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Cuando en una vivienda alquilada surge la necesidad de hacer una reforma, una duda importante que hay que resolver antes siquiera de pedir presupuesto es: ¿quién tiene que pagarla? 

Propietario e inquilino no siempre tienen las mismas expectativas, sobre todo si es costosa, y no es raro que aparezcan conflictos por desconocimiento de la normativa.

La regulación básica se encuentra en la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (LAU). Esta ley distingue entre distintos tipos de obras y establece quién debe asumir el coste en cada caso. Y es que tener clara esa diferencia es clave para evitar problemas.

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