Hiperregulación: cuando legislar más no siempre significa legislar mejor
Diego Solier. Eurodiputado en ECR GROUP
Europa ha construido durante décadas uno de los marcos regulatorios más avanzados del mundo. La protección del consumidor, la seguridad jurídica, la sostenibilidad, la competencia o los derechos laborales son algunos de los ámbitos en los que la Unión Europea ha marcado el estándar internacional. Buena parte de ese liderazgo se explica precisamente por su capacidad para establecer normas ambiciosas que después han servido de referencia a otros mercados.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre disponer de un marco regulatorio sólido y caer en la hiperregulación. Y esa diferencia es cada vez más evidente. Regular más no quiere decir regular mejor. El exceso de regulación es un problema.
Durante los últimos años, empresas, administraciones y ciudadanos han asistido a una auténtica aceleración normativa. La respuesta a crisis sucesivas, como fue la pandemia, la transición energética, la digitalización, la guerra en Ucrania o la irrupción de la inteligencia artificial, ha derivado en un volumen sin precedentes de nuevas obligaciones, reglamentos, directivas y procedimientos administrativos.
El resultado no es únicamente un mayor número de normas. Es también un ecosistema regulatorio extraordinariamente complejo, donde diferentes legislaciones se superponen, exigen reportes similares con formatos distintos, establecen plazos diferentes y generan costes administrativos que, en muchas ocasiones, terminan desviando recursos que podrían destinarse a innovación, inversión o crecimiento.
No se trata de cuestionar los objetivos de las normas, todo lo contrario. Europa necesita seguir liderando ámbitos como la sostenibilidad, la protección de datos o la transformación digital. La pregunta que nos debemos hacer es si el camino que estamos tomando es el correcto para alcanzar los objetivos de manera eficiente.
La Comisión Europea tiene como uno de sus principales objetivos esta legislatura la simplificación normativa, impulsando una agenda que reduzca las cargas administrativas, elimine duplicidades y haga que la legislación se más coherente sin rebajar los estándares de protección. Los conocidos como “paquetes Ómnibus” buscan revisar simultáneamente varias normas relacionadas para hacerlas más sencillas y eficientes, manteniendo intactos los objetivos políticos que las inspiran.
Simplificación normativa
El mensaje resulta especialmente significativo porque supone reconocer que la competitividad también depende de la calidad regulatoria.
Simplificar no significa desregular. Significa eliminar aquello que no aporta valor.
Por ejemplo, una empresa puede compartir la necesidad de informar sobre su impacto ambiental y, al mismo tiempo, considerar que no tiene sentido reportar la misma información en distintos formatos para diferentes organismos. Una pyme puede asumir nuevas obligaciones de transparencia y reclamar simultáneamente procedimientos administrativos comprensibles y proporcionados a su tamaño.
La calidad de una regulación no se mide por el número de páginas que contiene, sino por su capacidad para resolver el problema para el que fue diseñada.
En este sentido, la simplificación normativa constituye también una política de competitividad.
Mientras otras economías avanzan con marcos regulatorios más ágiles, Europa corre el riesgo de convertir la complejidad administrativa en un factor que penalice especialmente a las pequeñas y medianas empresas, responsables de la mayor parte del tejido productivo europeo.
Las grandes corporaciones disponen de departamentos jurídicos, equipos de compliance y recursos suficientes para adaptarse a cambios regulatorios constantes. Una pyme, en cambio, suele afrontar esas mismas obligaciones con estructuras mucho más reducidas. Cada nueva exigencia administrativa implica tiempo, costes y, en muchas ocasiones, la necesidad de contratar asesoramiento externo.
La consecuencia es que la regulación, diseñada para proteger, puede terminar generando barreras de entrada, frenando la innovación o dificultando el crecimiento de aquellas empresas con menor capacidad para absorber costes regulatorios.
No es casualidad que informes recientes sobre la competitividad europea hayan identificado la carga normativa como uno de los principales desafíos para el crecimiento económico del continente.
Pero la simplificación tampoco debe entenderse únicamente desde una perspectiva empresarial.
Los propios ciudadanos sufren los efectos de una administración excesivamente compleja. Procedimientos largos, formularios difíciles de interpretar, normas que cambian con rapidez o requisitos documentales redundantes generan una percepción creciente de burocracia que termina debilitando la confianza en las instituciones.
La regulación debe ser eficaz
Cuando una regulación resulta difícil de comprender incluso para quienes deben aplicarla, su eficacia disminuye.
Uno de los principios tradicionales de la agenda europea de "Better Regulation" consiste precisamente en garantizar que las normas sean claras, proporcionadas, evaluables y comprensibles para quienes deben cumplirlas.
Este cambio de enfoque resulta especialmente relevante en un contexto marcado por la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización.
Quizá el desafío ya no consista en aprobar más normas, sino en construir marcos regulatorios suficientemente flexibles para adaptarse a escenarios cambiantes.
Eso exige mejorar las evaluaciones de impacto antes de aprobar nuevas normas, revisar periódicamente las existentes para eliminar aquellas que han perdido sentido, coordinar mejor las diferentes administraciones y evitar que distintas regulaciones persigan el mismo objetivo mediante obligaciones duplicadas.
También supone incorporar un principio sencillo: antes de crear una nueva obligación, conviene preguntarse si realmente es necesaria o si el objetivo puede alcanzarse simplificando las ya existentes. Revisar las normas existentes y entender el espacio de aplicación de esta.
La simplificación normativa no es un ejercicio técnico reservado a juristas o reguladores. Es una cuestión profundamente estratégica.
Porque una economía competitiva necesita reglas claras, estables y previsibles.
Europa ha demostrado que puede liderar la regulación global. El siguiente paso consiste en demostrar que también puede liderar la buena regulación.
Porque, al final, el verdadero éxito de una norma no reside en el número de obligaciones que incorpora, sino en su capacidad para generar confianza, facilitar la actividad económica y mejorar la vida de las personas.
Legislar mejor no significa legislar menos, significa legislar con inteligencia.