Pocas cuestiones del juego online han generado tanto debate jurídico en los últimos años como las promociones. El Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, nació con una de las regulaciones más restrictivas de Europa en esta materia. Cuatro años después, el Tribunal Supremo anuló una parte relevante de ese régimen. Conviene repasar qué cayó, qué sigue en vigor y qué implica para el usuario que hoy recibe la oferta de un bono.
El punto de partida: Ley 13/2011 y RD 958/2020
La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, estableció que solo los operadores con título habilitante otorgado por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) pueden ofrecer juego online a residentes en España. Sobre esa base, el RD 958/2020 desarrolló el régimen de la publicidad y las promociones. Su artículo 13, dedicado a las actividades de promoción, limitaba en su redacción original las promociones dirigidas a captar nuevos clientes.
Lo que anuló el Tribunal Supremo
En abril de 2024, a raíz del recurso interpuesto por la asociación del sector del juego digital, la Sala Tercera del Tribunal Supremo declaró la nulidad de varios preceptos del real decreto. Entre ellos, los apartados 1 y 3 del artículo 13, relativos a las promociones dirigidas a nuevos clientes. Así consta hoy en el texto consolidado del Real Decreto 958/2020 publicado en el BOE, que remite a la sentencia de 2 de abril de 2024 y a otra posterior, de 19 de abril, en el mismo sentido. La sentencia anuló también otros preceptos sobre publicidad, como algunos relativos a personajes famosos y a redes sociales.
El efecto práctico es que los operadores con licencia pueden volver a ofrecer promociones de bienvenida. Pero la anulación no dejó un vacío: el resto del artículo sigue vigente.
Lo que sigue en vigor: transparencia obligatoria
El apartado 4 del artículo 13 establece que las comunicaciones comerciales de las promociones no pueden trasladar una percepción falsa o equívoca de gratuidad, no pueden incluir testimonios de beneficiarios previos y no pueden basarse en la habilidad del jugador. Además, deben informar de forma clara y transparente, cuando resulte aplicable, de:
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la cuantía mínima del depósito para acceder a la promoción;
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la cantidad que debe jugarse, o el número de veces que hay que apostar, para disponer sin restricciones del bono y de sus ganancias;
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el plazo máximo para liberar la ventaja económica;
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la naturaleza de la promoción: si es dinero retirable o dinero para apuestas.
El apartado 5 añade que el resto de condiciones debe estar disponible en la web o aplicación del operador antes de contratar la promoción y durante todo su disfrute: importes máximos de apuesta, límites a las ganancias, cuota mínima, forma de cancelación anticipada y medios de pago admitidos, entre otras.
También se mantiene el apartado 2, que prohíbe dirigir promociones a personas autoexcluidas o identificadas como jugadores con comportamiento de riesgo, y el apartado 8, que impide enviar promociones personalizadas mientras el usuario pueda cancelar una retirada solicitada.
Qué significa esto para quien recibe un bono "sin depósito"
Los bonos sin depósito son el ejemplo más claro de por qué la norma insiste en la percepción de gratuidad. Que no exijan un ingreso inicial no significa que las ganancias sean libremente retirables: lo habitual es que existan requisitos de apuesta, un plazo y un límite de ganancias. La norma obliga a que todo ello esté a la vista; al usuario le corresponde leerlo.
Para facilitar esa lectura existen recursos que recopilan los bonos sin depósito de casinos con licencia y desglosan sus condiciones de forma homogénea, lo que permite comparar requisitos de apuesta y plazos entre operadores autorizados.
Tres comprobaciones antes de aceptar
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Que el operador figure en el buscador oficial de la DGOJ y opere bajo dominio .es.
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Que las cuatro informaciones del apartado 4 aparezcan junto a la oferta o, en espacios reducidos, mediante un enlace directo y claramente identificado.
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Que las condiciones no puedan alterarse unilateralmente durante el disfrute de la promoción. El propio artículo 13 recuerda que cumplir sus requisitos no impide que una cláusula concreta pueda considerarse abusiva.
Conclusión
La sentencia del Supremo devolvió a los operadores margen para captar clientes con promociones, pero mantuvo intacta la obligación de transparencia. Para el usuario, la regla práctica no cambia: un bono es un contrato con condiciones, y conviene leerlas antes de aceptarlo.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad: ordenacionjuego.es.