Madrid, 17 oct (EFECOM).- El Ministerio de Trabajo quiere reforzar la protección de los trabajadores que denuncien casos de corrupción, de forma que las acciones de represalia que la empresa pudiera llevar a cabo, como despidos, sean nulas por ley.
El departamento que dirige Yolanda Díaz ha publicado una consulta pública previa a la elaboración de un anteproyecto de ley que pretende modificar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley reguladora de la jurisdicción social en lo relativo a la protección frente al despido de trabajadores denunciantes de corrupción.
El texto busca garantizar que "es nula" cualquier decisión adoptada por la empresa que tenga por objeto represaliar al trabajador que hubiera revelado o presentado información conforme a lo previsto por el artículo 35 de la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
En concreto, explica que "esta nulidad constituye una protección jurídica especifica y evita cualquier interpretación", dado que "la eficacia del sistema de protección quedaría enormemente debilitada si su acción se circunscribe a garantizar la percepción de la indemnización tasada por despido improcedente".
"Por ello, resulta preciso para garantizar su protección que una norma de rango legal determine que las órdenes, extinciones o despidos acordados con objeto de represaliar a las personas trabajadoras denunciantes son nulas", añade el texto.