- El presidente de la Autoridad Independiente de Protección al Informante analiza los datos de la Memoria de la entidad del 2025 y subraya los retos para este año
La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) que preside el catedrático en Ciencia Política y experto en integridad, Manuel Villoria inició su actividad el 1 de septiembre de 2025. Es la pieza clave que faltaba la ley 2/2023 de 20 de febrero que traspone la directiva whistleblower de protección al informante. A la espera de contar con un presupuesto propio que ayude a impulsar todos sus proyectos y una mejor dotación tecnológica, la AIPI ha puesto en marcha el canal externo, desde su página web; ha comenzado a tramitar comunicaciones, ha adoptado las primeras medidas de protección y ha sentado las bases organizativas, tecnológicas y procedimentales de la institución.
En este periodo de tiempo ha recibido más de 8000 comunicaciones de responsables de sistemas internos o canales de denuncia, requisito obligatorio para las empresas de más de 50 trabajadores. “Al mismo tiempo hemos gestionado en el 2025 174 denuncias de las que 29% son anónimas y ya tenemos protegidos a una veintena de informantes para evitar que tomen represalias contra ellos”, explica el propio Villoria a este periodista.
En su opinión, los datos de la Memoria del 2025 de la entidad que acaban de hacerse públicos revelan la actividad de la institución que ya cuenta con quince profesionales trabajando de un total de cuarenta que se esperan se incorporen en el medio plazo. “Las denuncias revelan el compromiso de la gente por tener una sociedad mejor. Es previsible que se incrementen las denuncias anónimas. La mejor manera de protegerte de una represalia es realizando esa denuncia en nuestro canal externo de manera anónima, si formas parte de una organización grande aunque en empresas pequeñas o medianas te puedan reconocer”.
Por el momento los asuntos objetos de denuncia tienen que ver con la contratación pública en distintas modalidades, subvenciones. “Nos ponen sobre la pista de una mala gestión, lo que los anglosajones hablan del mismanagement que implica una mala y escasa gestión por parte de un manager o superior jerárquico que en principio no son coherentes con el interés general. De ese total el 2% ha ido fiscalía mientras que un 10% se archiva al final. Nuestro papel es remitir esas denuncias a distintos órganos especializados, una vez que analizamos la verosimilitud de dicha denuncia se envía al órgano competente para que tome la decisión final como son la CNMC, el Servicio Nacional de Prevención del Fraude entre otras entidades”, afirma
El presidente de la AIPI ha insistido en que el papel del compliance officer puede ayudar a la gestion de los sistemas internos de denuncia (ASCOM)
Ya hay denunciantes protegidos
A nivel de protección al informante, la AIPI ha seguido el modelo de la Autoridad Valenciana Antifraude. “En esos primeros cuatro meses de nuestra actividad hemos protegido a diecisiete informantes de un total de 26. Se trata de reducir las posibilidades de represalia que puedan sufrir. De momento en términos generales vemos que está funcionando. En el caso de un despido por una represalia la multa que podemos aplicar podría estar por el millón de euros. Es evidente que una acción de este tipo puede generar a la dirección de esas empresas u organizaciones públicas un peligro reputacional y económico que deben evitar”.
Sobre esta protección Villoria señala que estos informantes ya disponen de un certificado que garantiza la protección de la AIPI. “También tratamos de dar asesoramiento jurídico cuando muchas veces vienen aquí a denunciar personalmente o cuando han denunciado y se les convoca para que aclaren o, o desarrollen la, denuncia, obviamente cuando no es anónimo. Es posible que el futuro nos pida asesoramiento legal si acaban yendo juicio. Sobre esta cuestión la norma establece unos criterios que abre la puerta a la asistencia jurídica gratuita. Junto a esta parte legal, el apoyo psicológico hay que desarrollarlo más”.
Hace unas semanas la AiPI abrió el plazo para el registro de aquellos responsables del canal interno de empresas publicas y privadas. Esta obligación como nos comentó en otras declaraciones anteriores también atañen a los partidos políticos y administraciones públicas que deben cumplir esta ley de protección al denunciante. El plazo se está a punto de cerrar. Se han recibido más de 8000 notificaciones de otras tantas organizaciones. Un número ya relevante aunque Villoria es consciente que aun faltan por llegar más datos “Es fundamental que tengan ese canal interno y funcione conforme a los criterios que marca la normativa vigente. Le pedimos a ese responsable del canal que nos lo comunique”, comenta nuestro entrevistado.
Villoria es consciente del trabajo de los empresarios por la prevención del delito. Aquí en la Camara de Comercio de España con su secretario general Adolfo Diaz Ambrona (Cámara de España)
Reforma necesaria de la ley
En esta conversación, Villoria alude en algunas ocasiones a la reforma de la ley 2/2023 para que ayude a impulsar la propia actividad de la AIPI. Algunas de estas reformas se han consensuado entre todas las ocho autoridades de protección que hay en nuestro país en las distintas reuniones que han tenido “Es importante que las personas que informen sobre delitos directamente ante la fiscalía española, o ante la policía o el juzgado de guardia, deberían poder ser también protegidas. En la actualidad no lo están puesto que no se trata de canales previstos en la Ley 2/2023”.
Otra cuestión que Villoria cree que habría que eliminar de la ley como causa de exclusión del derecho de protección, la inadmisión de la denuncia por parte de un canal interno. La redacción actual del apartado a) del artículo 35.2 rechaza que pueda beneficiarse de protección quien haya visto inadmitida su comunicación ante un canal interno.
Como tercer modificación cree que también es más restrictiva la Ley española en relación con los conflictos interpersonales. La Directiva (Considerando 22) establece que podrán ser canalizadas hacia otros procedimientos “las denuncias relativas a reclamaciones interpersonales. Al mismo tiempo habría que eliminar la limitación de dos años de la protección que la AIPI da al informante, por ser más restrictiva que la Directiva, que no establece un plazo máximo de protección.
Para el presidente de la AIPI es esencial establecer de forma expresa la posibilidad de que esta entidad pueda adoptar medidas cautelares, identificándose de forma concreta cuáles podrían ser. La regulación de las medidas de protección de la Ley 2/2023 resulta escasa e insuficiente.
Otra cuestión a tener en cuente es que cree que habría que centrar el objetivo de la norma en las conductas que afectan a la corrupción por su afectación al interés general. La ley limita la protección a las infracciones administrativas "graves o muy graves", dejando fuera un amplio espectro de conductas irregulares (mala gestión, derroche, etcétera) que, sin alcanzar esa calificación, son enormemente dañinas para el interés público y constituyen el núcleo de actuación de las autoridades antifraude.
Junto a ello Villoria vuelve a insistir en que sería preciso garantizar que las medidas de protección frente a represalias se extiendan a determinadas personas que a menudo se encuentran sometidas a presiones en el ejercicio de sus funciones con la independencia e imparcialidad que se les exige. En esta situación estarían incluidos los responsables de los sistemas internos de información y, en general, las personas que intervienen en la gestión de las informaciones.
Villoria en la sede la AIPI con Antonio Rico, policía local de Torrevieja que destapó un caso de corrupción en esa localidad alicantina (Imagen de Antonio Rico)
La importancia del compliance
Sobre esta ley, Manuel Villoria no cree que sea difícil de cumplir. “hay que tener en cuenta que son empresas de más de cincuenta trabajadores las que están sometidas a cuestiones de prevención de blanqueo de capitales y terrorismo que son obligaciones importantes. Ahora la UE y nuestra normativa les obliga que tengan un canal interno, unos procedimientos, unos responsables del sistema y que hagan ese trabajo y que protejan también a los informantes. Yo no creo que eso sea muy complicado. Con un buen sistema de compliance pueden cubrir esas exigencias y evitar cualquier responsabilidad penal. A las empresas les pedimos que gestionen esas denuncias y eviten represalias a los informantes”.
En la propia Memoria se habla como un reto pendiente de implementar la ley 2/2023 en todo el territorio nacional. “Es un tema que me preocupa porque ahora mismo hay una parte importante de España donde no se está aplicando la ley. No se está aplicando porque no tienen autoridad de protección al informante y nosotros no podemos intervenir, porque es muy clara la normativa que emana del Ministerio de Administracion Territorial . La competencia es autonómica y solo si la comunidad autónoma, a través del convenio, nos transfiere esa responsabilidad, esa competencia, nosotros podemos actuar. Sin esa, sin ese convenio no podemos actuar, está claro. Ese para mí un problema importante que tenemos que resolver pronto”.
Villoria que fue ponente en el último Dia del Compliance Officer que organizó ASCOM el pasado mes de noviembre es consciente que en algunas corporaciones ese papel del responsable del sistema lo ha asumido el compliance officer, profesionales que cuentan con sistemas de compliance bastante desarrollados que han recibido múltiples denuncias . Subraya que empresas como Telefónica, BBVA, Banco de Santander, La Caixa, Deloitte, todas estas empresas tienen unos sistemas bastante poderosos que pueden formar a las pequeñas y medianas empresas y desde luego a nosotros nos ayudan también a, conocer mejor el sistema y a aprender de ellos
Junto a esto nos explica el encaje de la institución en la futura Ley Orgánica de Integridad Publica que es aún un anteproyecto de ley. Nos indica que la ley está en primera lectura. Ahora ha habido, lógicamente, la parte de audiencia. Vendrá la segunda lectura. Hay unas modificaciones pendientes vinculadas al asesoramiento que está dando la OCDE al respecto y ya veremos cómo se modifica. La norma habla de la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública que incorpora completamente nuestra autoridad y hay otras dos organizaciones que se incorporan también. La AIPI seguirá funcionando en el marco de esta nueva agencia, si algún día finalmente se crea. Se integraría plenamente además creo se mantendría todo el personal existente”,
En la actualidad la AIPI dispone de una plantilla de quince profesionales aunque a final de año su presidente espera que se incremente a los cuenta. “Este es uno de los retos que tenemos el de seguir creciendo para eso necesitamos un mayor presupuesto del que tenemos asignado por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. En la memoria indicamos que pensamos incrementar ese presupuesto con las cantidades que aporten las ocho CCAA y las cuatro ciudades autónomas que no tienen autoridad de protección. Para ello es importante a lo largo de este año suscribir distintos convenios de colaboración. Debemos reforzar el are de investigación que en la actualidad son tres personas”, apunta
La otra opción presupuestaria seria asumir una parte de las multas que la AIPI imponga en el futuro. “Es otra posibilidad de financiación que una parte de las sanciones revierta en nuestra entidad, pero no queremos que se convierta al final en un incentivo perverso. . No es nuestro objetivo poner sanciones, sino que la gente cumpla la ley. Si no lo cumple y hay una denuncia clara y hay acciones que tienen que ser sancionadas, le puse una sanción. Con esta solvencia económica podríamos abordar el reto tecnológico. Ahora dependemos del Ministerio de Justicia pero deberíamos depender de la Agencia Estatal de Administración Digital, que da servicios al Estado. En este sentido es fundamental que contemos con una política de ciberseguridad que ahora nos ofrece el Ministerio de justicia”.
