PenalTech - Abogados Penalistas en Delitos Informáticos y Derecho Tecnológico
Francisco José Peláez Ortiz
La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a una mujer por suplantar a una contribuyente, presentar su declaración de la renta y apropiarse de las devoluciones
La generalización de la presentación online de la declaración de la renta ha supuesto un avance indiscutible en comodidad y eficiencia para los contribuyentes, pero también ha abierto la puerta a nuevas formas de fraude y suplantación digital. El acceso remoto a datos fiscales altamente sensibles, unido al uso de credenciales electrónicas y a la delegación frecuente de estos trámites en terceros, convierte la campaña del IRPF en un objetivo especialmente atractivo para la ciberdelincuencia.
Un ejemplo de ello es la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria que ha confirmado una condena de cuatro años y un día de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, en un caso de especial relevancia para la seguridad digital de los contribuyentes. La sentencia sanciona a una mujer que accedió sin autorización a los datos tributarios de otra persona y presentó las declaraciones del IRPF de dos ejercicios haciéndose pasar por ella, desviando las devoluciones a cuentas bancarias de su propia titularidad.
Los hechos se remontan a los ejercicios fiscales 2021 y 2022. La acusada, que había tenido acceso previo a determinados datos personales de la víctima, utilizó esa información para entrar en el área personal del contribuyente en la web de la Agencia Tributaria, consultar datos fiscales reservados y presentar las declaraciones sin conocimiento ni consentimiento de la titular legítima. Como resultado, percibió indebidamente más de 460 euros en devoluciones.
La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación y confirma íntegramente la condena impuesta en primera instancia, subrayando que el acceso no autorizado a datos tributarios constituye por sí mismo un grave ataque a la intimidad, incluso cuando exista una cesión previa de datos para otros fines.
Para Fran Peláez, socio de PenalTech, "esta interesante resolución marca un punto de inflexión en la persecución penal de la suplantación digital en el ámbito tributario". Aunque no han sido parte en el presente procedimiento, desde el despacho comentan que este tipo de casos no son aislados y se repiten cada campaña de la renta, especialmente cuando la gestión se encomienda a terceros sin garantías suficientes. "En nuestro despacho hemos atendido recientemente a clientes con historias muy similares. La opción de delegar la presentación de la declaración del IRPF en un gestor, asesor o conocido exige extremar las precauciones. No todo vale y no todo el mundo está legitimado para acceder a nuestros datos tributarios", señala el abogado penalista especializado en delitos informáticos.
A raíz de esta sentencia, Peláez recomienda a los contribuyentes adoptar una serie de medidas básicas de prevención: "Nunca se deben compartir credenciales completas de acceso a la Agencia Tributaria. El contribuyente debe mantener siempre el control de su certificado digital, Cl@ve PIN o referencia", advierte el experto. Asimismo, aconseja revisar personalmente el estado de la declaración, incluso cuando la gestione un profesional: "Un simple acceso al borrador o al historial de declaraciones puede permitir detectar presentaciones no autorizadas o cambios sospechosos en las cuentas bancarias", añade.
Por último, Peláez subraya la importancia de actuar con rapidez ante cualquier indicio de irregularidad: "Si un usuario descubre que su declaración ha sido presentada sin su consentimiento, debe denunciar de inmediato. La prueba digital es clave y el tiempo juega en contra de la víctima".
Desde PenalTech destacan que esta resolución refuerza la necesidad de educación digital y jurídica en un contexto en el que cada vez más trámites fiscales se realizan online y donde la confianza mal entendida puede convertirse en una puerta abierta al fraude.
