El tejido empresarial español cuenta con más de 3 millones de pymes. Representan el 99,8 % del total de las empresas, generan el 65 % del empleo y aportan el 55 % del PIB del sector privado. Aunque son esenciales para nuestra economía, las cargas burocráticas, la fragmentación normativa o la dificultad para participar en las licitaciones lastran su creación y actividad.
El “Estudio sobre las barreras a la creación y al crecimiento de las pymes y a su participación en la contratación pública” (E/CNMC/004/23) realizado por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) analiza los principales obstáculos en España y plantea soluciones. Desde el regulador se plantea una reforma integral de la normativa actual para que las pymes tengan más acceso a esta contratación pública.
Desde la CMNC se nos explica que las pymes encuentran dificultades para obtener información y la complejidad de la normativa o el propio diseño de los pliegos reduce sus opciones como adjudicatarias y les desincentiva a participar. Esto ocurre, especialmente, cuando hay requisitos innecesarios o desproporcionados que generan costes excesivos.
En este contexto el regulador de competencia propone Para facilitar la creación y el crecimiento de las pymes: impulsar un mercado más integrado y procompetitivo donde se reduzca la fragmentación normativa y promover la simplificación y coordinación regulatoria mediante medidas como las “ordenanzas tipo” municipales.
También plantea extender las declaraciones responsables y agilizar la tramitación de licencias Al mismo tiempo plantea reforzar el sistema CIRCE como ventanilla única para la creación de empresas y los puntos de atención al emprendedor (PAEs), e impulsar los bancos de pruebas regulatorios (o ‘sandboxes’) ya que facilitan la innovación.
Otra cuestión que se esboza es promover normas que fomenten el crecimiento empresarial: Modular obligaciones para las pymes y, a la vez, evitar el “efecto escalón” con transiciones más graduales en función del tamaño empresarial. Junto a ello creen necesario reducir las cargas administrativas: Asegurar el cumplimiento del principio “solo una vez” en la aportación de documentación y trámites y aplicar un apoyo proactivo a las pymes y diseñar esquemas de ayudas que sean eficientes, procompetitivos y fácilmente accesibles.
En este contexto la CNMC es consciente de que hay que combatir la morosidad: Valorar impulsar los pagos automáticos de intereses de demora y sanciones frente a impagos.
En cuanto a la mejora del acceso de las pymes a la contratación pública: los técnicos de Competencia reclaman la reforma en profundidad el marco de contratación pública: se trata de simplificarlo con un enfoque procompetitivo para agilizar los procedimientos y facilitar su participación. También de mejorar la accesibilidad y utilidad de la información sobre licitaciones e impulsar iniciativas activas de acompañamiento y formación para familiarizarse con la contratación pública.
Desde la CNMC se subraya la necesidad de reforzar la planificación, el análisis previo de mercado y el diseño de las licitaciones y facilitar la presentación de ofertas.
Al mismo tiempo se pretende impulsar la división de los contratos en lotes para fomentar la competencia y la participación de pymes, evitar requisitos desproporcionados o innecesarios, ajustar los plazos y reducir las cargas para presentar las ofertas y durante la ejecución de los contratos y dotar de suficientes recursos y capacidades a los órganos de contratación.
Jose Maria Torres, presidente de CONPYMES, cree que las pymes deberían un regulación especifica y más acceso a la licitación pública CONPYMES
Una reforma necesaria
Para Jose Maria Torres, presidente de CONPYMES, la contratación pública, como todos sabemos, es una de las herramientas más eficaces para implementar las distintas políticas públicas, por su aportación directa e indirecta al crecimiento económico y a la creación de empleo. En España, el nivel de gasto en contratación pública supone aproximadamente el 24% del total del gasto público, según datos publicados por Eurostat.
“La relevancia del gasto público en obras, bienes y servicios en España durante el trienio 2021-2023 fue notable, con un incremento estimado de 1,3 puntos porcentuales del PIB comparado con el trienio anterior. Estamos hablando de un incremento del gasto en 97.987,33 millones de euros. Este nivel de gasto se pudo realizar, en parte, como consecuencia de la contratación pública realizada a partir de 2021 con cargo al Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation EU).”, comenta
Este experto destaca que “si observamos la información estadística de los contratos que han sido adjudicados a las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME), el porcentaje en el segundo semestre de 2023 fue del 29,63% según la Dirección General de Patrimonio del Estado (Ministerio de Hacienda). Y en el primer semestre de 2024 fue únicamente del 15,53%2.
“Respecto al nivel de “lotificación” alcanzado en la adjudicación de la contratación pública española en 2023, se puede resumir señalando que aproximadamente una décima parte (10,33%) de los contratos adjudicados se encontraban divididos en lotes”, indica.
En su opinión, esto nos indica que las pymes estamos muy lejos del objetivo lógico de situarnos en el mismo porcentaje de nuestro peso en la economía y nuestra aportación al VAB de España.
Torres recuerda que “las pymes representamos más del 62% del Valor Añadido Bruto generado por las empresas no financieras. Suponemos el 99,8% de las empresas y casi el 70% del empleo empresarial total. Por tanto, existe una importante asimetría entre el valor que generamos y el valor total de los contratos de los que resultamos adjudicatarios, asimetría que se acentúa en relación con las micropymes”.
Cani Fernández , presidenta de la CNMC, en alguna comparecencia en el Congreso ha criticado la burocracia excesiva que hay alrededor de la pyme CNMC
Regulación específica para las pymes
Por ello, Jose Maria Torres cree que “es necesario reflexionar sobre la posibilidad de establecer una regulación singular o reserva de contratos para las pymes. Y en el caso de las microempresas, sería oportuno considerar la posibilidad de eliminar la exigencia de solvencia en determinados contratos susceptibles de ser ejecutados por este tipo de empresa”.
“La contratación pública en España está muy atomizada debido a su modelo territorial descentralizado y se enfrenta a importantes retos, en algunos casos por la falta de recursos y formación de órganos de contratación. Pero esto no justifica que las pymes no tengamos un acceso más fácil a los mercados de contratación pública que nos ayudaría a liberar todo nuestro potencial, generando un impacto positivo en el crecimiento de nuestra economía”, subraya
En su opinión, “en este sentido, es necesario que se trabaje por parte de la Administración Pública y se legisle con el firme compromiso de que tengamos mayor participación. Nuestro peso en la economía y en el empleo se tiene que ver reflejado. De no ser así, algo estamos haciendo mal como país”.
Este empresario recuerda cuando a presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, arremetió en el Congreso, contra el “exceso brutal de burocracia” que sufren las pymes, que las está “ahogando” y está “frenando muchísimo la actividad económica”. “No solamente tienen que cumplir las legislaciones de 17 comunidades autónomas, también tienen que cumplir las de 27 Estados miembros”.
“Y esto tiene mucho que ver con que no se legisle pensando en los pequeños para que se puedan hacer grandes, y es contrario al marco político de actuación que nos marca la comisión europea en relación a las pequeñas y medianas empresas”, afirma
Respecto a la contratación pública, la Presidenta recordó que el Tribunal de Cuentas europeo ha manifestado que las pymes no concurren a más de la mitad de los contratos públicos en Europa. Y confió en que la nueva Comisión Europea tomara medidas al respecto y flexibilizara “mucho” la normativa de contratación pública.
Papel clave de la CMNC
“Quisiera destacar que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) organismo encargado de promover y preservar el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas, desde su nacimiento, ha desmantelado innumerables cárteles. La extraordinaria labor que realiza es imprescindible para acabar con las prácticas anticompetitivas, y para conseguirlo, es necesario concienciar y divulgar de forma efectiva la importancia de la competencia en la economía y en la sociedad como objetivo vital”, destaca.
Para Torres, “todos somos conscientes que amañar concursos públicos y sangrar al sistema público resulta para algunos de los empresarios más ricos de nuestro país barato e incluso eludible, cuando examinamos la ejecución de las sanciones. No sólo las sanciones resultan una miseria en comparación con el beneficio que obtienen, sino que tampoco se lleva hasta el final la prohibición de participar en nuevas licitaciones públicas, lo que resulta en la práctica una vía libre para la constitución de oligopolios, a la par que capitalizan y precarizan servicios e instituciones públicas”.
A su juicio, “estás malas prácticas anticompetitivas socavan los beneficios de un mercado de la contratación pública justo, transparente, basado en la competencia y orientado a la inversión, al restringir el acceso de empresas a ese mercado y limitar las posibilidades de elección para los compradores públicos. En un mercado de la contratación pública afectado por las malas prácticas, muchos operadores económicos que son respetuosos de la ley se ven disuadidos de participar en los correspondientes procedimientos de adjudicación o de invertir en proyectos del sector público”.
“Esto tiene un efecto especialmente perjudicial sobre las empresas que desean y necesitan desarrollar su actividad, especialmente las pymes y las micropymes”, resalta
Como conclusión final, Jose Maria Torres resalta que “los ciudadanos tenemos derecho a exigir que el dinero público se gaste de la manera más eficiente, transparente, responsable y justa posible, para poder utilizar servicios públicos de calidad. Para ello es necesario que a todo el sistema de contratación pública se le dote del máximo de recursos posibles, para que pueda realizar su trabajo con las máximas garantías de éxito”.
