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  • Un año después de la firma del tratado de la Unión Europea con Turquía, la Abogacía reitera su absoluta oposición a un acuerdo que no sólo no ha solucionado ningún problema real, sino que ha agravado el marco de incertidumbre e indefensión de los miles de personas afectadas.

A día de hoy, “el acuerdo de la Vergüenza” sigue en vigor a pesar de las inevitables disputas surgidas para su implementación, de los numerosos sucesos que han afectado a la relación entre ambas partes y de las masivas críticas hacia su insostenibilidad por parte de instancias internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Además, la Unión Europea ha decidido continuar con su aplicación y eludir cualquier responsabilidad sobre sus consecuencias. El pasado 28 de febrero de 2017 el Tribunal General de la UE dictó tres autos en los cuales se declaraba incompetente para resolver los recursos interpuestos por tres solicitantes de asilo que buscaban amparo ante la posibilidad de ser devueltos a Turquía como consecuencia de la aplicación de la “Declaración UE-Turquía”. En dichos autos el Tribunal concluye que el acto denominado “Declaración UE-Turquía” no fue adoptado por ninguna de las Instituciones Europeas, y por tanto no tiene competencia para revisar su legalidad.

A juicio del Tribunal, y a la vista de la información aportada por el Consejo Europeo, las reuniones mantenidas sucesivamente en 2015 y 2016 por los Jefes de Estado con su homólogo turco demuestran que no es la Unión, sino sus Estados miembros quienes llevaron a cabo las negociaciones con Turquía para poner freno a la crisis migratoria, con independencia de que dicha Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016 fuera difundida a través de un comunicado de prensa por el propio Consejo.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 14.267 personas fueron interceptadas cruzando de Turquía a Grecia entre marzo y diciembre de 2016. Sin embargo, sólo 800 personas fueron devueltas en aplicación del Acuerdo, quedando las demás atrapadas en las islas griegas. Desde esa fecha “miles de personas han quedado varadas en un limbo peligroso, desesperado, y aparentemente interminable en las islas griegas” según informa Amnistía Internacional y se han producido devoluciones de solicitantes de asilo a Turquía, en flagrante violación de los derechos que amparan a estas personas en virtud del derecho internacional.

En realidad, el acuerdo solo ha servido para bloquear el acceso a Europa desde Turquía y modificar la ruta migratoria. Desde marzo de 2016, muchas más personas que deseaban llegar al viejo continente buscando asilo y refugio optaron por hacerlo desde las costas norteafricanas, y así emprendieron un trayecto aún más peligroso que el anterior. Las cifras, también según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), son escalofriantes: desde marzo de 2016 hasta el día de hoy, 5.623 personas han perdido la vida en el Mediterráneo, en comparación con las 3.784 de 2015. Es innegable la relación causa efecto entre el Acuerdo UE-Turquía y el incremento de migrantes ahogados en el Mediterráneo.

La utilización de facto de Turquía, por parte de Europa, como policía de sus fronteras exteriores tiene graves consecuencias que no podemos ignorar. Debemos cuestionarnos si los valores de la UE de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los Derechos Humanos, tal y como se declara en el Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, son una realidad o son solo palabras.

 




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