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  • Los juristas confirman que el cobro de indemnizaciones dependerá de la solvencia económica de las personas físicas o jurídicas que resulten condenadas.

La trama del Grupo El Salvador, fraude que se estima puede haber afectado a cerca de 6.000 féretros desde 1995, comienza a dar el salto al terreno judicial. Con la voluntad de unir fuerzas para reclamar en los tribunales nace la “Asociación Vallisoletana de Afectados por el Tanatorio El Salvador”, AVATES (www.afectadoselsalvador.com), que pretende informar a las posibles víctimas del engaño sobre las opciones de ver reparado el daño, y personarse ante la Justicia de manera individual y colectiva.

Las posibilidades de condena –lógicamente- son elevadas, si bien el cobro deriva de la responsabilidad civil de las personas físicas o jurídicas que, en su caso, resulten imputadas -y posteriormente condenadas- y de la solvencia de las mismas” responde María Duro, licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y socia del bufete Fenollera Abogados, a través del cual se canaliza la parte jurídica.

La idea es personarnos en los juzgados de forma individual, y también plantearlo como Asociación” responde Duro, que señala los objetivos: “Una vez personados accedemos a toda la información del sumario. Por un lado, se trata de informar a los asociados, y por otro investigar su caso concreto; hay muchas personas que tienen la necesidad de saber si están afectados o no”.

Esta especialista recuerda que “las empresas denunciadas a día de hoy continúan con su actividad, su volumen de facturación es y ha sido muy importante por lo que es de prever que puedan asumir, al menos en gran parte, la responsabilidad económica que se les pueda llegar a imponer”, y por ello anima a las personas afectadas a dar el primer paso, reunir la información de la que se disponga: “La documentación a recabar es distinta en función de si los servicios funerarios fueron prestados por una compañía aseguradora o si los mismos fueron contratados directamente por los particulares. Si han contratado una incineración con Grupo El Salvador recomendamos recabar toda la documentación, incluyendo el certificado de defunción y testamento o declaración de herederos, y contactar con la Asociación de afectados, ya que los trámites se simplificarán y les resultará económicamente más ventajoso”.

¿Qué documentos son importantes? “En el primero de los casos, habría que aportar una copia de la póliza y en el segundo, copia de contrato de prestación de servicios que se suscribiera con las empresas denunciadas y el justificante de pago” aclara Diego García, socio también de la firma, que indica que cada caso concreto debe ser estudiado de forma individual.

La Delegación de Gobierno anima a denunciar

La Policía Nacional está facilitando un modelo de denuncia que ha autorizado la Fiscalía con el fin de agilizar los trámites a los afectados. Desde Delegación del Gobierno animan a denunciar, iniciativa que comparten ambos socios: “Que no dejen de reclamar”.

Aunque de momento se trata de una calificación genérica y provisional, los delitos por los que inicialmente se sigue la causa son delitos continuados de estafa y falsedad, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El cauce principal es la personación en el procedimiento judicial penal-que ahora mismo se encuentra en fase de instrucción o de diligencias previas-; la responsabilidad civil se dilucida desde el mismo procedimiento penal sin tener que acudir a los juzgados de primera instancia para ello” informan desde Fenollera Abogados.

¿Qué puede conseguir el afectado?

Desde la Asociación afirman que “el interés económico no mueve a ninguna de las personas que están contactando con la asociación. No obstante, es nuestra obligación exigir responsabilidades y defender los derechos de los asociados hasta las últimas consecuencias”.

“Lo que se puede conseguir varía lógicamente en función del desembolso realizado y del perjuicio económico que se acredite con el cambio de ataúd -detalla María Duro-. La posible indemnización por daños y perjuicios, en principio daños morales, dependerá de la cuantificación del daño, debiendo determinarse si se fija en un tanto alzado por fallecido afectado o por medio de un informe pericial”.

Desde la Asociación Vallisoletana de Afectados por el Tanatorio El Salvador indican que ese informe pericial, en caso de ser necesario, “se encargaría de forma conjunta” para ahorrar a cada afectado “el coste económico que ello implica”. De igual forma, es importante identificar el patrimonio de los encausados con el fin de detectar posibles alzamientos de bienes futuros.

Para ello se establecerá “una mínima cuota para hacer frente a los gastos”, y que estos se compartan entre todos los afectados.

Sobre el cauce que pueden seguir estas demandas, Diego García considera que “puede estar abierta la vía administrativa de consumo, pero al estar judicializado el asunto, lo lógico es que los afectados sean derivados al procedimiento penal directamente. Ello, al margen de que pueda haber alguna asociación de consumidores que intente personarse en dicho procedimiento penal en calidad de acusación popular”, completa.

En definitiva, nos hallamos ante un movimiento asociativo, impulsado por los propios ciudadanos, que abre una nueva vía para llegar a saber la verdad sobre este suceso que tiene conmocionada a la ciudad de Valladolid.




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