Miguel Angel Marchena Carrero
Miguel Angel Marchena Carrero, Socio director Adara Legal
La homologación judicial de un plan de reestructuración no es un trámite más; es un filtro. Una aduana. No garantiza el éxito del viaje, pero sí decide qué acuerdos cruzan con los papeles en regla y cuáles deben detenerse porque nacen débiles, mal construidos o sostenidos sobre promesas que no superan el primer control de legalidad.
La reforma concursal prometió atajos, y existen. El problema es que no todos los puentes son de hormigón. Algunos son de cartón, y se nota cuando toca pasar de la palabra al calendario y del calendario a la caja.
Conviene no confundir el instrumento con su alcance. No todo plan exige pasar por el juez. La homologación aparece cuando hay que arrastrar a disidentes, resolver contratos en interés de la reestructuración o blindar financiación interina o nueva frente a acciones rescisorias. Ahí es donde el filtro se vuelve decisivo. Y ahí es donde muchos comprueban que su plan no era un puente hacia la viabilidad, sino una forma de ganar tiempo.
Basta mirar lo que ocurre en los juzgados mercantiles. Hay expedientes que intentan transitar la vía del plan, pero el itinerario se atasca: no se alcanzan mayorías, el perímetro se desdibuja y el concurso se impone. A veces porque las conversaciones llegaron tarde. Otras porque la viabilidad nunca estuvo ahí, solo el deseo de evitar el estigma. Y en ocasiones porque la estructura de clases se diseñó mal desde el origen.
También ocurre lo contrario. Expedientes que hacen el camino de forma ordenada: comunicación clara, negociación real, información compartida a tiempo y un plan sostenido con números verificables. Ahí hay diagnóstico, no cosmética. Hay sacrificio distribuido con criterio, no imposición unilateral disfrazada de acuerdo. Y hay proyecciones que alguien respalda con su reputación profesional.
Y existe un tercer escenario, más crudo: cuando la crisis ya ha abierto el suelo, las operaciones se frenan y la tesorería no alcanza ni para la nómina del mes. El plan, si llega, llega como salvavidas en pleno naufragio, no como estrategia de continuidad. En esos casos la homologación rara vez salva; como mucho ordena.
La homologación no es cosmética. Es arquitectura técnica: clases y mayorías correctamente construidas, coherencia interna del sacrificio, información suficiente para votar y una viabilidad razonable, no meramente literaria. El TRLC lo formula con un lenguaje sobrio: viabilidad, requisitos de forma, aprobación por clases, trato paritario, comunicación a los afectados.
Conviene decirlo con claridad: el juez no certifica que el plan vaya a funcionar. No puede. Eso lo decide la realidad económica, la gestión y el tiempo. Lo que el juez certifica es otra cosa: que el plan cumple los presupuestos legales para intentarlo, que el procedimiento no es una trampa y que los derechos ajenos no se pisan sin justificación.
Homologar no es bendecir. Es constatar que el acuerdo respeta reglas básicas: que las mayorías no están viciadas, que el diseño no es tramposo y que el disidente conserva su protección esencial. La ley lo llama "prueba del interés superior de los acreedores". En términos sencillos, que quien vota en contra no salga peor que en una alternativa razonable de liquidación.
Ahí está la tensión. Cuando lo único que hay es una patada hacia adelante con maquillaje jurídico, el procedimiento no resuelve: retrasa, encarece y pospone lo inevitable. Mientras tanto se destruye valor, se enfrían relaciones comerciales y se consume un tiempo que no vuelve.
La pregunta práctica es sencilla: ¿el plan es un puente hacia la viabilidad o un refugio para evitar un concurso inexorable? Si es lo segundo, la técnica jurídica no hace milagros. Solo compra tiempo, y el tiempo también tiene precio.
Hay deudores que acuden al plan con margen real: un negocio que sigue funcionando si se reestructura la deuda, acreedores que prefieren continuidad a liquidación y caja suficiente para ejecutar medidas concretas. Aquí el plan tiene sentido. Es herramienta, no pretexto.
Pero hay otros que acuden al plan para no mirar al concurso a la cara. Porque la comunicación paraliza ejecuciones sobre activos esenciales. Porque el experto necesita tiempo para emitir su informe. Porque mientras tanto se espera que algo ocurra: una inyección de liquidez, un comprador providencial, un contrato que "está al caer". Es la estrategia del ya veremos.
Ese ya veremos tiene un patrón reconocible: una venta "segura" sin mandato ni calendario, o una inversión "imprescindible" sin financiación cerrada. El papel lo aguanta todo; la caja, no. Y cuando falla, la empresa entra en concurso más débil, más endeudada y con acreedores más irritados que si hubiera tomado la vía directa desde el principio. Entonces aparece un reproche silencioso: no por intentar un plan, sino por intentarlo tarde, mal o sin base.
El Derecho concursal no fabrica solidez donde solo hay retórica. El control judicial existe para impedir que crucen promesas vacías que vulneran derechos ajenos. Cuando el expediente llega al umbral de la homologación, el juez no mira el envoltorio. No avala el éxito comercial. Exige consistencia legal: clases bien formadas, lógica de sacrificio coherente, respeto del disidente y proyecciones mínimamente defendibles en la realidad operativa.
El juez no dirige la empresa. Controla que el proceso cumpla las reglas. Y ese control evita que crucen planes insostenibles o, cuando no hay alternativa, ordena el tránsito hacia lo inevitable.
No todas las crisis admiten plan. Y no todo plan merece homologación. Entre ambas certezas está el oficio del jurista: ver el hormigón antes de que alguien pise el cartón.
Eso exige diagnóstico honesto antes que estrategia procesal. Exige decir al cliente que el plan no es viable cuando no lo es, aunque sea incómodo. Exige distinguir entre quien necesita tiempo para negociar en serio y quien solo busca blindarse mientras espera un milagro.
El plan de reestructuración es una herramienta extraordinaria cuando se usa bien: preserva empresas viables, empleo y valor. Mal usado es veneno: encarece la crisis, erosiona confianza y termina conduciendo al mismo concurso que pretendía evitar, solo que en peores condiciones.
La aduana está ahí por algo. Y cruzarla sin papeles en regla no es valentía. Es imprudencia.
