Treinta propuestas de una asociación para paliar los efectos de la guerra de Irán

I. La crisis que ya se siente en el bolsillo

Las declaraciones del presidente del Gobierno sobre el estudio de "posibles medidas" para mitigar los impactos económicos de la guerra de Irán han generado, en la práctica, una sensación de desconcierto entre los consumidores. Mientras la Administración reflexiona, los precios de la electricidad y los carburantes ya registran subidas que condicionan el presupuesto familiar, y la previsión de los analistas apunta a una crisis de mayor alcance que la mera fluctuación coyuntural de los mercados energéticos.

La Asociación Española de Consumidores (en adelante, Aescon) ha respondido a esta situación con un catálogo de treinta medidas concretas, distribuidas por áreas temáticas, que pretenden incidir en los problemas estructurales que afectan a los hogares españoles con independencia del conflicto bélico, pero que la crisis actual agudiza y hace particularmente urgentes. La propuesta combina medidas de política económica, social, fiscal y administrativa, con un denominador común: la exigencia de actuaciones inmediatas frente a discursos ideológicos o electorales.

II. La racionalización de las Administraciones Públicas

Las dos primeras propuestas de Aescon apuntan a la contención del gasto público mediante la eliminación de estructuras superfluas. La supresión de observatorios, consejos y organismos auxiliares, junto con la eliminación de las dietas de asistencia y desplazamiento que los acompañan, constituye una demanda recurrente que adquiere nueva relevancia en contexto de crisis. La reducción del número de Ministerios, Consejerías y Delegaciones territoriales, propuesta en segundo lugar, sugiere una reorganización administrativa que muchos consideran pendiente desde la configuración actual del Estado de las Autonomías.

Estas medidas, lejos de ser meramente restrictivas, pretenden liberar recursos para su destino a políticas de mayor impacto social. La lógica que las sustenta es que la eficiencia administrativa no es un valor en sí mismo, sino un instrumento para mejorar la capacidad de respuesta del sector público ante las necesidades ciudadanas.

III. Agilidad en las políticas sociales

El bloque de políticas sociales concentra tres propuestas centradas en la reducción de los tiempos de respuesta de la Administración. La agilización de la valoración de la dependencia y de la acreditación del grado de discapacidad constituye una demanda especialmente sentida por colectivos que ven cómo los trámites administrativos se extienden durante años, frustrando el acceso a prestaciones y la incorporación al mercado laboral.

La tercera propuesta de este apartado resulta particularmente ambiciosa: un estudio de las subvenciones y ayudas actualmente otorgadas para analizar su utilidad social, eliminar las innecesarias y potenciar las imprescindibles. Esta revisión de gasto social, que implicaría una auditoría de políticas públicas consolidadas, choca con los intereses creados que suelen rodear a cualquier régimen de ayudas, pero resulta coherente con el objetivo de eficiencia que inspira el conjunto del documento.

IV. Empleo y nueva regulación del teletrabajo

El apartado dedicado al empleo combina una propuesta clásica —planes de empleo para parados de larga duración y mayores de 55 años— con una demanda de regulación definitiva del teletrabajo. Esta última, lejos de ser una mera cuestión laboral, se presenta como una medida multifuncional: reduce la contaminación por desplazamientos, facilita la conciliación familiar y disminuye los costes de transporte para los hogares.

La conexión entre teletrabajo y crisis energética resulta particularmente relevante. La reducción de la movilidad laboral disminuye la demanda de carburantes y aligera la presión sobre los precios, al tiempo que genera ahorro directo para las familias. La ausencia de un marco regulatorio estable para el teletrabajo, pese a su generalización durante la pandemia, constituye una laguna que Aescon propicia aprovechar para una reforma estructural.

V. Intervención directa en los mercados energéticos

El bloque económico concentra las propuestas más específicamente vinculadas a la crisis originada por la guerra de Irán. El análisis de los precios de los carburantes por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia constituye una demanda de transparencia que precede a cualquier intervención posterior. La revisión de los impuestos asociados a los carburantes, con la consiguiente rebaja del precio final, recupera una medida ya aplicada en crisis anteriores.

La propuesta de establecer un descuento de 20 céntimos por litro, tal como se implantó en la anterior crisis energética, resulta la más concreta y la que mayor impacto visual tendría para los consumidores. Su eficacia real, sin embargo, depende de la financiación disponible y de la capacidad de evitar que el descuento se absorba por la cadena de distribución sin llegar al precio final.

La última propuesta de este apartado apunta a una reforma estructural de los canales de comercialización: potenciar la relación directa entre productor y consumidor, eliminando intermediarios que "no aportan valor al producto y solo lo encarecen". Esta demanda, que resuena con tradiciones de economía popular, choca con la realidad de las cadenas logísticas modernas, pero encuentra eco en las experiencias de venta directa que han proliferado en los últimos años.

VI. Sanidad y prevención

Las propuestas en materia de salud combinan austeridad y eficacia. La dispensación por principio activo, en cantidades estrictamente necesarias, apunta a la reducción del gasto farmacéutico sin menoscabo de la calidad asistencial. La apuesta por la prevención como vía de abaratamiento de costes sanitarios constituye un principio generalmente aceptado cuya implementación práctica, sin embargo, encuentra obstáculos en la estructura de la atención primaria y en los incentivos del sistema.

VII. Economía circular y transición energética

El apartado de Medio Ambiente y Economía Circular articula tres propuestas interrelacionadas. El reciclaje doméstico como medio de ahorro en costes de producción, las subvenciones fijas a sistemas de ahorro y producción de energía, y las campañas de consumo responsable de energía constituyen un paquete coherente que busca reducir la dependencia energética mediante el cambio de hábitos y la inversión en eficiencia.

La crítica a las subvenciones actuales —"puntuales y con muchas trabas e inseguridades jurídicas"— refleja una experiencia extendida entre los consumidores que han intentado acceder a programas de ayuda a la rehabilitación energética o la instalación de paneles solares. La demanda de estabilidad y predictibilidad resulta esencial para que la inversión privada fluya hacia la transición energética.

VIII. Una reforma fiscal integral

El bloque de fiscalidad concentra propuestas de mayor calado estructural. La rebaja estable de impuestos sobre productos de primera necesidad, con revisión del arco impositivo del IVA, incluye explícitamente la carne y el pescado como elementos de una alimentación sana y equilibrada. Esta propuesta, que implicaría una modificación de las categorías vigentes de tipos impositivos, se justifica no solo por el abaratamiento de la cesta de la compra sino por su impacto en la salud pública.

La rebaja del IVA en productos de higiene, limpieza y alimentación infantil amplía el alcance de la propuesta anterior a categorías que, si bien no son estrictamente alimentarias, resultan esenciales para el bienestar de los hogares. La revisión de impuestos municipales y coeficientes correctores completa el apartado, apuntando a una reforma del sistema de financiación local que incide directamente en los presupuestos familiares.

IX. Comercio, turismo y justicia

Las propuestas relativas al comercio rechazan las "visiones simplistas y excluyentes" entre comercio de proximidad, grandes superficies y compra online, defendiendo la compatibilidad y necesidad de todos los canales. En turismo, la campaña de turismo responsable y la eliminación de tasas turísticas donde se hayan aplicado responden a la preocupación por el impacto de la crisis en uno de los sectores más dinámicos de la economía española.

El apartado de Justicia resulta particularmente contundente. El Plan de Choque para evitar el colapso del sistema, que genera "inseguridad jurídica y retraso en el reconocimiento de los derechos", se complementa con la exigencia de resoluciones vinculantes del Banco de España y la Dirección General de Seguros en materia de reclamaciones a entidades financieras. Esta última propuesta, si se implementara, descongestionaría significativamente la litigiosidad judicial en uno de los sectores de mayor conflicto.

X. Vivienda, infraestructuras y participación ciudadana

La medida número 25 exige "medidas reales para el abaratamiento de la vivienda, sobre todo en el mercado del alquiler", con mayor seguridad jurídica para las partes y sin "planteamientos ideológicos" que han conducido, según Aescon, al colapso del mercado. Esta formulación, que evita posicionamientos explícitos sobre la regulación de precios o la oferta pública, apunta a una flexibilización normativa que facilite la entrada de oferta al mercado.

Las propuestas de infraestructuras y transporte combinan la apuesta por el transporte público —con un Plan Estatal de Infraestructuras y renovación de flotas— con la potenciación de todos los aeropuertos del país mediante trayectos básicos. La colaboración público-privada, entendida no como mera ejecución sino como participación desde la definición estratégica, completa este apartado con una visión que trasciende el debate tradicional entre sector público y privado.

Las dos últimas propuestas recuperan el protagonismo de las asociaciones de consumidores: su participación en las cuestiones que afectan a los ciudadanos en función del territorio, y un Plan de Inspecciones contra la economía sumergida y los fraudes que perjudican tanto a consumidores como a empresarios legales.

XI. Conclusión

El catálogo de treinta medidas presentado por Aescon constituye un programa de gobierno alternativo, elaborado desde la sociedad civil, que combina respuestas inmediatas a la crisis con reformas estructurales pendientes. Su lectura revela una concepción del consumo no reducida a la mera transacción comercial, sino entendida como eje articulador de políticas públicas que inciden en la salud, la vivienda, la movilidad, la justicia y la participación democrática.

La exigencia final de la asociación —"actuaciones y no meros discursos ideológicos y políticos en mera clave electoral"— refleja la frustración acumulada ante promesas incumplidas y medidas coyunturales insuficientes. La crisis originada por la guerra de Irán, lejos de ser un mero episodio externo, actúa como catalizador de demandas que la sociedad española venía formulando desde antes de que el conflicto estallara. La capacidad del Gobierno para incorporar estas propuestas, o al menos para dialogar con quienes las formulan, será una prueba de su genuina voluntad de paliar los efectos de la crisis sobre los más vulnerables.