- Hoy, 28 de abril, se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo Más de la cuarta parte de los trabajadores en las administraciones desconoce sus riesgos laborales, las enfermedades profesionales y sus derechos: más de dos tercios necesitan medicación para aguantar la jornada, según un estudio de CSIF
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las/os trabajadores sigue siendo una asignatura pendiente.
Bajo el lema “La prevención no se improvisa: necesita medios”, esta organización ha hecho público un manifiesto en el que advierte de que la salud laboral en España es un problema estructural por falta de recursos humanos, medios materiales y presupuesto específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención de riesgos laborales en administraciones y empresas en España.
Desde ese punto de vista, coincidiendo con la aprobación del proyecto de ley de la futura Ley de Prevención de Riesgos Laborales, CSIF advierte de que esta norma fracasará por falta de recursos e inversión.
De hecho, el Consejo de Ministros de este martes tiene previsto dar luz verde al anteproyecto que modifica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en coincidencia con la celebración del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
España afronta esta jornada con un balance de 104 personas trabajadoras fallecidas en los dos primeros meses del año, seis más que en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con los últimos datos, todavía provisionales, del Ministerio de Trabajo.
El Ministerio que encabeza Yolanda Díaz remitió a audiencia e información pública, a mediados de marzo, el anteproyecto de ley que actualiza la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 y el Reglamento de los Servicios de Prevención de 1997, con la finalidad de adecuarlos a las nuevas condiciones del mercado laboral.
Conforme al texto del anteproyecto, resultado del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y CCOO y UGT, las empresas deberán implantar, tras ausencias prolongadas por motivos de salud, procedimientos específicos de reincorporación al puesto, incluyendo la actualización de la formación preventiva en determinados casos.
Asimismo, la empresa estará obligada a garantizar a la plantilla la vigilancia de su salud física y mental, lo que implica prever la realización de pruebas y reconocimientos médicos específicos al inicio de la relación laboral, de forma periódica y tras periodos largos de baja por motivos de salud.
En términos generales, la reforma busca dar visibilidad a riesgos laborales cuya presencia ha ido en aumento, como los vinculados a factores psicosociales, los derivados del cambio climático y del trabajo a distancia, así como los relacionados con deficiencias en la desconexión digital.
Al mismo tiempo, se pretende incorporar de forma efectiva la perspectiva de género en la gestión de la prevención de riesgos laborales, con el objetivo de garantizar la protección de todas las personas trabajadoras, hombres y mujeres, en condiciones de igualdad.
La reforma también pretende integrar la edad y la diversidad generacional en la planificación preventiva de las empresas; reforzar la protección de las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia; prevenir la siniestralidad mediante la sensibilización y la gestión de los riesgos psicosociales y ergonómicos; fortalecer la organización preventiva interna aumentando el peso de las personas trabajadoras con funciones preventivas, y consolidar la figura de los agentes territoriales de prevención para mejorar la protección en empresas sin representación sindical.
Falta de medios en servicios de prevención
Así, CSIF recuerda que los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, por lo que resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.
La nueva norma recoge numerosas propuestas de CSIF en materia de refuerzo al cuidado de la salud mental o la desconexión digital, pero en la actualidad hay una falta de inversión flagrante, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección.
CSIF también quiere denunciar con motivo de esta jornada el desconocimiento por parte de trabajadoras/es en materia de prevención laboral. Según una encuesta sobre cerca de 2.000 trabajadores/as de las administraciones públicas, el 70 por ciento conoce sus riesgos laborales, pero desconoce sus derechos ante una enfermedad profesional.
Es decir, una parte importante de la plantilla percibe los riesgos de su puesto, pero desconoce qué protección jurídica y laboral le ampara si esos riesgos acaban dañando su salud en ámbitos tan sensibles como la sanidad, la educación o las empresas públicas. En la misma línea, solo el 37 por ciento sabe con claridad qué es una enfermedad laboral pero, por ejemplo, la mitad desconoce que el cáncer puede ser una de ellas.
Falta de formación en PRL
En la misma línea, según la encuesta, el 63 por ciento no ha recibido formación específica sobre riesgos de su puesto y enfermedades profesionales asociadas y todavía hay un 20 por ciento de trabajadores aún no les ofrecen reconocimiento médico en la empresa.
Esta encuesta revela un fracaso preventivo, que hay una bolsa enorme de enfermedades profesionales ocultas o no reconocidas, que la salud laboral no está garantizada y lo que es peor, que se está trabajando bajo un sufrimiento normalizado ya que más de dos tercios han necesitado medicación para aguantar la jornada. Es decir, en España se está normalizando trabajar con dolor y con medicación.
El número oficial de enfermedades profesionales en España es solo la punta del iceberg ya que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador. Esto supone una doble injusticia: para la salud y para los derechos laborales.
En este sentido, desde CSIF denunciamos que existe un problema sistémico de infradeclaración, infrareconocimiento y desprotección administrativa y sanitaria.
Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF exige:
- Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo. Aumento de plantillas de los servicios de prevención.
- Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada, así como la reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.
- Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica y profesionalización, formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
- Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor” e incorporar personal de psicología y mediadores.
- Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo así como una dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales y medios materiales y tecnológicos suficientes.
Además, desde este sindicato mayoritario indican que es necesario regular sanciones específicas por incumplimiento preventivo para la autoridad pública o empleado público con esa responsabilidad en el ámbito de las administraciones públicas.
Así lo han trasladado al Gobierno en las propuestas a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que consideran que debe ser más ambiciosa y no limitarse a obligaciones que se queden en papel.
