El año 2025 se presenta como un periodo de desafíos sin precedentes para el compliance empresarial en España y Colombia. La segunda administración de Donald Trump ha implementado una serie de políticas de desregulación que impactan directamente en áreas críticas como la corrupción, la protección ambiental, los derechos de la comunidad LGBTQ+ y las políticas DEI. Estas medidas no solo reconfiguran el panorama regulatorio interno de Estados Unidos, sino que también tienen repercusiones significativas en el ámbito internacional, influyendo en las relaciones comerciales y normativas de países como España y Colombia. Los cambios regulatorios implementados desde Washington están generando una transformación profunda en las obligaciones de cumplimiento normativo, estableciendo nuevas directrices para la gestión de riesgos en entornos empresariales globales.
1. Revisión en la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
La FCPA, promulgada en 1977, ha sido una herramienta de referencia global en la lucha contra el soborno transnacional, prohibiendo a empresas estadounidenses amañar a funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios. Sin embargo, el 10 de febrero de 2025, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva titulada "Pausa en la Aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero para Promover la Seguridad Económica y Nacional Estadounidense", que suspende nuevas investigaciones o acciones de aplicación de la FCPA durante un período de 180 días.
Esta orden ejecutiva instruye específicamente a la fiscal general Pam Bondi a revisar las investigaciones y acciones existentes y tomar medidas para "restaurar los límites adecuados en la aplicación de la FCPA". Además, ordena detener las nuevas acciones de aplicación hasta que el Departamento de Justicia emita "directrices de aplicación revisadas y razonables", considerando la autoridad presidencial bajo el Artículo II para conducir asuntos exteriores, los intereses estadounidenses y la competitividad económica.
Implicaciones para España y Colombia:
- España: Las empresas españolas con operaciones internacionales enfrentan ahora un escenario de competencia desigual. Mientras que las corporaciones estadounidenses podrían operar con mayor flexibilidad en mercados considerados de alto riesgo, las empresas españolas seguirán sujetas a la estricta legislación anticorrupción europea. Esta disparidad regulatoria genera desventajas competitivas en sectores estratégicos como infraestructura, energía y recursos naturales, donde la competencia con empresas estadounidenses es intensa. Además, las filiales españolas de compañías norteamericanas podrían verse presionadas a adoptar estándares de cumplimiento menos rigurosos, creando conflictos con la normativa europea y española.
- Colombia: La suspensión de la FCPA representa una sorpresa en los ambientes de reflexión sobre la corrupción en el país. Colombia ha trabajado, aunque sin mucho éxito, en fortalecer sus propias leyes de transparencia, en conexión con regulaciones estadounidenses. Esta relajación normativa podría replantear la forma en que se conducen los esfuerzos de cooperación internacional en pro de la integridad del mercado. Los sectores más expuestos a ese replanteamiento incluyen infraestructura, energía y recursos naturales, donde la inversión estadounidense es significativa y donde los riesgos de corrupción han sido históricamente elevados. La señal de menor vigilancia internacional podría influir en programas de compliance en transparencia corporativa y responsabilidad empresarial.
2. Desregulación Ambiental y Reestructuración de la EPA
La administración Trump ha iniciado una significativa reestructuración de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), siguiendo las directrices del conocido "Proyecto 2025", un documento de campaña elaborado por analistas conservadores. Este proyecto detalla cómo re enfocar las regulaciones climáticas, reducir la aplicación de normas ambientales y reestructurar la fuerza laboral de la EPA.
Entre las propuestas específicas implementadas se incluye la reducción del número de industrias obligadas a informar anualmente sus emisiones de gases de efecto invernadero y la "actualización" de estudios previos que determinaron que los gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud pública y el medio ambiente. Esta última medida busca atenuar el fundamento de todas las regulaciones climáticas bajo la Ley de Aire Limpio de EE.UU. Adicionalmente, el plan exige que la EPA otorgue mayor peso a los costos económicos actuales que a los beneficios ambientales a largo plazo, dificultando sustancialmente la justificación de nuevas reglas ambientales.
Impacto en España y Colombia:
- España: Como miembro de la Unión Europea, España mantiene políticas estrictas de sostenibilidad enmarcadas en el Pacto Verde Europeo y los compromisos climáticos internacionales. La desregulación ambiental estadounidense crea una divergencia significativa en los estándares operativos para empresas transnacionales. Las compañías españolas con presencia internacional deberán gestionar marcos regulatorios divergentes, aumentando la complejidad y los costos de cumplimiento. Además, esta asimetría regulatoria podría generar desventajas competitivas para las empresas españolas, que seguirán operando bajo estrictas normativas europeas mientras sus competidores estadounidenses se mueven en entornos de menores restricciones ambientales.
- Colombia: Con ecosistemas diversos y vulnerables, Colombia podría enfrentar una disminución significativa de la cooperación técnica y financiera estadounidense para proyectos ambientales. El debilitamiento de los esfuerzos internacionales para combatir el cambio climático, especialmente tras la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, podría afectar severamente los compromisos climáticos del país. Además, las políticas desregulatorias podrían crear presiones competitivas para que Colombia reduzca sus propias protecciones ambientales con el fin de atraer inversión extranjera, lo que supone preocupaciones sobre su rica biodiversidad y recursos naturales.
3. Retiro de Acuerdos Internacionales Clave
El presidente Trump ha reafirmado su postura aislacionista mediante órdenes ejecutivas firmadas durante su día de inauguración que retiran a Estados Unidos de acuerdos internacionales fundamentales, incluyendo el Acuerdo Climático de París y la Organización Mundial de la Salud.
Estas acciones reflejan el escepticismo de muchos votantes de Trump hacia las organizaciones e instituciones políticas internacionales. Aunque la retirada de la OMS tardará un año en hacerse efectiva, estas decisiones señalan un cambio fundamental en el compromiso internacional de Estados Unidos
Consecuencias para España y Colombia:
- España: Como país firmemente comprometido con el multilateralismo y los organismos internacionales, España se enfrenta a un panorama de cooperación global debilitado. La ausencia de Estados Unidos en foros internacionales críticos complica el avance en agendas compartidas como el cambio climático, salud global y desarrollo sostenible. Las empresas españolas que han invertido en tecnologías verdes y soluciones sanitarias globales podrían ver reducidos los mercados potenciales y las oportunidades de colaboración internacional. El retiro del liderazgo estadounidense en este asunto podría requerir que España y la UE asuman roles más proactivos en la gobernanza global, con los consiguientes costos políticos y económicos.
- Colombia: Aunque el País no es un gran contribuyente a las emisiones globales, su papel en la conservación ambiental global es significativo. Las regulaciones deben equilibrar la protección ambiental con el desarrollo económico, teniendo en cuenta el contexto global y local. La retirada estadounidense de estos acuerdos internacionales tiene implicaciones directas para Colombia, que depende en buena medida de la cooperación internacional en materia climática y sanitaria. Estas decisiones podrían significar una disminución del apoyo estadounidense en iniciativas regionales y una menor coordinación en la respuesta a emergencias sanitarias. El enfoque de encierro de EEUU podría además debilitar estructuras regionales de cooperación en las que Colombia ha depositado esperanzas de desarrollo sostenible e integración económica.
4. Políticas Migratorias y Tensiones con Colombia
Como se sabe, la administración Trump ha implementado medidas drásticas en materia de inmigración, declarando una emergencia nacional en la frontera de Estados Unidos con México a través de una orden ejecutiva. El presidente justificó esta acción afirmando la necesidad de detener lo que describe como una "invasión" de inmigrantes indocumentados. Las redadas de deportación, una promesa de campaña de Trump, ya han comenzado, incluyendo arrestos dirigidos y expulsión y encarcelamiento de personas consideradas parte del Tren de Aragua, incluso en cárceles de El Salvador.
Estas políticas han generado tensiones directas con Colombia. Trump amenazó hace unos días con la imposición de un arancel del 25% sobre todos los productos provenientes de Colombia como parte de un conjunto de sanciones contempladas para castigar al país por rechazar dos vuelos militares estadounidenses que transportaban migrantes deportados. El presidente colombiano Gustavo Petro se enfocó inútilmente en rechazar el tratamiento de los migrantes, pero sus concesiones posteriores, ante la reacción de EEUU para apaciguar a Trump, parecen haber fracasado. No hay aranceles aún, pero nadie se atreve a descartarlos.
Impacto en las Relaciones Bilaterales:
- España: Aunque España no está directamente afectada por estas tensiones específicas, la política migratoria estadounidense repercute en los flujos migratorios globales y en las relaciones internacionales. Las empresas españolas con intereses en Colombia podrían verse afectadas indirectamente por las tensiones comerciales entre EE.UU. y Colombia. Además, España, como puerta de entrada a Europa para la migración latinoamericana, podría enfrentar presiones migratorias adicionales si las políticas estadounidenses provocan desplazamientos regionales.
- Colombia: Las amenazas arancelarias del 25% sobre todos los productos colombianos representan aún una amenaza económica severa. Sectores exportadores clave como flores, café, textiles y productos agrícolas podrían verse devastados, con potenciales pérdidas de empleo y reducción del crecimiento económico. Esta situación resalta la vulnerabilidad de Colombia frente a decisiones unilaterales de su principal socio comercial y la urgencia de diversificar sus relaciones comerciales internacionales.
5. Cambios en las Políticas de Género y LGBTQ+
La administración Trump ha implementado cambios significativos en las políticas relacionadas con los derechos LGBTQ+, un tema que fue prominente durante su campaña. Entre las órdenes ejecutivas firmadas en su primer día se encuentra una que establece que, según la política estadounidense, solo existirían dos géneros, masculino y femenino, eliminando la opción no binaria o diversa. Esta orden instruye a las agencias federales a revocar las políticas emitidas bajo el presidente Biden que habían facilitado a las personas transgénero actualizar sus marcadores de género en la identificación federal.
Políticas DEI y Exigencias a Empresas Españolas
En línea con estos cambios, la administración Trump ha emitido directivas específicas para las empresas extranjeras que desean comerciar con Estados Unidos, incluyendo las españolas. Estas directivas exigen el desmonte de políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) que consideren aspectos de identidad de género no binaria o que promuevan cuotas específicas basadas en orientación sexual. Las corporaciones españolas con presencia en EE.UU. se enfrentan ahora a la disyuntiva de mantener sus políticas inclusivas, alineadas con la legislación europea, o adaptarse a las nuevas exigencias estadounidenses para no perder acceso a ese mercado.
Consecuencias para España y Colombia:
- España: Como país que ha impulsado significativamente la protección de los derechos LGBTQ+, incluyendo una de las legislaciones más progresistas en materia de identidad de género, España enfrenta un conflicto directo con las políticas estadounidenses. Las empresas españolas con operaciones en EE.UU. deben navegar contradicciones regulatorias fundamentales: mientras la legislación española y europea promueve la inclusión y reconocimiento de identidades diversas, las directrices estadounidenses exigen lo contrario. Esta contradicción podría generar riesgos legales y reputacionales significativos para las corporaciones españolas, obligándolas a desarrollar políticas diferenciadas según el territorio.
- Colombia: Aunque Colombia ha incorporado derechos LGBTQ+ mediante decisiones judiciales, estas políticas estadounidenses podrían generar presiones políticas contradictorias y afectar la cooperación en programas relacionados con derechos humanos. Sectores más conservadores podrían verse fortalecidos y aprovechar la cercanía de políticas estadounidenses como justificación para ralentizar reconocimiento de derechos LGBTQ+. Adicionalmente, las empresas colombianas con aspiraciones de expansión hacia el mercado estadounidense podrían verse incentivadas a adoptar políticas restrictivas para facilitar su entrada, generando replanteamiento de sus políticas en inclusión laboral.
6. Sanciones Comerciales y Política Arancelaria: Trade Compliance
Un ejemplo claro es la imposición de un arancel del 25% sobre productos provenientes de Canadá y México, como parte de una estrategia para presionar en temas de inmigración irregular y tráfico de drogas. Además, se han aplicado aranceles del 20% a las importaciones de China, incluyendo productos agrícolas como soja y maíz
Estas medidas forman parte de una política comercial más amplia que utiliza los aranceles como herramienta de negociación en asuntos de seguridad y comercio internacional.
Efectos en España y Colombia:
- España: La política arancelaria agresiva de Trump ha afectado también a la Unión Europea, con especial impacto en productos españoles estratégicos. Las exportaciones de aceite de oliva, vino, quesos y productos agrícolas españoles podrían enfrentan barreras comerciales significativas en el mercado estadounidense. Importadores y distribuidores en Estados Unidos están tomando precauciones, cancelando pedidos de vinos europeos ante la incertidumbre de posibles aranceles futuros. Esto obliga a las empresas españolas a buscar mercados alternativos y reconsiderar sus estrategias de internacionalización. La incertidumbre generada por posibles nuevos aranceles complica la planificación empresarial y afecta las decisiones de inversión en sectores orientados a la exportación.
- Colombia: Un arancel potencial del 25% podría ser devastador para las exportaciones colombianas a Estados Unidos, su principal socio comercial. Sectores como flores, café, textiles y productos agrícolas podrían verse severamente afectados, con potenciales pérdidas de empleo y reducción del crecimiento económico. Esta situación evidencia la vulnerabilidad de la economía colombiana ante decisiones unilaterales de Estados Unidos y subraya la necesidad urgente de diversificar destinos comerciales y reducir dependencias económicas excesivas.
7. Nuevo Enfoque en la Lucha Contra los Carteles y Organizaciones Criminales Transnacionales
La Fiscal General de EE.UU. ha emitido un memorando titulado "Eliminación Total de Carteles y Organizaciones Criminales Transnacionales" (TCO), que señala un mayor énfasis en el combate al tráfico de drogas y contrabando humano. El documento destaca el uso de herramientas como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y la poco conocida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Con base en esta última, se facilitó la expulsión de 238 venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua desde EE.UU. hacia el CECOT, la megacárcel salvadoreña inaugurada en 2023. Este cambio en las prioridades representa un giro significativo en la estrategia de persecución criminal del Departamento de Justicia, priorizando ahora el desmantelamiento de redes delictivas transnacionales.
Implicaciones para España y Colombia:
- España: Como punto de entrada de drogas a Europa y con conexiones históricas con organizaciones criminales latinoamericanas, España podría verse afectada por este nuevo enfoque. Las autoridades españolas deberán adaptar sus estrategias de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Paradójicamente, mientras se refuerza este aspecto, la pausa en la aplicación general de la FCPA podría crear inconsistencias en la cooperación judicial internacional, complicando la persecución de delitos transnacionales que involucren tanto a organizaciones criminales como a empresas legítimas.
- Colombia: Con su histórica lucha contra los carteles de la droga, Colombia enfrenta tanto oportunidades como desafíos ante este nuevo enfoque. Por un lado, podría beneficiarse de mayor asistencia y cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico; por otro lado, el énfasis en herramientas como la Ley Kingpin (Ley de Designación de Cabecillas del Narcotráfico), que permite sancionar específicamente a organizaciones criminales transnacionales, combinado con la aplicación selectiva de otros mecanismos legales, crea un panorama complejo para la cooperación bilateral. Las autoridades colombianas deberán navegar cuidadosamente estas prioridades cambiantes para mantener la efectividad de sus estrategias contra el crimen organizado, mientras fortalecen su soberanía en materia de seguridad y justicia sin comprometer aspectos fundamentales de la integridad institucional.
8. Reforma de las Políticas de Cumplimiento para Instituciones Financieras
La administración Trump está revisando el enfoque regulatorio hacia las instituciones financieras como parte de un esfuerzo más amplio para reducir lo que considera cargas regulatorias excesivas. Estos cambios afectarán significativamente a empresas de todas las industrias, particularmente a través de modificaciones en las actividades y prioridades de aplicación regulatoria a nivel federal y estatal.
Las transformaciones abarcan a los principales reguladores federales – el Departamento de Justicia (DOJ), la Comisión Federal de Comercio (FTC), la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y los reguladores bancarios – así como los enfoques esperados de los fiscales generales estatales.
Consecuencias para España y Colombia:
- España: Como centro financiero significativo y con importantes bancos multinacionales, España se verá directamente afectada por estos cambios regulatorios. Los grandes bancos españoles con operaciones en Estados Unidos (Santander, BBVA, tal vez Sabadell) deberán adaptar sus programas de cumplimiento a un entorno regulatorio cambiante, potencialmente más laxo en algunos aspectos. Esta situación podría generar inconsistencias con los requisitos más estrictos del Banco Central Europeo y crear riesgos operativos y reputacionales significativos. La divergencia regulatoria complicará la gestión de riesgos y aumentará los costos de cumplimiento al tener que mantener sistemas diferenciados.
- Colombia: Los cambios regulatorios estadounidenses podrían afectar la cooperación en materia de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, áreas donde la coordinación internacional ha sido crucial para abordar flujos financieros ilícitos vinculados al narcotráfico y otras actividades delictivas. El sistema financiero colombiano, que ha trabajado en fortalecer sus controles anti-lavado siguiendo estándares internacionales, podría verse presionado a relajar requisitos para mantenerse competitivo o alineado con las prácticas de su principal socio comercial.
9. Revisión del Enfoque Costo-Beneficio en la Regulación
La Administración Trump está implementando cambios fundamentales en cómo las agencias federales evalúan los costos y beneficios de las regulaciones. Se exige que las agencias ponderen más fuertemente los costos económicos actuales que los beneficios sociales y ambientales a largo plazo, dificultando la justificación de nuevas reglas ambientales y otras regulaciones. Este enfoque se alinea con la promesa de campaña de reducir drásticamente las "regulaciones excesivas" que, según Trump, obstaculizan el crecimiento económico y la competitividad estadounidense.
Impacto en España y Colombia:
- España: Esta revisión del análisis costo-beneficio contrasta directamente con el enfoque europeo, que prioriza el principio de precaución y la evaluación de impactos a largo plazo en sus marcos regulatorios. Mientras la UE apuesta por su enfoque hiperregulatorio (Ley de Mercados Digitales, Marcos de Inteligencia Artificial), sus empresas tecnológicas quedan atrapadas en una maraña burocrática que amplía la brecha competitiva con Estados Unidos y China, donde las compañías pueden experimentar y escalar soluciones avanzadas con mayor agilidad y menor restricción regulatoria, relegando al continente europeo a ser un consumidor de tecnologías foráneas en lugar de un creador de las mismas.
Las empresas españolas con operaciones globales deberán gestionar estas filosofías regulatorias divergentes, adaptando sus estrategias de cumplimiento según la jurisdicción. Esta divergencia podría generar ventajas para empresas estadounidenses en ciertos mercados, al operar bajo requisitos menos estrictos, presionando potencialmente a la UE a reconsiderar algunos aspectos de su propio enfoque regulatorio.
- Colombia: Este cambio podría crear presiones para que Colombia adopte enfoques similares en su propio marco regulatorio con el fin de mantenerse competitivo en la atracción de inversión extranjera, especialmente estadounidense. Las autoridades reguladoras colombianas enfrentarán difíciles disyuntivas entre mantener protecciones sociales y ambientales adecuadas o flexibilizar requisitos para facilitar la actividad empresarial y la inversión extranjera. Las empresas colombianas podrían encontrarse operando en un entorno de incertidumbre regulatoria mientras estas presiones se resuelven a nivel político y administrativo.
10. Ciberseguridad y Protección de Datos: Brechas Regulatorias Crecientes
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea sigue siendo la norma de referencia a nivel mundial, pero la administración Trump ha promovido un enfoque más laxo en EE.UU., lo que favorece a las grandes tecnológicas. Esto ha generado una brecha regulatoria que afecta a España y Colombia de manera diferente:
Divergencias Normativas y sus Consecuencias:
- España: La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sido agresiva en la aplicación del RGPD, sancionando a empresas por incumplimientos en el manejo de datos personales. Las empresas que operan con filiales en EE.UU. deben prepararse para mayores restricciones en la transferencia de datos, especialmente si EE.UU. flexibiliza aún más sus normas de privacidad. Los recientes fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han complicado aún más las transferencias transatlánticas de datos, creando incertidumbre jurídica para las multinacionales con presencia en ambas jurisdicciones.
- Colombia: La Ley 1581 de 2012 estableció el marco de protección de datos, pero sigue muy por detrás de los estándares europeos. La Superintendencia de Industria y Comercio no ha demostrado creatividad particular ni un criterio uniforme en la aplicación de sanciones, lo que deja a muchas empresas operando con lagunas normativas. El mayor riesgo es la creciente brecha entre la regulación y la realidad tecnológica. El avance de la inteligencia artificial y la fragmentación de normativas de IA entre EE.UU. y la UE complican aún más la implementación de estrategias de cumplimiento digital efectivas en un país que busca posicionarse como hub tecnológico regional.
Conclusión: El Compliance que No Sirve es el Compliance que Mata
El gran peligro de 2025 no es la falta de regulación, sino la hipocresía del sistema. Las empresas, los reguladores y los jueces tienen tres opciones:
1. Cumplir de verdad, con modelos de compliance que no sean solo papel mojado.
2. Seguir maquillando informes y confiando en que el regulador no hará su trabajo.
3. Ignorar todo y prepararse para pagar las consecuencias cuando la judicialización se vuelva inminente.
Las empresas que no tomen en serio el compliance se encontrarán en un fuego cruzado regulatorio. Por un lado, la relajación normativa en EE.UU. fomenta un ambiente de menor control; por otro, España endurece su fiscalización y Colombia sigue sin definir si quiere jugar en serio o seguir con medidas cosméticas.
Lo que está claro es que ya no hay espacio para la improvisación:
- En España, el compliance penal ha llegado para quedarse, y los jueces están cada vez más dispuestos a sancionar con fuerza a quienes intenten manipular el sistema.
- En Colombia, sin compliance penal, sino administrativo, el problema sigue siendo la inacción.
2025 será el año donde los reguladores tendrán que demostrar si realmente tienen dientes o si seguirán siendo organismos decorativos. Y en ese camino, quienes no se adapten quedarán fuera del juego, ya sea por sanciones, bloqueos regulatorios o la simple pérdida de credibilidad en el mercado.
Porque, en el mundo del compliance, o se cumple, o se paga el precio. Y el precio, en 2025, será más alto que nunca.
