La figura del facilitador para personas con discapacidad intelectual es clave para que comprendan lo que ocurre en los procedimientos jurídicos. Por eso, expertos de diversos ámbitos -incluida la Abogacía- reclamaron, en la jornada ‘Detección y valoración de necesidades de apoyo de personas con discapacidad intelectual en procedimientos judiciales’, organizada por Plena Inclusión, que esta figura se haga ya realidad.

El nuevo artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil reconoce e incorpora esta figura. Se trata de una innovación social para conseguir la ciudadanía plena de las personas con discapacidad y garantizar su acceso a la justicia. Por eso -subrayaron los participantes en la jornada- ahora es importante que se incorpore realmente en los procesos judiciales. Otra reivindicación fue la adaptación de las lecturas de derechos a lectura fácil. Por parte de la Abogacía Española participó Berta Álvarez, coordinadora de la Fundación Abogacía Española, que moderó la mesa sobre la ‘Detección de las necesidades de apoyo’.

Durante el seminario ‘Detección y valoración de necesidades de apoyo de personas con discapacidad intelectual en procedimientos judiciales’ también se presentaron el Protocolo de actuación del facilitador y la Propuesta de desarrollo profesional de la figura del facilitador procesal. Además, se dio a conocer Capalist, una herramienta para evaluar la capacidad de una persona para testificar durante un proceso judicial.

Para desarrollar plenamente la figura del facilitador, también se recalcó la importancia de identificar a las personas con discapacidad intelectual, porque la falta de reconocimiento significa la denegación de los ajustes de procedimiento. Según FADEMGA -Plena Inclusión Galicia, entre el 60 y el 70% de las personas con discapacidad intelectual no la tienen detectada.