Carmen Varela Abogados de familia
Carmen Varela Álvarez
Abogada especializada en Derecho de Familia nacional e internacional
Una oferta profesional en otro país, una nueva pareja, el deseo de regresar al lugar de origen o, simplemente, la necesidad de contar con una red familiar que ya no existe en España pueden llevar a un progenitor separado a plantearse un traslado al extranjero con sus hijos. Es una situación cada vez más habitual en familias internacionales y también una de las más difíciles de resolver porque enfrenta dos intereses perfectamente legítimos: el derecho de un adulto a reorganizar su vida después de una ruptura y el derecho de los hijos a mantener su estabilidad y una relación real con ambos progenitores.
Cuando una pareja se separa, muchas decisiones que hasta entonces se tomaban conjuntamente pasan a convertirse en motivo de conflicto. Cambiar de residencia es una de ellas. Mientras no existen hijos menores, cada persona puede decidir dónde quiere vivir. Pero cuando los hay, trasladarse uno mismo y trasladar también a los hijos son decisiones jurídicas completamente distintas. El cambio de país puede afectar al colegio, a las amistades, a la familia extensa, a la lengua, a las rutinas y, sobre todo, a la relación cotidiana con el progenitor que permanece aquí. Por eso no estamos hablando únicamente de dónde vivirá mejor el padre o la madre, sino de cómo va a desarrollarse la vida del menor después de esa decisión.
Una de las confusiones que encontramos con cierta frecuencia es pensar que quien tiene atribuida la guarda puede decidir unilateralmente dónde residirán los hijos. No es así. La guarda y el ejercicio de la potestad parental son cuestiones diferentes. En Cataluña, el Código civil exige el consentimiento de ambos progenitores —o, a falta de acuerdo, autorización judicial— cuando el cambio de domicilio aparta al menor de su entorno habitual. El Código Civil común recoge igualmente que la determinación de la residencia habitual del menor requiere el consentimiento de ambos progenitores o resolución judicial en caso de desacuerdo. Tener la guarda individual no supone, por tanto, tener también la facultad de trasladar a los hijos a otro país sin contar con el otro progenitor.
Ahora bien, tampoco considero correcto partir de la idea contraria y entender que quien se opone al traslado debe conseguir automáticamente que los hijos permanezcan donde están. Un progenitor puede tener razones muy serias para marcharse: una oportunidad laboral que no existe aquí, la ausencia absoluta de apoyo familiar, unas mejores condiciones económicas o el deseo de regresar a su país después de una ruptura. Y quien se opone puede hacerlo, no para controlar a su expareja, sino porque sabe que dejará de ver a sus hijos dos o tres veces por semana para pasar a verlos únicamente durante determinados períodos vacacionales. En muchas ocasiones no hay un progenitor que tenga razón y otro que no la tenga. Hay dos proyectos de vida incompatibles y unos hijos cuyas necesidades deben situarse en el centro de la decisión.
El problema de la distancia
Precisamente por eso, un procedimiento de relocation no puede construirse exclusivamente explicando por qué el traslado es conveniente para el adulto: que exista un mejor salario, una vivienda más amplia o una nueva relación sentimental puede ser relevante, pero no basta; lo que hay que explicar es qué implicará ese cambio para el menor: dónde vivirá, a qué colegio acudirá, qué red familiar tendrá, cómo se adaptará, cuál es su vínculo actual con cada uno de sus progenitores y, especialmente, cómo podrá mantenerse de forma efectiva la relación con quien permanece en España.
Y aquí creo que a veces somos demasiado optimistas con las nuevas tecnologías pues las videollamadas son una herramienta magnífica y han facilitado muchísimo las relaciones familiares a distancia, pero no sustituyen la convivencia; hablar veinte minutos por una pantalla no equivale a acompañar a un hijo al colegio, cenar con él, ayudarle con los deberes o compartir espontáneamente su día a día. Por eso, cuando se propone un traslado internacional, el régimen de relaciones con el otro progenitor debe ser realista y analizar las distancias, los vuelos, los costes, los horarios escolares, las diferencias horarias y la edad de los menores. Un sistema que resulta razonable entre Barcelona y París puede ser completamente inviable entre Barcelona y Miami.
Hay además una cuestión sobre la que creo que deberíamos reflexionar más: quién soporta físicamente las consecuencias del traslado. Con frecuencia diseñamos regímenes en los que son los hijos quienes pasan vacaciones viajando de un país a otro, soportando aeropuertos, vuelos largos y cambios horarios para mantener el contacto con el progenitor que se quedó. Naturalmente, esos desplazamientos pueden ser necesarios, pero no debería darse por supuesto que toda la carga recaerá sobre los menores. En determinados casos también debe valorarse que sea el adulto quien se desplace pues el derecho de los hijos a mantener relaciones familiares no debería convertirse en la obligación de pasar buena parte de sus vacaciones viajando para hacer posible una decisión adoptada por los mayores.
Contar con la opinión de los hijos
La opinión de los hijos también deberá ser tenida en cuenta cuando tengan suficiente madurez. La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor reconoce expresamente su derecho a ser oídos en los procedimientos que les afectan. Pero escuchar a un hijo no significa pedirle que elija entre sus padres pues no podemos trasladarle esa responsabilidad ya que un adolescente puede querer marcharse porque le atrae la idea de vivir en otro país y, al mismo tiempo, sentir miedo a alejarse de su padre o puede preferir quedarse porque no quiere abandonar a sus amigos y no porque rechace a su madre o, incluso, puede decir aquello que cree que uno de sus progenitores necesita escuchar. Por eso no basta con preguntarle qué quiere sino que hay que intentar comprender por qué lo quiere y qué consecuencias reales tendrá para él.
El problema se agrava extraordinariamente cuando uno de los progenitores decide trasladarse primero y discutir después, pues si el cambio internacional de residencia se produce sin el consentimiento necesario del otro progenitor o sin autorización judicial, puede llegar a constituir un traslado ilícito a efectos del Convenio de La Haya de 1980, siempre que concurran sus presupuestos. Y entonces dejamos de estar únicamente ante una discusión sobre dónde deberían vivir los hijos para entrar en un procedimiento internacional de restitución, cuya finalidad no es decidir definitivamente la custodia, sino determinar si el menor debe regresar al Estado en el que tenía su residencia habitual antes del traslado. Dentro de la Unión Europea, además, el Convenio se complementa con el Reglamento (UE) 2019/1111.
Por eso siempre aconsejo lo mismo: primero asesorarse y después actuar. Irse unilateralmente pensando que más adelante se regularizará la situación puede convertirse en un error jurídico enorme y, lo que es peor, generar un conflicto familiar muy difícil de reparar.
También creo que estos procedimientos se plantean en ocasiones de manera demasiado binaria: o el niño se marcha o el niño se queda. Antes de llegar a ese punto deberían explorarse otras posibilidades ya que cuando existe margen para negociar y no concurren situaciones de violencia o desequilibrio que lo desaconsejen, un buen acuerdo puede ser mucho mejor que una sentencia porque permite adaptar la solución a las particularidades reales de esa familia.
Al final, todo vuelve al mismo concepto: el interés superior del menor que no debería convertirse en una frase vacía que cada progenitor utiliza para justificar lo que ya ha decidido hacer. El interés del menor exige bajar a los hechos: su edad, su estabilidad, sus vínculos, su entorno, su relación con cada progenitor, sus necesidades educativas y emocionales y las consecuencias previsibles de cada alternativa. Dos familias aparentemente iguales pueden necesitar soluciones completamente diferentes.
Después de muchos años trabajando con familias internacionales, quizá lo más difícil de explicar sea que el progenitor que quiere marcharse puede tener razones legítimas y quien quiere que sus hijos se queden también. La separación obliga muchas veces a rehacer el trabajo, la vivienda, la economía e incluso el proyecto personal de cada uno. Pero los hijos no deberían convertirse en quienes soporten de forma automática todas esas decisiones.
Rehacer la propia vida después de una ruptura es legítimo. Lo que exige el Derecho de familia es algo más complejo: hacerlo intentando no deshacer, al mismo tiempo, la vida y los vínculos de nuestros hijos.
Y esa es, probablemente, la verdadera dificultad de cualquier relocation internacional.