Nueva Carta a la sociedad: la protección como denunciante no puede depender de un código postal

Antonio Rico, denunciante de corrupción

 

Estimados ciudadanos,

Como saben, la ley me reconoce como "informante protegido". No es un privilegio, ni una medalla, es una garantía esencial para que ninguna persona sufra represalias por cumplir con su deber cívico de alertar sobre la mala gestión o la corrupción de la que tenga conocimiento.

Para mi sorpresa, el Ayuntamiento de Lorca (una administración a la que ya he ganado tres sentencias judiciales), ahora intenta invalidar esa protección con un argumento tan simple como peligroso: como mi estatus de protección fue reconocido en la Comunidad Valenciana, no vale en la Región de Murcia. Como si la lucha contra la corrupción entendiera de fronteras autonómicas

Esta maniobra choca de frente con la Ley que regula de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, una norma nacional creada precisamente para que esto no ocurra. Su mensaje es claro: la protección es para todos, en todo el territorio, sin fisuras ni excusas. De hecho, su Artículo 1 obliga a todas las administraciones a respetarla.

El mensaje que se lanza con este tipo de interpretaciones es demoledor: "Si denuncias, estarás solo y tu protección dependerá del código postal". Es una invitación al silencio, un obstáculo directo para cualquier trabajador honesto que quiera dar un paso al frente como en su dia hicieron Ana Garrido o Luis Gonzalo Segura entre otros y les costó el asesinato civil.

Ya he comunicado esta situación a la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) , el máximo organismo estatal, para que intervenga. La propia jurisprudencia del Tribunal Supremo ha criticado las visiones restrictivas que limitan la protección que nos otorgan las normativas, reforzando la necesidad de una aplicación uniforme.

Créanme, ser denunciante es un camino agotador. Es vivir en alerta constante, enfrentando el aislamiento y las represalias allá donde vaya mientras ve cómo el cacique de turno usa los recursos públicos para defenderse o lo que es peor, atacar y destruir al que denuncia. La ley es nuestro único escudo. Si permitimos que se debilite con interpretaciones interesadas, estaremos socavando uno de los mayores avances de nuestra democracia en la lucha contra la corrupción.

Por todo ello, hago un llamamiento al Ministro de Justicia, a la Autoridad Independiente de Protección del Informante y a la sociedad en general: La protección al denunciante no es negociable y no puede tener fronteras.

Carta de un denunciante de corrupción a la ciudadanía: Usted puede ser uno de nosotros, mañana

Defender a los denunciantes no es solo defender la integridad de nuestras instituciones, es mucho mas, es intentar apartar a los golfos, tanto a los que se enriquecen y aumentan su patrimonio y el de sus familiares, como a los que hacen un uso personal de los recursos públicos. Tengamos claro que cuando la ley defiende al denunciante, defiende el dinero de todos. Se trata de proteger a quienes, a sabiendas de que su vida va a cambiar a peor, sacan a la luz irregularidades que nos afectan a todos; el dinero público si tiene dueño, y el dueño no es otro que Usted.

Gracias por su atención, y no olvide nunca mi querido lector que los corruptos en las entidades públicas en realidad son unos homicidas: Matan empresas que no ceden a su chantaje, destrozan las ilusiones de los empleados que no son de su cuerda a la hora de promocionar, quitan al ciudadano de a pie la plaza de un empleo público para enchufar a su familiar o amigo, en definitiva, el corrupto asesina personas.

Demos protección a quien los señala, protejamos a los denunciantes, a los pasados y a los futuros.