Jesús Lizcano Álvarez Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. Académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Cofundador y Expresidente de Transparencia Internacional España. Director de la revista Encuentros Multidisciplinares La corrupción sigue siendo uno de los principales retos de España de cara a garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones. Aunque se han aprobado normas importantes como la Ley de Transparencia y la Ley de Protección al Denunciante, la efectividad de estas medidas sigue siendo limitada debido a problemas de aplicación, insuficiente control institucional y una cultura administrativa que tolera prácticas opacas. A continuación, se recogen una serie de propuestas o medidas clave, las cuales hacen referencia a la situación actual, las reformas necesarias y la experiencia de países destacados en cada materia.
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1.-Transparencia avanzada de la información pública:
La Ley de Transparencia española exige la publicación de información, pero en muchos casos en formatos poco accesibles y con numerosas excepciones. Esto limita el control ciudadano efectivo, por lo cual sería necesario obligar en todo caso a publicar datos en formatos abiertos y reutilizables, incluyendo agendas, algoritmos, contratos y decisiones administrativas motivadas, así como reducir significativamente las excepciones al acceso a la información. A tal efecto, Dinamarca, Nueva Zelanda y Suecia tienen un modelo histórico de transparencia, con publicación automática de documentos y sistemas de datos abiertos que permiten una auditoría ciudadana efectiva.
2- Reforma de la financiación de partidos políticos:
España tiene normativa sobre financiación política, pero su aplicación es incompleta. Los informes financieros llegan con retraso y en ocasiones carecen de detalle suficiente, lo que permite prácticas opacas y canales indirectos de financiación. A tal efecto se debería garantizar la publicación inmediata y completa de todas las donaciones y gastos de los partidos, junto con auditorías independientes. En el contexto internacional, podemos hacer referencia a Alemania, Estonia, Suecia y Reino Unido, en donde se publican en tiempo real las donaciones a partidos y disponen de auditorías independientes, lo cual asegura mayor transparencia y reduce riesgos de corrupción política.
3.- Independencia y eficacia judicial:
La percepción de politización del Consejo General del Poder Judicial afecta a la confianza ciudadana. Además, los procesos judiciales en casos de corrupción suelen ser largos y complejos, disminuyendo el efecto disuasorio de la sanción. Es por ello que se requeriría reformar el sistema de elección de los miembros del Consejo para reducir la influencia política, dotar de recursos técnicos y humanos a los juzgados especializados en delitos económicos y establecer tribunales de corrupción con competencia exclusiva. A nivel internacional, Dinamarca, Alemania y Noruega destacan por jueces independientes y fiscalías especializadas en delitos económicos, con tiempos de resolución bastante más cortos y alto nivel de sanción efectiva.
4.- Contratación pública transparente y digital:
La contratación pública en España todavía presenta riesgos de corrupción, especialmente en contratos menores, siendo limitada la trazabilidad de los procesos y los sistemas digitales ya vigentes no permiten sin embargo una auditoría completa en tiempo real. Por ello sería necesario implementar un sistema de alertas automáticas de riesgo y trazabilidad completa de cada adjudicación, debiéndose limitar el uso de contratos menores que evaden controles. En este ámbito, Estonia, Chile y Corea del Sur destacan por sistemas de contratación digitalizados que permiten auditoría automática, reduciendo significativamente la corrupción administrativa.
5.- Implantación efectiva de una agencia independiente anticorrupción:
España cuenta con varias instituciones (Fiscalía Anticorrupción, Tribunal de Cuentas), pero la fragmentación reduce su eficacia, no existiendo por el momento un organismo centralizado con capacidad de investigar, sancionar y coordinar la lucha anticorrupción. Existe en todo caso un anteproyecto de Ley de integridad pública que debería tramitarse y aprobarse de forma urgente. Si miramos en el exterior, Singapur, Países Bajos y Hong Kong cuentan con agencias anticorrupción centralizadas que combinan investigación, sanción y prevención, logrando altos niveles de integridad pública.
6.- Mejora del sistema disciplinario en la administración pública:
Aunque España posee una normativa disciplinaria amplia, su aplicación es lenta y poco visible, lo cual genera sensación de impunidad dentro de la administración y reduce la efectividad de los controles internos. A tal efecto sería conveniente definir protocolos más claros, plazos máximos para la resolución de expedientes y publicidad de sanciones, así como aumentar los recursos de inspección y control interno en todas las administraciones. Cabe aquí destacar que Finlandia, Canadá y Países Bajos aplican sistemas disciplinarios ágiles, con sanciones rápidas y públicas, fomentando así un cumplimiento efectivo de la normativa.
7.- Protección efectiva de denunciantes:
Aunque existe una normativa legal que protege a denunciantes, sin embargo la confianza en ella es por el momento baja. El miedo a represalias laborales o sociales sigue siendo un obstáculo para la detección temprana de irregularidades, por lo que sería necesario establecer canales más independientes y seguros de denuncia, con una protección laboral, económica y psicológica más eficaz, y se podrían incluir, además, incentivos económicos por denuncias que conduzcan a sanciones efectivas. En esta materia Estados Unidos tiene un sistema de recompensas económicas y protección efectiva, Francia ofrece una protección reforzada y el anonimato garantizado, y Noruega tiene una Ley avanzada en este terreno que es un referente mundial.
8.- Profesionalización y despolitización de la administración pública:
España todavía mantiene una elevada rotación política en altos puestos técnicos, lo que genera clientelismo y reduce la integridad institucional, por lo que habría que reducir los cargos de libre designación, reforzar la carrera profesional basada en mérito, e implementar evaluaciones objetivas. Cabe mencionar que Reino Unido y Canadá cuentan con servicios civiles independientes, meritocráticos y con estabilidad laboral, lo que asegura continuidad y profesionalidad en la gestión pública.
9.- Educación cívica y cultura de integridad.
La sociedad española muestra tolerancia relativa frente a ciertos comportamientos corruptos (favoritismos, enchufismo), y la formación ética en administración pública es limitada. Creemos urgente en este sentido incorporar educación cívica y ética pública en todos los niveles educativos, así como formación obligatoria en integridad y transparencia para funcionarios y cargos públicos. En este terreno, Dinamarca, Finlandia y Singapur han conseguido altos niveles de integridad social gracias a programas educativos desde edades tempranas y formación continua de funcionarios, generando sociedades altamente intolerantes a la corrupción.
Conclusiones
Comparando la situación española con la de los países líderes en integridad pública, se observan patrones claros como los siguientes:
A) España tiene leyes razonablemente adecuadas y a un nivel medio respecto a los estándares internacionales, pero su aplicación efectiva es insuficiente.
B) La corrupción en España no siempre es masiva, pero sí estructural, con riesgos mayores en áreas como contratación pública, lobbies y financiación política.
C) Los países más avanzados en este terreno (Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur o Estonia) destacan por la coherencia entre legislación, aplicación judicial, agencias independientes y cultura social.
D) La mejora en España requiere un enfoque amplio y sistemático: leyes claras y aplicadas, instituciones independientes y con recursos, digitalización y trazabilidad de procesos, protección más efectiva del denunciante y cambio cultural mediante educación y formación.
E) Las medidas que hemos descrito en este artículo se pueden considerar una propuesta integral: algunas actúan directamente sobre la corrupción (contratación pública, fiscalización, denuncias), mientras que otras trabajan sobre la prevención a largo plazo (educación, cultura de integridad, profesionalización de la administración).
En definitiva, España no necesita reinventar sus instituciones ni la mayor parte de sus leyes, sino completar el marco legal vigente, rellenar los vacíos legales existentes, asegurar la aplicación efectiva y promover una cultura de transparencia e integridad comparable con los países más avanzados. Solo así será posible reducir la corrupción de forma sostenida y restaurar la confianza ciudadana en el sistema político y administrativo.