La corrupción constituye uno de los principales factores de deterioro de la calidad democrática. No solo por el desvío de recursos públicos o el enriquecimiento ilícito de unos pocos, sino porque erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones, debilita el Estado de derecho y transmite la sensación de que las normas no son iguales para todos. España ha avanzado en algunos ámbitos durante las últimas décadas, pero los informes más recientes de la Comisión Europea y del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, evidencian que siguen existiendo importantes déficits estructurales que requieren reformas profundas y sostenidas. Ambos organismos internacionales coinciden en una idea fundamental: nuestro país dispone de un marco jurídico razonablemente sólido, pero continúa mostrando una preocupante lentitud a la hora de desarrollar mecanismos efectivos de prevención, control y rendición de cuentas. En otras palabras, el problema ya no consiste tanto en aprobar nuevas leyes como en garantizar que funcionen con independencia, eficacia y continuidad..jpg)
Jesús Lizcano Álvarez. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. Académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Cofundador y Expresidente de Transparencia Internacional España. Director de la revista Encuentros Multidisciplinares
El informe de la Comisión Europea: avances insuficientes
El último Informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea reconoce algunos progresos realizados por España durante el último año, especialmente en materia de modernización de la Administración de Justicia y en determinadas reformas legislativas. Sin embargo, el balance general sigue siendo insatisfactorio y, en algunos aspectos, claramente crítico. La Comisión considera que los avances en la prevención de la corrupción han sido limitados y mantiene prácticamente las mismas recomendaciones formuladas en ejercicios anteriores.
Entre las principales asignaturas pendientes destacan varias cuestiones de importante relevancia institucional.
La primera es el fortalecimiento de los mecanismos de prevención de conflictos de intereses de los altos cargos. Bruselas considera necesario reforzar los controles sobre las declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos, así como mejorar la supervisión independiente de su cumplimiento.
En segundo lugar, insiste en la necesidad de crear una auténtica Autoridad Independiente de Integridad Pública, dotada de autonomía funcional, capacidad investigadora y medios suficientes para prevenir, detectar y sancionar conductas contrarias a la integridad institucional. La propuesta existe desde hace tiempo, pero su materialización continúa pendiente.
Otro aspecto especialmente relevante es la regulación de los grupos de presión o “lobbies”. España continúa siendo uno de los países europeos que carece de un sistema suficientemente desarrollado de registro obligatorio, publicidad de reuniones y trazabilidad de la influencia ejercida sobre los responsables públicos.
La Comisión también vuelve a poner el foco sobre la independencia del Poder Judicial. Aunque valora positivamente el desbloqueo institucional del Consejo General del Poder Judicial, insiste en que el sistema de elección de una parte sustancial de sus vocales debería adaptarse a los estándares europeos, permitiendo una mayor participación de la propia carrera judicial, tal como viene recomendando la Comisión de Venecia desde hace años.
A ello se suma la necesidad de seguir reforzando la independencia del Ministerio Fiscal, especialmente en lo relativo al procedimiento de nombramiento y cese del Fiscal General del Estado, una cuestión que periódicamente genera controversia política y dudas sobre su percepción de independencia.
En definitiva, la Comisión Europea aprecia algunos avances, pero considera que España mantiene importantes déficits institucionales que limitan la eficacia de su sistema preventivo frente a la corrupción.
El diagnóstico del GRECO: demasiadas recomendaciones siguen sin cumplirse
Si el informe de la Comisión Europea resulta exigente, el diagnóstico del GRECO es todavía más contundente. El organismo anticorrupción del Consejo de Europa lleva varios años evaluando el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas a España y su conclusión más reciente es preocupante: la mayor parte de ellas siguen sin aplicarse plenamente. De las diecinueve recomendaciones emitidas en la quinta ronda de evaluación, únicamente una parte ha sido cumplida de forma parcial, mientras que varias permanecen completamente incumplidas, lo que ha llevado al GRECO a mantener un procedimiento reforzado de seguimiento sobre nuestro país.
Las críticas se concentran especialmente en los altos cargos del Gobierno central. El GRECO considera insuficientes las normas sobre integridad pública, prevención de conflictos de intereses, control de regalos, puertas giratorias y transparencia en la toma de decisiones. Reclama códigos de conducta más exigentes, mecanismos efectivos de supervisión y sanciones cuando dichas normas sean incumplidas.
Asimismo, insiste en la necesidad de regular con mayor transparencia las relaciones entre responsables políticos y representantes de intereses privados, reforzando la publicidad de reuniones y contactos.
Otro ámbito que suscita preocupación es la protección de los denunciantes de corrupción. Aunque España ha incorporado parcialmente la normativa europea en esta materia (y un órgano reciente), el GRECO entiende que todavía es necesario consolidar una verdadera cultura de protección para quienes comunican irregularidades dentro de las fuerzas del orden y las administraciones públicas.
El informe también analiza la situación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Reconoce algunos avances en materia de formación ética y prevención de riesgos, especialmente en la Guardia Civil, pero considera que aún quedan importantes reformas pendientes en materia disciplinaria, integridad institucional y mecanismos internos de denuncia.
En definitiva, el GRECO transmite una idea muy clara: España continúa reaccionando con lentitud, desarrollando proyectos normativos que con frecuencia quedan inacabados o cuya aplicación práctica resulta insuficiente.
Las reformas que España necesita
Los diagnósticos realizados por Bruselas y por el Consejo de Europa son ampliamente coincidentes. Ambos describen un problema que no puede resolverse únicamente endureciendo las penas o aprobando nuevas leyes. La verdadera batalla contra la corrupción se libra, sobre todo, en el terreno de la prevención, la transparencia y el fortalecimiento institucional.
En base a los anteriores diagnósticos de estos dos organismos supranacionales, las medidas prioritarias a adoptarse serían las siguientes:
- Aprobar un verdadero Estatuto de Integridad Pública que regule de forma rigurosa los conflictos de intereses, incompatibilidades, patrimonio y actividades de todos los altos cargos;
- Crear una Autoridad Independiente de Integridad con autonomía real, capacidad inspectora y potestad
- Implantar un registro obligatorio de grupos de interés, acompañado de la publicación sistemática de las reuniones mantenidas con responsables públicos;
- Reforzar la independencia del Ministerio Fiscal mediante procedimientos de nombramiento más transparentes y menos expuestos a la confrontación política;
- Culminar la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial conforme a los estándares europeos;
- Incrementar los recursos humanos y tecnológicos destinados a la Fiscalía Anticorrupción, a los órganos judiciales especializados y a las unidades policiales encargadas de investigar delitos económicos;
- Aumentar la transparencia en la contratación pública mediante plataformas digitales plenamente accesibles, trazabilidad completa de los expedientes y utilización de sistemas avanzados de detección de riesgos;
- Desarrollar programas permanentes de formación en ética pública para responsables políticos, altos funcionarios y cuerpos de seguridad;
- Impulsar evaluaciones periódicas e independientes sobre el grado de cumplimiento de todas estas reformas.
Ninguna de estas medidas resulta revolucionaria. Todas ellas vienen siendo recomendadas desde hace años por organismos internacionales especializados y muchas funcionan con éxito en otros países europeos.
Un gran Pacto de Estado contra la corrupción
La lucha contra la corrupción no puede convertirse en un arma arrojadiza entre partidos políticos. Cuando cada caso se utiliza únicamente para desgastar al adversario, las reformas estructurales terminan aplazándose indefinidamente. Mientras tanto, la confianza ciudadana continúa deteriorándose.
España necesita un gran Pacto de Estado por la Integridad Pública y contra la Corrupción, capaz de situar estas reformas fuera de la confrontación partidista. Un acuerdo amplio debería fijar compromisos estables, calendarios concretos y mecanismos objetivos de evaluación que trasciendan los cambios de gobierno.
La regeneración democrática exige instituciones fuertes, independientes y transparentes. Ninguna democracia consolidada puede permitirse convivir durante años con recomendaciones internacionales reiteradas que permanecen sin cumplir.
Los informes de la Comisión Europea y del GRECO no constituyen un reproche político, sino una llamada de atención institucional. Ambos recuerdan que la calidad democrática no depende únicamente de celebrar elecciones libres, sino también de garantizar que quienes ejercen el poder estén sometidos a controles eficaces, rindan cuentas de sus decisiones y actúen siempre bajo los principios de integridad, imparcialidad y transparencia.
España dispone de la experiencia, los recursos y el conocimiento necesarios para afrontar estas reformas. Lo que sigue faltando, en demasiadas ocasiones, es la voluntad política de convertir la lucha contra la corrupción en una verdadera política de Estado. Y esa es, probablemente, la mayor asignatura pendiente de nuestra democracia.