El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy una Proposición no de Ley que recoge las principales demandas planteadas por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) para corregir la aplicación desigual de la Ley 1/2025 y garantizar una interpretación unificada de los requisitos de los medios adecuados de solución de controversias (MASC).
La iniciativa, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular y respaldada por una amplia mayoría (185 votos a favor, 16 en contra y 149 abstenciones), reclama al Gobierno reformas urgentes para evitar la fragmentación interpretativa que, desde su entrada en vigor, ha generado inseguridad jurídica y desigualdad en el acceso a la justicia.
La aprobación supone un respaldo directo a la postura defendida por el ICAM desde abril, cuando alertó públicamente al Ministerio de Justicia de los efectos dispares que la Ley estaba provocando en los juzgados de todo el país y pidió una intervención urgente para unificar criterios.
“El Congreso ha reconocido hoy que no puede haber justicia con normas que se aplican de forma distinta según el juzgado”, ha declarado Eugenio Ribón, decano del ICAM. “Esta iniciativa responde a una necesidad real que venimos denunciando desde hace meses: si no se corrigen las disfunciones de la Ley 1/2025, los ciudadanos no sólo están obligados a acudir a procedimientos alternativos, sino que no saben en qué casos ni con qué consecuencias, dependiendo del órgano judicial que les toque”.
Un paso hacia la coherencia judicial
Entre las medidas aprobadas hoy se encuentra la ampliación de las excepciones al requisito de acudir a un MASC previo a interponer demanda —como el juicio monitorio, desahucios, reclamaciones de comunidades de propietarios o procedimientos de familia con menores—, una de las reclamaciones expresas del ICAM.
El texto también insta al Ejecutivo a:
- Promover reformas normativas y reglamentarias que aseguren una aplicación uniforme de los MASC en todo el territorio.
- Elaborar el estatuto de la tercera persona neutral con participación de los operadores jurídicos.
- Impulsar protocolos comunes de actuación.
- Ofrecer formación específica a jueces, fiscales, abogados, procuradores y demás operadores jurídicos.
- Poner en marcha campañas de información ciudadana sobre los MASC y sus implicaciones legales.
“El ICAM no solo advirtió el problema, sino que propuso soluciones”, ha añadido Ribón. “Hoy celebramos que ese trabajo se traduzca en una hoja de ruta clara para garantizar seguridad jurídica, transparencia y una tutela judicial efectiva real”.
Compromiso de seguimiento
Desde el ICAM se subraya que esta victoria parlamentaria no es un punto final, sino el inicio de un proceso que debe traducirse en reformas legales y operativas. “Seguiremos vigilantes para que los compromisos adquiridos hoy no se queden en papel mojado”, ha asegurado el Decano.
La aprobación de esta iniciativa supone también un refuerzo al papel de la abogacía como actor esencial en la mejora del sistema de justicia y en la defensa de los derechos de los ciudadanos. “Cuando la ley genera confusión, es nuestra obligación alzar la voz. Hoy el Congreso nos ha escuchado”, ha concluido Ribón.