Desde abril de 2025 hemos presentado, y nos han admitido, más de 25 demandas de responsabilidad extracontractual de la Unión Europea ante el Tribunal General. La mayoría nacen del mismo lugar: años de temporalidad estructural en los servicios públicos y la convicción de que la vía europea puede —y debe— ofrecer una tutela real y efectiva. Lo digo con toda la prudencia del oficio: es probable que hoy sea el abogado español con más demandas vivas de este tipo. No es una medalla; es una responsabilidad con nombre y apellidos: los interinos.
De qué van estas demandas (y por qué ahora)
La base es clara: cuando una institución de la UE, por acción u omisión, provoca un perjuicio a particulares protegidos por el Derecho de la Unión, responde. La temporalidad abusiva no es una anécdota administrativa; es un incumplimiento sostenido que erosiona derechos y carreras profesionales.
¿Y por qué ahora? Porque el tiempo —que debería ser neutral— se ha convertido en factor de daño: cada año de precariedad añade capas de incertidumbre, oportunidades perdidas y decisiones vitales forzadas.
Qué pedimos exactamente
Pedimos lo que corresponde en una acción de responsabilidad:
- Daño emergente: el coste directo de años encadenando nombramientos temporales.
- Lucro cesante: el salario, trienios, carrera y derechos económicos no percibidos por no tener la estabilidad debida.
- Daño moral: el impacto continuado en la vida de quienes sostienen servicios esenciales sin horizonte cierto.
No se trata de “subvencionar” expectativas: se trata de reparar donde una protección europea debió funcionar antes y mejor.
Dónde estamos viendo más casos
Los grandes nodos, para nosotros, son Educación y Justicia, por volumen y por cómo la temporalidad se ha “normalizado”. Pero el patrón se repite en Sanidad, Administración General y entes instrumentales. Hay diferencias organizativas, sí, pero el núcleo del problema —el uso recurrente de vínculos temporales para cubrir necesidades permanentes— es el mismo.
Qué está pasando en los tribunales europeos
La foto procesal tiene una novedad positiva: las admisiones llegan con una celeridad inédita. Hemos pasado de tiempos de espera de varios meses a plazos sensiblemente más cortos —en algunos expedientes, cuestión de días—. Eso no garantiza el desenlace, pero sí indica que los planteamientos son jurídicamente serios y merecen ser examinados en fondo.
¿Todo es cuesta abajo? No. También recibimos señales que nos obligan a afinar: la jurisdicción europea recuerda que la Comisión, cuando supervisa incumplimientos estatales, tiene márgenes de apreciación amplios y que no basta con denunciar una situación estructural; hay que demostrar con precisión tres cosas: (1) que había un deber de actuar con un estándar de diligencia exigible; (2) que ese deber se incumplió de forma claramente reprochable; y (3) que de esa inacción se siguió, de manera directa, el daño que reclamamos. Dicho llanamente: no vale el “todo está mal”; hay que recorrer el camino de causalidad paso a paso.
Cómo estamos reforzando los casos (metodología práctica)
Hemos convertido esa exigencia en método de trabajo:
- Cronogramas probados. Rehacemos la línea de tiempo: denuncias, comunicaciones, reuniones, informes, periodos de silencio y ventanas de oportunidad en las que una actuación diligente habría prevenido daño.
- Pérdida de oportunidad, con números. No es un comodín retórico: si con una intervención razonable y en plazo las administraciones habrían aplicado medidas efectivas (o disuasorias), cuantificamos la probabilidad concreta de haber evitado o reducido el perjuicio.
- Prueba pericial del impacto. El daño moral y el desgaste profesional no se “cuentan” con adjetivos; se modelizan: rotación de contratos, retrasos en carrera, salarios medios comparables, afectación en cotizaciones y en la salud (cuando procede).
- Estándar de buena administración. Aterrizamos cómo la falta de respuesta oportuna y coherente quiebra expectativas legítimas y vulnera la confianza que protege el Derecho de la UE.
- Estrategia por colectivos. No todo caso vale todo argumento: docentes con plazas estructurales tienen una lógica; funcionarios interinos de Justicia, otra. Ajustamos la pretensión —y la prueba— al ecosistema de cada sector.
La dimensión humana (y sindical)
No llegamos hasta aquí solos. La confianza de las personas interinas —y el empuje de organizaciones como CGT, PINDOC y Somos Sindicalistas— han sido decisivos para sostener el pulso y la agenda. Detrás de cada demanda hay un equipo que ordena documentación, verifica hechos, contrasta datos públicos y construye una narrativa jurídica honesta. Y, sobre todo, hay historias que explican por qué la estabilidad no es un privilegio, sino la condición de posibilidad para que el servicio público funcione.
Una nota personal (lo que me enseñó este litigio)
Quien se dedica a esto, aprende a escuchar antes que escribir. Porque no estamos pidiendo un “atajo” para nadie; estamos exigiendo la aplicación del estándar europeo: si un puesto es estructural, estabilidad; si se ha negado durante años, remedios efectivos.
También se aprende a persistir. El primer revés procesal no es una pared; es un espejo que te obliga a mejorar. Afinas el nexo causal, limpias el exceso retórico y vuelves con más datos.
Y se aprende a traducir. La sala no necesita heroísmo; necesita hechos verificables y derecho aplicable. Si algo está funcionando, es precisamente esa traducción: del dato al derecho.
Qué viene ahora
- Más precisión causal: demostrar con evidencia que una actuación diligente y en tiempo habría cambiado la trayectoria del daño.
- Periciales robustas: no solo cuánto se perdió, sino cómo y cuándo se perdió; y qué parte era evitable.
- Escalabilidad: convertir la experiencia acumulada en plantillas probatorias por sectores (Educación, Justicia, Sanidad…) para no reinventar la rueda en cada expediente.
- Coherencia comunicativa: explicar —también fuera de los juzgados— que la reclamación no es contra “la función pública”, sino a favor de que funcione bien y cumpla con la Unión.
Llamada a la profesión (y a las Administraciones)
A la abogacía: este camino es transitable si se hace con rigor. Exige paciencia, sí, pero abre una grieta por la que entra el aire de la tutela europea.
A las Administraciones: no hay atajos. La solución sostenible no es esperar a que los tribunales impongan indemnizaciones, sino ordenar plantillas, estabilizar lo estabilizable y reservar la temporalidad para lo que realmente es temporal. Es más barato —y más justo— prevenir que pagar.
Cierro como empecé: hoy podemos decir que hay una estrategia en marcha y que su recepción inicial es seria. Seguiré informando de cada hito relevante. No por afán de titulares, sino porque cada avance procesal se traduce en algo muy concreto: más seguridad jurídica para todos.
