La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha expresado su apoyo público a los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz después de que varios miembros del Gobierno y otros dirigentes políticos lanzaran graves descalificaciones contra ellos por la sentencia que condena a David Sánchez, al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y a otros acusados por un delito de prevaricación administrativa.
La resolución, unánime y motivada en 377 páginas, también absuelve a los acusados del delito de tráfico de influencias al no quedar acreditado. Desde la asociación recuerdan que, como cualquier fallo judicial, la sentencia es susceptible de revisión mediante los cauces legalmente establecidos.
Críticas políticas y respuesta de la asociación
La AJFV denuncia un patrón que, según la organización, se repite “con demasiada frecuencia”: cuando una resolución judicial resulta incómoda para determinados responsables políticos, en lugar de recurrir a argumentos jurídicos o a los mecanismos previstos en la ley, se opta por desacreditar a los jueces, cuestionar su imparcialidad y proyectar sospechas sobre toda la carrera judicial.
La asociación considera que este tipo de reacciones es incompatible con el respeto institucional y supone un riesgo para la confianza ciudadana en el sistema judicial. “Convertir cada resolución que contraría intereses partidistas en una excusa para poner en cuestión la independencia judicial es una práctica injusta y peligrosa”, señalan.
Riesgo para la confianza en la justicia
La AJFV advierte de que estas descalificaciones no solo afectan a los magistrados implicados, sino que erosionan la credibilidad de una institución esencial para el funcionamiento democrático. Difundir sospechas infundadas sobre los jueces, insisten, no contribuye a defender el Estado de Derecho, sino que alimenta su deterioro.
La asociación recuerda que la crítica a las resoluciones judiciales es legítima en un Estado democrático, pero subraya que debe realizarse con rigor, respeto institucional y dentro de los cauces jurídicos previstos, evitando atribuir intenciones espurias sin fundamento.