El régimen impositivo del Principado descansa en tres pilares fundamentales que presentan diferencias sustanciales respecto a los estándares comunitarios: el IRPF, el Impost General Indirecte (IGI) y el Impuesto sobre Sociedades. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el sistema es progresivo pero cuenta con un techo muy contenido: los primeros 24.000 euros anuales tributan al 0%, el tramo comprendido entre los 24.000 y los 40.000 euros soporta un 5%, y las rentas que superan los 40.000 euros liquidan un tipo máximo del 10%. A este cuadro se suma la inexistencia de un gravamen sobre el patrimonio.
En la imposición indirecta, el IGI actúa como el equivalente al IVA español, situando su tipo general en el 4,5% —frente al 21% aplicable en España—, contando además con tipos reducidos que van desde el 0% hasta un tipo incrementado del 9,5% para actividades bancarias y financieras. Por su parte, la tributación corporativa se fija en un tipo general del 10% para el Impuesto de Sociedades. No obstante, Òscar Segura Ortuño aclara que la comparativa no debe simplificarse a los números en frío y recalca que "la fama de Andorra viene de sus tipos bajos, y es merecida: su sistema fiscal es sencillo y competitivo. Pero conviene conocer el detalle —qué grava cada impuesto y con qué tramos— para no confundir titulares con realidad".
La advertencia principal del experto de Raich & Via radica en la validez jurídica del cambio de residencia. Trasladar la tributación a los valles pirenaicos exige una ruptura efectiva con la Administración tributaria del país de origen. En palabras del especialista, "para beneficiarte de esta fiscalidad hay que ser residente fiscal en Andorra de verdad: pagar poco allí no sirve de nada si sigues siendo residente fiscal en España". En el caso español, la normativa presume la residencia fiscal cuando se sobrepasan los 183 días de permanencia física en territorio nacional o cuando permanece en él el núcleo principal o la base de las actividades o intereses económicos del contribuyente.
Asimismo, desde el despacho Raich & Via insisten en desmontar los mitos operativos que rodean al traslado societario: facturar a través de una mercantil constituida en Andorra no basta si la dirección efectiva, los medios materiales y la toma de decisiones no están arraigados de manera indiscutible en el Principado. A ello se suma la obligación de computar las cotizaciones a la seguridad social andorrana (CASS), que completan la presión financiera real. Como concluye Òscar Segura Ortuño al valorar el impacto técnico de cualquier reubicación, "un tipo bajo aplicado a quien sigue siendo residente fiscal español no ahorra nada; genera contingencia", convirtiendo el rigor en la acreditación de la residencia en la única salvaguarda ante inspecciones tributarias transfronterizas.
VER POST
