- El dictamen del Consejo de Estado sobre esta iniciativa ha puesto en evidencia que será difícil llegar a un consenso amplio sobre esta medida.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que el Real Decreto de control horario que desde su Departamento están impulsando saldrá adelante "aunque sea lo último que haga".
Díaz calificó de "muy grave" el dictamen desfavorable del Consejo de Estado, que se apoya en dos informes del Ministerio de Economía y se sitúa del lado de la patronal "que incumple" en materia de jornada laboral. Esta iniciativa vuelve a abrir el frente contra el titular Carlos Cuerpo y deja claro las distancias entre patronal y sindicatos, alejados del diálogo social en los últimos meses.
Así lo indicó Diaz en la Sesión Plenaria del Congreso de los Diputados, en respuesta a una pregunta del diputado de ERC, Jordi Salvador, que pidió a la titular de Trabajo que explicara qué hará para garantizar que el nuevo registro horario salga adelante tras el dictamen desfavorable del Consejo de Estado, realizado con el que Salvador denominó "boicot interno del Ministerio de Economía
La ministra recordó que la reforma del registro horario proviene de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que obliga a España a tener un registro "eficaz, objetivo y verificable", por lo que, aunque Junts, PP y VOX impidieran la rebaja de jornada a 37,5 horas, la reforma del registro horario se hará porque es un acuerdo del Gobierno.
En otro momento de su intervención comentó que "Yo no voy a ser una cooperadora de la patronal para esas empresas que no pagan horas extras y que no cumplen con los derechos laborales", y aseguró que los planes siguen su curso y que la modificación del registro horario en España se va a hacer.
Según apunta el Consejo de Estado, en su dictamen los participantes en la consulta estiman, en general, que este nuevo registro implicará costes adicionales que dificultarán la competitividad de las empresas españolas, sin que los países de la Unión Europea tengan la obligación de instalar sistemas semejantes.
En este sentido, el Consejo de Estado señala que, según la patronal Conpymes, el coste de las licencias del sistema supone entre 50 y 400 euros por usuario y año, de modo que una empresa de 10 trabajadores puede gastar anualmente hasta 12.000 euros, y eso sin incluir formación y actualizaciones.
En línea similar, se han expresado en la consulta la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y la Federación Intercomarcal de Hostelería, Restauración y Turismo..
Este dictamen ha abierto un nuevo choque entre los Ministerios de Trabajo y Economía, en esta ocasión, a cuenta del registro horario. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acusaba este martes al departamento que dirige el ministro Carlos Cuerpo de intentar frenar su propuesta normativa, después de que el Consejo de Estado haya emitido un dictamen desfavorable.
Desde el Ministerio de Trabajo han tachado de "incomprensible" que el informe del Consejo de Estado se posicione "en contra de un instrumento que lo que quiere es garantizar que se cumpla la ley" y que las empresas "que abusan de la jornada de sus trabajadores no compitan deslealmente con el resto". Además, han recordado que el registro horario forma parte del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar firmado en 2023.
En síntesis el real decreto tramitado plantea un registro digital que pueda revisarse en cualquier momento tanto por la persona trabajadora, como por los sindicatos y la inspección, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las condiciones laborales del contrato, favorecer la conciliación de la vida personal y asegurar la desconexión digital.
Sería, además, verificable en tiempo real y aplicable a todas las jornadas (ordinarias, extraordinarias, flexibles o complementarias a tiempo parcial), según la propuesta de Trabajo que ha sido cuestionada por el Consejo de Estado.
Los sindicatos UGT y CCOO y sus dirigentes Pepe Alvarez y Unai Sordo, creen que el informe del Consejo de Estado no es vinculante (UGT)
Los sindicatos contrariados
Por su parte, UGT y CCOO manifiestan su más profunda preocupación y rechazo ante el dictamen emitido por el Consejo de Estado sobre el proyecto de Real Decreto de registro de jornada, por entender que introduce serias dudas y obstáculos en un ámbito donde lo verdaderamente urgente no es cuestionar la norma, sino garantizar el cumplimiento de la ley
En un comunicado conjunto señalan que en España, el fraude en materia de tiempo de trabajo es estructural. Según datos recientes, 4 de cada 10 horas extraordinarias no se pagan ni se compensan (alrededor de 130 millones de horas extraordinarias al año), lo que supone un ahorro ilícito para las empresas de más de 3.200 millones de euros al año.
Este volumen de incumplimiento constituye un auténtico hurto a las personas trabajadoras, pero también a la caja única de la Seguridad Social —por cotizaciones no ingresadas— y a la Hacienda Pública, al dejar de tributar salarios que deberían formar parte de la base imponible.
Para ambas organizaciones sindicales, sin embargo, el dictamen del Consejo de Estado parece desviar el foco de lo esencial. Lo que debería preocuparle no es el instrumento, sino el incumplimiento de la ley. Resulta incomprensible que, ante un fraude de esta magnitud, se introduzcan cautelas que pueden terminar amparando zonas de impunidad, cuando el sistema actual de registro horario ha demostrado ser claramente insuficiente y, en buena medida, fracasado.
También recuerdan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido inequívoco al respecto: los sistemas de registro de jornada deben ser objetivos, fiables y accesibles. Y, sin embargo, el modelo vigente en España no cumple plenamente estos requisitos, lo que ha motivado ya reproches desde instancias europeas. El proyecto de Real Decreto pretendía precisamente avanzar en esa dirección, reforzando la trazabilidad y evitando la manipulación de los registros.
Especialmente llamativo resulta el celo del Consejo de Estado en materia de protección de datos. La preocupación por la privacidad parece, en este caso, invertida: no se protege a las personas trabajadoras, sino que se corre el riesgo de proteger la identidad de las empresas incumplidoras, dificultando el acceso efectivo de la Inspección de Trabajo a los registros de jornada.
Desde UGT y CCOO se indica que el Gobierno no puede ampararse en un informe no vinculante para incumplir los compromisos adquiridos en el marco del diálogo social ni para renunciar a su obligación de garantizar un sistema de registro que sea verdaderamente objetivo, fiable, accesible y no manipulable. Está en juego el respeto a los derechos de 16,6 millones de personas trabajadoras y la propia equidad del sistema económico.
Asimismo, es imprescindible asegurar condiciones de competencia leal entre los 1,34 millones de empresas de nuestro país. Las empresas que cumplen la ley no pueden verse perjudicadas frente a aquellas que basan su competitividad en el incumplimiento sistemático de las normas laborales. Tolerar esta situación supone legitimar la competencia desleal y erosionar el tejido productivo responsable.
Ambos sindicatos instan al Gobierno a continuar adelante con la reforma del registro de jornada, reforzando sus garantías y asegurando su eficacia real. España no puede permitirse volver a ser reprendida por las instituciones europeas por no garantizar derechos básicos en materia de tiempo de trabajo.
Desde CEOE y ATA, sus dirigentes Antonio Garamendi y Lorenzo Amor, apoyan al Consejo de Estado y piden que se frene el registro de jornada (CEOE)
CEOE, de acuerdo con el Consejo de Estados
Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha mostrado su satisfacción por el dictamen contrario del Consejo de Estado al proyecto de Real Decreto que pretendía reformar el registro horario, al incorporar buena parte de sus objeciones, entre ellas el incremento de costes que implicaría su implantación, que la patronal sitúa en más de 867 millones de euros.
Fuentes de la organización empresarial sostienen que el Ministerio que encabeza Yolanda Díaz debe acatar el criterio negativo del Consejo de Estado, en el que se incluyen "de manera muy amplia y, en algunos casos de forma literal", la mayoría de las alegaciones que CEOE y Cepyme trasladaron a este proyecto normativo.
En particular, estas fuentes recuerdan que impugnaron el texto por nulidad al considerar que vulnera la reserva de ley y el derecho fundamental a la protección de datos. "En ambos casos, entendemos que el proyecto de Real Decreto incumple el principio de jerarquía normativa y que lo que pretende no se puede hacer a través de un reglamento", señalan.
Del mismo modo, Lorenzo Amor, presidente de ATA, asociación de autónomos adscrita a CEOE, subraya que tal como refleja el dictamen del Consejo de Estado, la propuesta regulatoria "impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria".
En el ámbito de la protección de datos, el informe, apoyado en las conclusiones de la Agencia Española de Protección de Datos, ratifica que lo que persigue la norma "supondría una utilización masiva de datos personales especialmente protegidos", tal y como advirtieron las organizaciones empresariales.
La patronal añade que el dictamen también pone el foco en el desplazamiento de la negociación colectiva hacia un reglamento, en la vulneración de varios preceptos del Estatuto de los Trabajadores, en la falta de justificación de la urgencia y en la insuficiencia de la memoria de impacto.
Al mismo tiempo, desde esta organización empresarial destacan que el Consejo de Estado incorpora otros elementos ya señalados por CEOE y Cepyme, como los costes "desproporcionados" para las compañías que acarrearía el nuevo sistema de registro horario, que cuantifica en más de 867 millones de euros, así como la ausencia de adaptación a la realidad específica de los distintos sectores productivos. Las patronales se ponen al registro y piden a Trabajo que repete las consideraciones del Consejo de Estado.
