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Karina Chavez – Abogada Penalista- 

Mientras buena parte del debate público sobre el narcotráfico continúa girando en torno al endurecimiento de las respuestas penales y al fortalecimiento de los dispositivos de seguridad, una realidad menos visible, aunque profundamente alarmante, sigue expandiéndose en numerosos contextos de vulnerabilidad social: el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por organizaciones criminales.

El fenómeno no es nuevo. Sin embargo, su creciente visibilidad en distintos países de América Latina ha puesto de manifiesto una de las expresiones más graves de la convergencia entre exclusión social, criminalidad organizada y ausencia estatal. Argentina ofrece actualmente un ejemplo particularmente ilustrativo. En ciudades como Rosario, la violencia asociada a las disputas entre organizaciones dedicadas al narcotráfico ha dejado al descubierto la participación cada vez más frecuente de menores de edad en distintas funciones dentro de las estructuras criminales.

Conocidos popularmente como “soldaditos”, estos adolescentes son utilizados para vigilar movimientos policiales, transportar estupefacientes, custodiar puntos de venta, realizar tareas de mensajería o, en los casos más extremos, intervenir en hechos violentos. La denominación, sin embargo, encierra una simplificación peligrosa. Presentarlos exclusivamente como infractores oscurece una realidad mucho más compleja: en gran parte de los casos son también víctimas de procesos estructurales de pobreza, exclusión y desprotección.

La cuestión obliga a formular una pregunta incómoda pero imprescindible: ¿es posible combatir eficazmente el narcotráfico sin abordar las condiciones sociales que favorecen el reclutamiento de menores? La evidencia disponible sugiere que no.

Las organizaciones criminales prosperan allí donde las instituciones estatales se muestran débiles o insuficientes. En barrios marcados por la precariedad habitacional, el fracaso escolar, la falta de oportunidades laborales y la ausencia de espacios comunitarios de contención, las redes del narcotráfico ofrecen aquello que muchas veces el entorno no proporciona: ingresos inmediatos, reconocimiento social y sentido de pertenencia. Se trata, sin embargo, de una integración basada en la explotación.

Los menores reclutados constituyen una mano de obra particularmente vulnerable. Son fácilmente reemplazables, generan menos sospechas y poseen un conocimiento territorial valioso para las organizaciones criminales. A ello se suma una capacidad limitada para resistir presiones, amenazas o falsas promesas de ascenso económico. Desde esta perspectiva, el reclutamiento de menores no puede entenderse únicamente como un problema de seguridad pública; debe concebirse también como una grave vulneración de derechos fundamentales.

Lo ocurrido en Argentina tampoco constituye una excepción. Diversos organismos internacionales han alertado sobre la utilización de niños y adolescentes por parte de grupos criminales en países como México, Brasil, Colombia, Honduras, Guatemala y El Salvador. En muchos de estos casos, los menores son incorporados inicialmente para tareas de vigilancia o transporte, para después asumir funciones progresivamente más peligrosas dentro de las estructuras delictivas.

La dimensión transnacional del fenómeno resulta aún más evidente cuando se observa la experiencia europea. Reino Unido, Francia, Bélgica, Suecia o los Países Bajos han detectado distintas modalidades de captación de adolescentes por redes vinculadas al tráfico de drogas. Aunque los contextos sociales son diferentes, el patrón presenta similitudes significativas: la criminalidad organizada encuentra oportunidades de expansión allí donde existen situaciones de vulnerabilidad susceptibles de ser explotadas.

Ante esta realidad, reducir la respuesta institucional a la mera persecución penal constituye una estrategia insuficiente. Naturalmente, los responsables del reclutamiento de menores deben ser investigados, juzgados y sancionados con la máxima severidad permitida por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, la experiencia comparada demuestra que las políticas exclusivamente represivas rara vez ofrecen resultados sostenibles cuando no van acompañadas de intervenciones preventivas.

Existe, además, una obligación jurídica clara. La Convención sobre los Derechos del Niño impone a los Estados el deber de proteger a la infancia frente a cualquier forma de explotación y de adoptar medidas apropiadas para impedir su utilización en actividades relacionadas con el tráfico ilícito de estupefacientes. En la misma línea, el Convenio núm. 182 de la Organización Internacional del Trabajo identifica determinadas formas de explotación infantil como una de las violaciones más graves de los derechos de la niñez y exige respuestas inmediatas y eficaces por parte de los poderes públicos.

Desde una perspectiva de política criminal, ello implica reconocer que la prevención debe ocupar un lugar tan relevante como la represión. Combatir la pobreza infantil, garantizar la permanencia en el sistema educativo, fortalecer los mecanismos de protección de derechos, ampliar los espacios deportivos y culturales y desarrollar programas específicos de acompañamiento para adolescentes en situación de riesgo no constituye una agenda asistencial ajena a la seguridad pública. Por el contrario, forma parte esencial de ella.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha insistido reiteradamente en que las estrategias de prevención de la delincuencia juvenil más eficaces son aquellas que fortalecen los factores de protección y reducen las condiciones de riesgo presentes en las comunidades. La seguridad sostenible se construye mucho antes de la intervención policial o judicial: comienza allí donde existen oportunidades reales de desarrollo personal y social.

Cada niño incorporado a una organización narcocriminal refleja algo más profundo que una estadística delictiva. Representa el fracaso acumulado de múltiples instituciones que no lograron llegar a tiempo. Es la expresión de una exclusión que precede al delito y que, con frecuencia, termina alimentándolo.

Por ello, si los Estados pretenden enfrentar seriamente el desafío del narcotráfico, deben asumir que la batalla decisiva no comienza cuando un adolescente participa en actividades ilícitas. Comienza mucho antes, cuando se garantiza el acceso efectivo a la educación, la protección social, la inclusión comunitaria y la construcción de proyectos de vida alternativos. Mientras las organizaciones criminales sigan encontrando en la infancia y la adolescencia una cantera de reclutamiento, cualquier política de seguridad estará condenada a combatir únicamente las consecuencias y no las causas del problema.

Referencias Bibliográficas

  1. UNICEF Argentina, Pobreza monetaria y privaciones vinculadas a derechos en niñas, niños y adolescentes. Argentina 2016-2023, Buenos Aires, 2024. El informe estima que al finalizar 2023 más de siete millones de niños y adolescentes se encontraban en situación de pobreza monetaria (57,5%) y aproximadamente 2,4 millones en situación de indigencia (19,4%).
  2. Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. En particular, el artículo 33 obliga a los Estados a adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para impedir la utilización de niños en la producción y el tráfico ilícitos de estupefacientes.
  3. Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio núm. 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (1999). El preámbulo reconoce expresamente la estrecha relación entre pobreza, exclusión social y explotación infantil.
  4. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pronunciamientos sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de organizaciones criminales en América Latina. La CIDH ha advertido que los menores suelen ser captados inicialmente para tareas de vigilancia, mensajería, transporte de bienes ilícitos y recolección de información, siendo posteriormente incorporados a actividades de mayor riesgo.
  5. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Prevención de la violencia juvenil y de los delitos relacionados con pandillas. El organismo sostiene que las estrategias más eficaces de prevención deben actuar sobre las causas profundas de la delincuencia juvenil mediante intervenciones comunitarias, educativas y de inclusión social.
  6. Naciones Unidas, Directrices para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), Resolución 45/112 de la Asamblea General, 14 de diciembre de 1990. Las Directrices destacan la necesidad de desarrollar políticas sociales, educativas y comunitarias orientadas al bienestar integral de niños y adolescentes como instrumento central de prevención del delito