Rafael Ariño, abogado experto en Derecho Público; Miguel Angel Carrillo presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Jose Luis Belmonte, Economista y Esther Mocholi, diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacia, frente al Congreso de los Diputados, tras haber presentado su solicitud de ILP sobre este tema Ha pasado ya un año desde la DANA de 2024, una tragedia que volvió a recordarnos hasta qué punto somos vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos. En aquellos días, España mostró una capacidad ejemplar de solidaridad: miles de voluntarios, donantes, cocineros, cuerpos de emergencia y entidades sociales se movilizaron para ayudar a los afectados. Esa ola de generosidad debería mantenerse viva, porque hoy tenemos la oportunidad de lograr algo aún más importante que socorrer a las víctimas: evitar que vuelvan a producirse nuevas desgracias, actuando con previsión, inversión y planificación.
No soy ingeniero ni técnico, pero no hace falta serlo para comprender que en España existe un problema grave con la gestión del agua. Si permanecemos pasivos esperando a que las Administraciones lo resuelvan por sí solas, antes o después volveremos a lamentar otra tragedia. Ya hemos comprobado lo que podemos esperar de ellas.
Es inadmisible que, mientras tres cuartas partes del país están amenazadas por un imparable proceso de desertificación, más de tres millones de personas vivan en zonas con alto riesgo de inundación. A ello se suma que las canalizaciones pierden de media alrededor del 13 % del agua que transportan, alcanzando en algunas regiones valores de hasta el 25 %, incluso en territorios con estrés hídrico severo (dato de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento).
A raíz de la terrible DANA de 2024, inicié un proceso de reflexión del que surgió esta iniciativa. Al contactar con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, confirmé mi primera intuición: las medidas necesarias para reducir los riesgos derivados de riadas y sequías estaban perfectamente identificadas, priorizadas y presupuestadas.
Era, por tanto, una mera cuestión de voluntad política llevarlas a cabo. El propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha venido recogiendo, legislatura tras legislatura, en sus Planes Hidrológicos, una serie de actuaciones que, de haberse ejecutado, sin duda habrían salvado vidas.
Jose Luis Belmonte Puig, Economista y uno de los promotores de esta ILP
Por ello, junto a Rafael Ariño, abogado especialista en Derecho Público, Ester Mocholi, diputada de la Junta de Gobierno del ICAM; Miguel Angel Carrillo presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Jose Luis Belmonte y un servidor decidimos promover, mediante el procedimiento de Iniciativa Legislativa Popular (ILP), una modificación del artículo 14 de la Ley de Aguas, que establece los principios rectores de la política de aguas en España.
Su principal virtud es su sencillez: se limita a tres medidas esenciales:
- Proteger expresamente la vida humana, ya que el texto actual protege la ordenación del territorio, el medio ambiente y la restauración de la naturaleza, pero adolece de esa omisión esencial.
- Garantizar una inversión suficiente para prevenir y mitigar los riesgos derivados de sequías e inundaciones.
- Reforzar el componente técnico de los cargos de las administraciones públicas competentes en la materia, limitando los nombramientos de carácter político y priorizando los perfiles profesionales cualificados
Los daños económicos anuales ocasionados por riadas en España ascienden, de media, a unos 800 millones de euros, sin incluir los producidos por la DANA de 2024. La inversión en infraestructuras y soluciones hídricas ha demostrado ser rentable en términos económicos; solo es necesario priorizarla
Es imprescindible que la sociedad entera se movilice firmando esta Iniciativa Legislativa Popular, para llevar al Parlamento una modificación tan sencilla, tan de sentido común y tan desprovista de ideología.
Necesitamos 500.000 firmas antes del 24 de febrero de 2026
Carecemos de presupuesto para campañas publicitarias, y de infraestructura para instalar suficientes mesas de recogida de firmas. Por ello, debe ser la sociedad civil quien asuma como propio este instrumento que ponemos a su alcance y supla esa falta de medios de la siguiente manera:
- Firmando digitalmente con el certificado de la FNMT en nuestra web: www.ilpleydeaguas.com
- Solicitando, desde esa misma web, pliegos de firmas (que se envían por correo al domicilio) para recoger apoyos en su entorno.
- Animando a otros firmantes a convertirse en nuevos colaboradores, ampliando así la red de recogida de firmas.
- Difundiendo la iniciativa por todos los medios a su alcance.
- Empresas, entidades o mecenas pueden sufragar el coste de campañas informativas o de divulgación.
- Facilitando la recogida de firmas en locales propios —comercios, parroquias, farmacias, clubes deportivos, asociaciones—. Los puntos de firma se publicarán en la web para información de la ciudadanía.
- Cualquier otra acción destinada a promover la recogida de firmas será igualmente bienvenida.
También pueden colaborar personas de reconocido prestigio e influencia pública que deseen abanderar la ILP y contribuir a su difusión.
Es hora de tomar las riendas de nuestro futuro, para que la próxima gran DANA (o sequía) nos encuentre preparados, y no tengamos que lamentar que tuvimos la ocasión de cambiar las cosas y miramos hacia otro lado.