- La PMcM reclama a Europa un reglamento eficaz con supervisión y sanciones para acabar con la cultura del pago tardío. La morosidad genera un efecto dominó: el 31% de las empresas reconoce retrasar sus propios pagos porque cobra tarde.
Lo que era un secreto a voces, lo ha confirmado la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). Esta corporación empresarial acaba de denuncir que las grandes empresas en España son tres veces peor pagadoras que las microempresas, una brecha que refleja el fuerte desequilibrio en las relaciones comerciales dentro del tejido empresarial.
Esta entidad agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos (www.pmcm.es). Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito.
Según el Informe Anual 2025 del Observatorio de Pagos de la Unión Europea, solo el 14% de las grandes empresas liquida sus facturas en la fecha de vencimiento, frente al 51% de las microempresas. El informe sitúa a España entre los países con mayor diferencia de comportamiento en los pagos según el tamaño de empresa.
"Pagar tarde se ha institucionalizado; para algunas empresas es una forma encubierta de financiarse a costa de sus proveedores”, denuncia Antoni Cañete, presidente de la PMcM, haciendo suyas las palabras que expresó el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en su visita y presentación de la morosidad en Barcelona.
En un país donde el 99,8% del tejido empresarial está formado por pymes, esta práctica supone “una amenaza sistémica para su supervivencia”, añadió Cañete. Para la plataforma, los retrasos en los pagos afectan directamente a la liquidez de pymes y microempresas, limitan su capacidad de inversión y aumentan su vulnerabilidad ante cualquier crisis económica.
Además, la morosidad no solo perjudica a quien la sufre directamente. También genera un efecto cascada en la economía. Según el Observatorio Europeo, el 31% de las empresas europeas reconoce haber retrasado sus propios pagos porque a ellas mismas les pagan tarde. Este fenómeno revela hasta qué punto la cultura del pago tardío se ha extendido en Europa y especialmente en los países con mayores desequilibrios en la cadena de pagos, como es el caso de España.
En declaraciones públicas, Cañete ha reconocido que muchas empresas siguen supliendo su financiación pagando tarde a sus proveedores, que normalmente son pymes y autónomos. Desde su punto de vista, estamos en un momento crítico y esto irá a más. Con una inflación al alza, si retraso el pago varios meses me sale más barato y, además, me ahorro unos intereses elevados. Lo más sencillo, más barato y que no genera problemas hoy en día es abonar tarde.
En su opinión o se pone orden y control, es decir sanciones, “o se rompe la cadena de pagos y la economía puede volver a vivir una situación similar a la del año 2008, cuando éramos el país peor pagador de Europa después de Grecia”.
Cañete que también es presidente de Pimec, observa con preocupación el otro gran problema de las empresas, como es el absentismo laboral Desde el punto de vista agregado, los costes totales derivados de la incapacidad temporal alcanzan los 162.564 millones de euros anuales si se incluyen las prestaciones de la Seguridad Social, los costes directos empresariales y el coste de oportunidad Eso supone el equivalente al 10,2% del PIB español. Incluso considerando el criterio de sustitución, el impacto supera los 89.000 millones de euros (5,6% del PIB).
Las horas de baja por incapacidad temporal (IT) en España se han más que duplicado en la última década y ya representan el 78,1% de todas las horas no trabajadas y remuneradas, excluyendo vacaciones y festivos, según el informe Evolución de las bajas por incapacidad temporal en España 2013-2025, elaborado por el Observatorio de la Pyme de Cataluña de Pimec y presentado hace unos dias en Madrid por Antoni Cañete, presidente de la organización empresarial; Ferran Bel, delegado de Pimec en Madrid; y Josep Ginesta, secretario general de la entidad.
Un marco legal insuficiente
La PMcM considera que la actual Directiva 2011/7/UE, que establece los plazos máximos de pago, no ha sido eficaz para combatir la morosidad, al carecer de mecanismos de supervisión y sanción efectivos. Para corregir esta situación, la Comisión Europea propuso el Reglamento COM(2023) 533, que sustituiría a la directiva vigente y tendría aplicación directa en todos los Estados miembros, lo que permitiría una aplicación más homogénea y efectiva.
La propuesta inicial contemplaba un plazo único de pago de 30 días naturales, la creación de autoridades nacionales de supervisión y sanciones automáticas en caso de incumplimiento. Sin embargo, durante su tramitación en el Parlamento Europeo se introdujeron algunas excepciones sectoriales, que permitirían ampliar los plazos en situaciones justificadas, como productos de baja rotación o estacionales.
Actualmente, el texto se encuentra en fase de debate en el Consejo Europeo, donde las diferencias económicas y culturales entre países están dificultando el consenso. Mientras Estados como Dinamarca o Países Bajos presentan altos niveles de puntualidad en los pagos, otros países europeos registran niveles de morosidad significativamente más elevados.
Para la PMcM, el debate europeo sobre la morosidad representa una oportunidad histórica para corregir un problema estructural que afecta especialmente a las empresas más pequeñas. “La pregunta clave es si Europa va a proteger de verdad a las pequeñas empresas o si se dejará arrastrar una vez más por las excepciones y los intereses particulares”, insiste Cañete.
Más restricción en las condiciones de pago
El debate sobre el futuro reglamento europeo gira en torno a si deben limitarse aún más los plazos de pago, que actualmente el marco comunitario establece en un máximo de 60 días para operaciones entre empresas y 30 días para el sector público. Según el informe del Observatorio Europeo, los plazos medios reales superan estos límites, alcanzando 60,3 días en las operaciones entre empresas y 69,8 días en las transacciones entre Administraciones Públicas y empresas.
Este panel muestra que una mayoría de empresas europeas respalda limitar los plazos de pago. El 41% de los encuestados apoya establecer un plazo máximo obligatorio entre empresas, mientras que un 23% adicional lo respalda siempre que exista flexibilidad para determinados sectores, y el 37% restante se opone a fijar un límite legal. En conjunto, el 63% de las empresas europeas apoya algún tipo de limitación de los plazos de pago. Entre quienes respaldan un límite obligatorio, la opción preferida es un plazo de 30 días, apoyada por el 31% de los encuestados, seguida por un límite de 60 días.
La PMcM confía en que el futuro reglamento europeo se convierta en una herramienta eficaz para reducir la morosidad, fortalecer la liquidez de las empresas más vulnerables y favorecer un crecimiento económico más sólido. Además, recuerda que la lucha contra la morosidad sigue siendo una prioridad en la agenda de la Comisión Europea para 2026, lo que refuerza la necesidad de avanzar hacia un marco normativo más efectivo.
