Madrid, 9 dic (EFE).- La Abogacía Española ha afirmado que la sentencia del Tribunal Supremo que condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, refuerza la importancia de la confidencialidad en casos en los que se negocia un acuerdo, como recoge el protocolo firmado entre este organismo y la Fiscalía y como ha venido demandando el Consejo General de la Abogacía
En un comunicado publicado este martes, el órgano que coordina los colegios de abogados de toda España subraya que la sentencia del Supremo defiende que "sin confidencialidad, el pacto de conformidad se aleja de su propia naturaleza y puede generar, en el caso de difusión, un irreparable perjuicio para el justiciable".
Para la Abogacía, esta resolución "destaca la importancia clave del protocolo firmado por la propia Fiscalía con el Consejo General de la Abogacía Española en el año 2009".
Subraya que tanto ese protocolo como la instrucción interna de la Fiscalía que derivó del mismo "imponen al fiscal un deber de confidencialidad, incluso cuando esa negociación (tendente a evitar la celebración del juicio) se sitúa en el vestíbulo del juicio oral", de modo que "banalizar" ese deber "distancia de manera irreparable el proceso penal de sus fuentes legitimadoras”.
La Abogacía añade que los magistrados del Supremo refuerzan así la demanda realizada por el Consejo General de la Abogacía Española, que cuando se produjeron los hechos juzgados "reclamó de la Fiscalía General del Estado un diálogo para reforzar el protocolo y garantizar su cumplimiento".
Y recuerda que tras el anuncio del fallo hace unas semanas el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, "volvió a reclamar una revisión en profundidad del protocolo de conformidades, de forma que las garantías de confidencialidad queden plenamente garantizadas en todos los tribunales españoles".
El Tribunal Supremo ha hecho pública este martes -19 días después de adelantar el fallo- la sentencia en la que impone a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados, y que cuenta con el voto particular de dos magistradas, que apoyaban la absolución.
Los magistrados sustentan la condena tanto en la filtración a la prensa del correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso como en la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024.