestaciones para las personas en situación de dependencia, así como priorizar la voluntad y circunstancias de cada persona, y agilizar los procesos administrativos para el reconocimiento de su situación.
“Esta reforma supone que el sistema de cuidados se ajuste a la realidad social de las personas en situación de dependencia, y no al revés”, ha señalado el ministro Bustinduy, añadiendo que “se deja de tratar a las personas como meros números y las dota de derechos, dignidad y autonomía”. Además, ha reivindicado que esta reforma responde al desafío demográfico que enfrenta España en los próximos años, con una sociedad cada vez más envejecida. “Que la vida se alargue y las personas mayores tengan posibilidades cada vez mayores de bienestar y calidad de vida, es un logro democrático”, ha afirmado.
Una reforma que llega tarde
Para José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, después de veinte años comprometidos con el Sistema de Atención a la Dependencia, el Observatorio Estatal se congratula de que el Estado ponga a las personas en situación de dependencia y con discapacidad como prioridad Institucional: legislando nuevos derechos, simplificando procedimientos y aportando financiación.
La nueva Ley asume el compromiso tan demandado de que el Estado cubra el 50% de los gastos del Sistema, simplifica procedimientos y elimina tiempos de espera burocráticos con la pasarela de discapacidad a dependencia, amplia nuevos perfiles de cuidadoras, posibilita la compatibilidad de servicios y da carácter legal que la teleasistencia tenga carácter universal para todas las personas en situación de dependencia que vivan en su casa.
La prioridad deben ser las 255.450 personas que se encuentran en las listas de espera, incrementar las prestaciones, aumentar las intensidades de los servicios y compatibilizarlos. Y mejorar los salarios y condiciones laborales del personal del sistema de la dependencia, especialmente de las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio y de las residencias.
El reto, que las Comunidades Autónomas sean capaces de establecer procedimientos más ágiles, para que no ocurra como con el incremento de financiación estatal que supuso el plan de choque en 2022, que nueve Comunidades disminuyeron el presupuesto propio para la dependencia.
El logro. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, después de más de una década reivindicando que las ayudas de emergencia o urgencia social no tuvieran el carácter de subvenciones y se tramitaran como prescripción social facultativa, no puede sino expresar su satisfacción por el hecho de que, por fin, se modifique la ley 30/2003 General de Subvenciones añadiendo la letra j a las excepciones que establece su Art. 2.4.
En su opinión con esta financiación se evitará, con ello, el laberinto burocrático del procedimiento como subvenciones, para ayudas de una media anual de 272 euros por ayuda. “Un laberinto estigmatizante y excluyente que viene afectando a más de un millón de personas usuarias de servicios sociales. Además, la consideración de los servicios sociales como servicios esenciales.
Este experto espera , “ que la Ley, con dotación presupuestaria efectiva y con una gestión ágil por parte de las Comunidades, alcance su pleno cumplimiento, como nuestra Asociación viene reivindicando desde sus inicios. Porque está en juego la dignidad y la calidad de vida de 2 millones de personas y de sus familiares, 400.000 empleos directos y 200.000 empleos potenciales de nueva creación. Por cohesión territorial y lealtad institucional es un hito que se haya aprobado”.
La opinión de los sindicatos
Por su parte bien los dos sindicatos UGT y CCOO valoraban positivamente los más de 2.200 millones de euros inyectados por el Real Decreto-ley 17/2026, y que supone una financiación extraordinaria sin precedentes en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que por primera vez sitúa al Estado central en el cumplimiento del compromiso de aportar el 50% del total de financiación, advertimos que el éxito de la inversión se medirá en la reducción de listas de espera y la dignificación laboral del sector.
Esta decisión política, que responde a una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales para reforzar el Estado del Bienestar, debe consolidarse para que deje de depender de medidas excepcionales y se convierta en un compromiso presupuestario estable y previsible y se garantice que se destine a la plena cobertura de las personas en situación de dependencia preferentemente mediante servicios profesionales de calidad prestados por profesionales con empleos igualmente de calidad.
Tanto UGT como CCOO consideran que este texto normativo que acaba de aprobarse por el pleno del Congreso de los Diputados, debe reforzar y apostar por la profesionalización de los cuidados, tal y como establece la propia LAPAD de 2006, en su principio rector contenido en el artículo 18, donde ya establecía que la atención profesional a través de servicios públicos es la vía prioritaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y la prestación económica para cuidados familiares debe de tener un carácter excepcional, reservada para los casos en que no es posible el acceso a un servicio profesional.
“Esa excepcionalidad de las prestaciones económicas no es tan solo un mero matiz técnico, sino una garantía normativa para que el cuidado en el entorno familiar, que abrumadoramente está siendo desempeñado por mujeres, no sustituya el necesario despliegue de la red pública de servicios profesionales, que después de veinte años debería estar implantado y afianzado en todo el territorio de nuestro país, de forma que ofrezca una respuesta adecuada y suficiente a todas las personas en situación de dependencia y a sus familias; y de una forma inmediata”, comentan
Desde ambos sindicatos entienden y comparten la necesidad de dar respuesta a las distintas realidades familiares, pero no se debe normalizar el cuidado no profesional como opción equivalente al servicio profesional, en lugar de mantenerlo como recurso subsidiario y excepcional, ya que es justo lo contrario a lo que realmente debería ser este sistema de protección social y lo que necesita: más empleo profesional, más cualificado y mejor remunerado.
Además, perpetua la feminización y la invisibilización del trabajo de cuidados, manteniendo fuera del mercado laboral formal a miles de mujeres cuidadoras sin carrera de cotización plena ni derechos que conlleva, de cara a reconocimiento de derechos como el acceso a su futura jubilación.
Para UGT Y CCOO se considera que debe reforzar la creación de empleo profesional de calidad, y este es el momento idóneo, justo cuando la propia reforma incorpora la apuesta por la calidad en el empleo de los cuidados; debiendo reforzarse las medidas orientadas a la garantía de calidad en la atención tanto de los nuevos servicios creados en la reforma como de los tradicionales del catálogo original,.
A juicio de estas organizaciones sindicales debería vincularse cualquier ampliación de la financiación estatal a la creación de empleo profesional verificable, en línea con la exigencia de que el 50% de aportación estatal fijado en el Real Decreto-ley 17/2026 y se traduzca en refuerzo de plantillas y reducción de listas de espera, y no en gasto sustitutivo de servicios.
