La minería chilena opera con una red intensiva de proveedores, contratos y procesos de abastecimiento. Según Cochilco, 26 operaciones mineras que representan el 96% de la producción de cobre reportaron un gasto de US$23.147 millones en adquisición de insumos durante 2023.
Sin embargo, mientras la industria mide productividad, costos, seguridad, energía y desempeño operacional, la gestión legal asociada a contratos y procurement muchas veces sigue operando bajo modelos tradicionales, con revisiones manuales, criterios poco estandarizados y baja trazabilidad.
A nivel internacional, las empresas están recurriendo a modelos alternativos de servicios legales y sistemas automatizados para enfrentar más demanda con recursos limitados. Los modelos alternativos corresponden a empresas que con fórmulas distintas en uso de metodologías, tecnologías y composición de equipos, prestan soporte en el diseño, implementación y ejecución continua de sistemas de contratación. El reporte “State of the Industry Report” 2025 de CLOC (uno de los gremios más influyentes del mundo en la gestión de operaciones legales) reportó que el 83% de los departamentos legales espera mayor demanda y que el 63% identifica la carga de trabajo y la capacidad de recursos como su principal desafío.
La experiencia internacional demuestra que la solución no es reemplazar a las firmas tradicionales ni a los equipos internos, sino distribuir mejor la demanda legal: temas estratégicos y de alto riesgo para especialistas; procesos repetitivos, de volumen, complejidad variada pero estandarizables, se llevan a modelos más eficientes apoyados en talento, procesos y tecnología — es lo que denominamos el right sourcing.
Andrés Jara, CEO de Alster
“La minería es una industria que mide y optimiza prácticamente todo: productividad, costos, seguridad, energía, abastecimiento y desempeño de proveedores; sin embargo, muchas veces la gestión legal asociada a contratos y procurement sigue operando bajo modelos tradicionales, con procesos poco trazables y difíciles de escalar”, señala Andrés Jara, abogado y fundador de Alster, firma de servicios legales alternativa (ALSP) experta en la aplicación de tecnología e innovación en los procesos legales.
“En una operación donde existen cientos o miles de contratos, anexos, órdenes de compra o servicio, comunicación, claims y revisiones recurrentes, no todo requiere el mismo nivel de especialización ni el mismo tipo de proveedor legal. La clave está en segmentar la demanda: reservar la alta especialización para los asuntos críticos y gestionar los procesos estandarizables con modelos más eficientes, tecnología y trazabilidad. Si procurement debe responder a la velocidad del negocio minero, el área legal no puede ser quien frene el proceso: la pregunta no es si se necesita menos rigor jurídico, sino cómo se organiza mejor la demanda legal; esa conversación ya está ocurriendo en el mundo, y la minería chilena no puede quedar fuera”, agregó Jara.
En minería, donde procurement y abastecimiento son funciones críticas, mejorar la gestión legal-contractual puede reducir fricciones, acelerar ciclos de revisión, mejorar trazabilidad y liberar tiempo de los equipos internos para asuntos de mayor complejidad e impactar en reducir el riesgo de relaciones no reguladas o directamente impacto financiero.
En este escenario, el desafío para la gran minería no está solo en seguir optimizando la operación, sino también en mirar aquellos procesos que sostienen el negocio y que muchas veces quedan fuera del radar de eficiencia. La gestión legal asociada a contratos, proveedores y abastecimiento es uno de ellos.
Ordenar la demanda, distinguir entre asuntos estratégicos esporádicos y procesos habituales del negocio, estandarizar criterios y sumar tecnología puede permitir a las compañías reducir fricciones, mejorar tiempos de respuesta y liberar capacidades internas para los temas de mayor complejidad.
En una industria donde cada proceso se mide, la función legal también comienza a ser parte de la conversación sobre productividad.