Madrid, 12 mar (EFE).- El Consejo General de Enfermería (CGE) ha pedido este miércoles al Ministerio de Sanidad que interceda para lograr que el Gobierno endurezca las penas a los agresores del personal sanitario porque les "sale muy barato" atentar contra los profesionales

Lo ha hecho en el Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios que, según los últimos datos provisionales del Ministerio de Sanidad, alcanzaron su máximo en 2024 al superar las 16.550, un 13 % más que en 2023, cuando fueron 14.749.

En el caso concreto de las enfermeras, y según el Observatorio de Agresiones del CGE, en 2023, este colectivo ha sufrido un total de 2.840, un 10% más respecto a 2022.

"Hay límites que no se pueden traspasar, porque la abnegación de nuestras profesionales no implica soportar vejaciones ni agresiones. Con la violencia, ya sea verbal o física, debemos tener tolerancia cero", ha sentenciado en una nota el presidente del Consejo, Florentino Pérez Raya.

El incremento de las agresiones a profesionales sanitarios, ha añadido el secretario general del CGE, Diego Ayuso, se debe a que "al agresor le sale muy barato" agredir, y aunque desde hace años se tipifican como delito de atentado a la autoridad, las penas son tan bajas que "apenas tienen repercusión".

Por ello, exige al Ministerio de Sanidad que presione al Gobierno para endurecer las penas a los agresores de las enfermeras y del resto de trabajadores sanitarios, al tiempo que anima a denunciarlas porque las registradas no son todas las que se producen.

Mientras, el Sindicato de Enfermería, Satse, ha censurado que la violencia en el ámbito sanitario es un problema “grave y recurrente” al que las administraciones sanitarias no dan respuesta, ya que uno de los principales problemas que lo originan es la insuficiencia de recursos.

La organización sindical lamenta que tanto las administraciones públicas (Gobierno y consejerías de Sanidad) como las empresas sanitarias privadas se limitan a implementar "medidas paliativas y de atención a las víctimas que son remiendos parciales e insuficientes”.

En la misma línea se ha pronunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que también quiere un endurecimiento de penas, además de un refuerzo de plantillas, el despliegue del ‘botón del pánico’ en todo el Sistema Nacional de Salud, la agilización de órdenes de alejamiento para proteger a las víctimas o la extensión de "mensajes de alerta" a todas las comunidades, entre otras medidas.

Cada día se producen de media 45 agresiones físicas o verbales a este colectivo en sus centros de trabajo, censura CSIF, para quien "la violencia en el ámbito sanitario es un problema grave que exige una respuesta inmediata y contundente".

Según la información del Ministerio, Atención Primaria concentra el 47,7% de las agresiones, seguida por Atención Hospitalaria (17,9 %), Urgencias Hospitalarias (9,5 %) y Urgencias de Atención Primaria (8,2 %) y más del 75 % de las víctimas son mujeres.

Médicos (33,19 %) y enfermeras (26,68 %) son los colectivos más afectados, seguidos por administrativos (14,1 %) y celadores (3,99 %). La inmensa mayoría, el 84 %, son agresiones verbales o amenazas, mientras que el 16% son físicas.