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Pensiones, salario mínimo y autónomos

- Revalorización de las pensiones en un 2,7 % para 2026.

- Subida de las pensiones mínimas en un 7 %.

- Subida de las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV) en un 11,4 %.

- Prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025. Para evitar un vacío legal hasta que se apruebe la subida de 2026, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dictado un criterio para mantener el de 2025 en vigor.

- Congelación de las cotizaciones sociales de los autónomos.

- Cotización adicional para que bomberos forestales y agentes medioambientales puedan anticipar su jubilación.

- Ampliación de la posibilidad de que los médicos de atención primaria, de familia y pediatras puedan compatibilizar pensión de jubilación y trabajo.

Escudo social

- Suspensión de los desahucios y lanzamientos para las familias vulnerables sin alternativa habitacional.

- Prohibición de los cortes de suministro de luz, agua y gas para familias vulnerables.

- Prórroga de los descuentos del bono social eléctrico, del 42,5 % para los consumidores vulnerables y del 57,5 % para los vulnerables severos.

Medidas fiscales

- Prórroga de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas.

- Prórroga de los umbrales de facturación que permiten a los autónomos acogerse al régimen de módulos de IRPF e IVA, así como al régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.

- Eliminación de la obligación de que los perceptores de prestaciones por desempleo tengan que presentar la declaración de la renta.

- Exención de IRPF de las ayudas por daños personales provocados por incendios forestales.

- Prórroga de las ayudas a la reconstrucción de los municipios afectados por la dana. Exención de IRPF e impuesto de sociedades para las personas y empresas afectadas.

- Bonificación por compra de vehículos eléctricos o instalación de postes de recarga, que permitía deducirse hasta el 15 % del importe en el IRPF.

- Bonificación fiscal por inversión en obras de eficiencia energética.

- Prórroga del criterio que permite que las pérdidas sufridas por las empresas en 2020 y 2021 por la pandemia de la covid sigan sin computar a efectos de disolución.