Por Antonio Rico, denunciante de corrupción Soy Antonio Rico, policía local que denunció irregularidades internas en el Ayuntamiento de Torrevieja y en su policía local. No se preocupe, es normal que no me conozca, a los denunciantes se nos conoce, por lo general, para mal, pues vivimos en un país como España, en el que la corrupción campa a sus anchas y supone, para todos los ciudadanos, decenas de miles de millones de euros perdidos cada año. Demasiado botín como para visibilizar a los denunciantes o hacer pedagogía sobre la denuncia. No somos noticia, somos sucesos, por eso estas líneas permiten, en parte, subsanar esa deficiencia.
Para empezar, quisiera explicar qué es un alertador o un denunciante de corrupción, porque no siempre somos definidos de forma correcta. Más bien todo lo contrario. No existe una definición oficial, más allá de las que aparecen en los cuerpos legislativos, pero lo que es seguro es que no somos chivatos, traidores, rencorosos ni nada por el estilo.
Somos ciudadanos, personas como usted, que un día denunciamos corrupción. Porque usted, mi querido lector, cualquier día podría encontrarse en este lado o, al menos, tener que decidir si mudarse a este barrio o no.
Definido lo que somos, toca explicar dónde estamos. Dónde se encontraría usted si decidiera cumplir con la obligación de denunciar. Los denunciantes de corrupción vivimos en la más absoluta derrota, aunque ganemos, como ha sido mi caso —tras el amparo del Tribunal Constitucional—.
Porque siempre perdemos. Perdemos dinero, perdemos años de vida, perdemos salud, perdemos familia, perdemos amigos, perdemos parejas, perdemos prestigio, perdemos estabilidad… Perdemos. Nada define ni explica mejor a un alertador o un denunciante de corrupción en España que la pérdida. Que la derrota más absoluta. En ocasiones, perdemos hasta las ganas de seguir viviendo.
Ya sabemos quiénes somos y dónde estamos, ahora es el turno de preguntarse por qué. Por qué los denunciantes de corrupción vivimos en una derrota tan absoluta y de tal calibre que, para no pocos de nosotros, el suicidio es una de las mejores soluciones que existen. Pues hay pocos denunciantes que no lo hayan, como mínimo, contemplado en alguna ocasión.
Corrupción endémica
Somos y estamos así porque España es un país profundamente corrupto en el que no existe una separación de poderes real y la mayoría de los medios de comunicación carecen de independencia y solo son apéndices políticos. Por ello, cuando un ciudadano decide dar el paso de denunciar, de convertirse en uno de nosotros, se enfrenta a una maquinaria despiadada que, de una u otra forma, le hará pedazos.
Los corruptos, que son los que dominan el país, moverán todos sus hilos e influencias para perseguir, desprestigiar, hostigar y destruir a esa persona que ha decidido denunciar lo que se hacía mal. Mientras, los medios utilizarán su caso como arma arrojadiza contra el partido político contrario o arremeterán sin piedad contra el denunciante para defender a su partido político, según toque. En cualesquiera de los casos, ese ciudadano honesto —usted, llegado el caso— acabará en la papelera.
Es normal que en un país tan corrupto como España se gasten más de mil trecientos millones de euros anuales en el mantenimiento y la reinserción de los delincuentes, incluso de aquellos más extremos, pero, en diciembre 2025, seis años después de la publicación de la directiva europea de protección a los denunciantes de corrupción y casi tres años después de la ley estatal, la oficina que nos debería proteger solo sea una planta desangelada en un edificio gubernamental que carece de las herramientas necesarias —trabajadores, fondos o motivación—. Sin embargo, no debería ser así.
Los denunciantes, usted, mi querido lector, si mañana decidiese denunciar corrupción, no deberían ganar, pero tampoco perder. Para ello, el pilar fundamental es que puedan conservar un trabajo, lo que no quiere decir necesariamente el que tienen. De hecho, es muy probable que ello sea imposible.
La legislación actual pretende proteger el puesto de trabajo del denunciante, pero no parece muy buena idea tener que trabajar con aquellos que has denunciado. Al menos, no para el denunciante, pues el corrupto estará encantado de poder arruinar la vida del denunciante, aunque solo sea por venganza. Y es que los corruptos no se suelen tomar muy bien a que alguien les denuncie. Doy fe de ello y de cómo te persiguen dentro de la organización por muy lejos que te escondas.
Necesitamos protección a largo plazo
Si el empleo es fundamental, que existan mecanismos legales que permitan a los denunciantes ejercer la denuncia y protegerse del contraataque furioso del corrupto es esencial. De lo contrario, no habrá salario que resista la ingente avalancha de procesos judiciales que suelen sepultar a los denunciantes de corrupción. Para ello es necesaria una protección a largo plazo, la creación de robustos gabinetes jurídicos al servicio de los denunciantes. Ni existe ni tan siquiera se contempla.
Tras el empleo y el apoyo jurídico, el apoyo psicológico es fundamental. En el mejor de los casos, el denunciante tendrá que convivir en un entorno hostil en el que, por lo general, se encontrará a merced de los corruptos y será catalogado como un traidor por la mayoría. Y en el peor se verá en la calle. Se requiere de mucho apoyo psicológico para soportarlo.
Pero, sobre todo, lo que se necesita es concienciación social. Se deben iniciar programas de concienciación dirigidos a las instituciones judiciales, que son las que juzgan los casos de corrupción; a los medios de comunicación, que son los que los difunden, muchas veces en función de intereses político-mediáticos; y, sobre todo, a la ciudadanía, porque son los ciudadanos los que pueden convertirse en corruptos o denunciantes. O los que ya lo son.
Para ello, resulta indispensable reparar a los denunciantes que durante años y décadas han padecido todo tipo de acosos y penurias e integrarles en un ambicioso programa de difusión en todos los ámbitos. Supondría una considerable inversión, seguro, pero tranquilos, a diferencia del enorme coste que suponen cada año los presos, las denuncias amortizarían de sobra el gasto —mejor dicho, la inversión—.
Es sencillo y rentable elaborar un plan para reparar, fortalecer y mejorar la situación de los denunciantes y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de denunciar, lo difícil es que ello ocurra en un país corrupto como España. Nosotros, los denunciantes, lo seguiremos intentando hasta que ya no podamos más o hasta que dejemos de perder. Usted, mi querido lector, haga lo posible por apoyarnos, aunque sea porque mañana puede ser uno de nosotros.