- Los medidas de refuerzo planteados por el ministro Bolaños son insuficientes a todas luces y entraría en vigor tarde, el próximo 1 de enero
La atribución de las nuevas competencias desde el pasado 3 de octubre de estos juzgados de violencia, convertidos en secciones con los tribunales de instancia supone un incremento de las funciones y responsabilidades para las plazas judiciales y para la oficina judicial difícil de cumplir. En este sentido las voces de la UPSJ, asociación letrados de administración de justicia y de los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid reclaman más medios para evitar el colapso.
Según nos informa recientemente su portavoz nacional, Juan José Yañez, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) habría remitido el pasado uno de octubre un escrito al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Generales para interesar el incremento de plantilla de LAJ ante la entrada en vigor del nuevo artículo 89 de la LOPJ que supondrá el incremento de competencias de las establece que «las Secciones de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal,.
Para hacer frente a esa situación, el Real Decreto 422/2025, de 3 de junio, ha dispuesto la dotación de mayor número de plazas judiciales así como de fiscales especializados. Sin embargo, la dotación de las oficinas judiciales no se ha visto reforzada en igual medida, lo que puede afectar gravemente a la debida protección de las mujeres víctimas de violencia sobre ellas.
En concreto, “debemos recordar las importantes funciones ejercidas por los letrados y letradas de la administración en la organización del servicio, información a la víctima, información, requerimientos y apercibimientos a los investigados, registro de órdenes de protección y otras medidas cautelares que se adopten en el SIRAJ
Junto a ellas la gestión y documentación de la colocación de pulseras telemáticas para el control de las prohibiciones de aproximación, ordenación procesal, impulso y ejecución de medidas civiles de familia cuya competencia les corresponde”, señala este jurista.
Desde la UPSj se plantea un refuerzo de de 12 plazas de letrado o letrada de la administración de justicia en los servicios comunes de tramitación de Badajoz, Mérida, Valladolid, Guadalajara, Córdoba, Lleida, Santiago de Compostela, Ourense, Gijón, León, Ciudad Real y Vilanova i la Geltrú. A las que se añadir 4 plazas de letrado o letrada de la administración de justicia en el servicio común de tramitación de Zaragoza, de Palma, de Las Palmas de Gran Canaria y Alicante.
Junto a ellos se reclaman 26 plazas de letrado o letrada de la administración de justicia en los servicios comunes de tramitación de los partidos de Motril, Ayamonte, Manacor, Puerto del Rosario, Arrecife, Llíria, Granada, Almería, Algeciras, Málaga, Marbella, Sevilla, Eivissa, Arona, Toledo, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Cáceres, Madrid (3), Arganda del Rey, Murcia, Cartagena, Vila-Real y Benidorm y tres de letrado o letrada de la administración de justicia para el servicio común de tramitación de Madrid, Barcelona y Málaga.
En este caso se trata de dotar de personal especializado para dar soporte a las nuevas secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia que se crea en los tribunales de instancia de Madrid, Barcelona y Málaga.
La Audiencia Provincial de Madrid pide más medios
Por otro lado, casi al mismo tiempo, la Audiencia Provincial de Madrid ha solicitado la creación urgente de dos nuevas secciones especializadas de violencia sobre la mujer ante la entrada en vigor de la nueva Ley que atribuye a estos tribunales el conocimiento de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos contra la libertad sexual cuando la persona ofendida sea mujer, con independencia de que sea o no pareja sentimental.
Así lo ha acordado la Junta General de magistrados de las Secciones de Penal de la Audiencia Provincial de Madrid con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Los magistrados señalan que "si no se procede a la inmediata ampliación de la planta con la creación de dos nuevas secciones para hacer frente a la ampliación de competencias, se consumará lo que auguran: el colapso de las dos secciones especializadas".
"En febrero de 2025 ya se advirtió por la Junta General de la Audiencia Provincial de Madrid que, superar el ámbito subjetivo de aplicación delimitado por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, para incluir cualquier forma de violencia contra la mujer por el mero hecho de ser mujer, incluyendo la violencia sexual, supone un desbordamiento de la competencia de las Secciones Especializadas en Violencia contra la Mujer de las Audiencias Provinciales", subrayan.
Esto "llevará indefectiblemente a una situación de colapso y saturación de dichos órganos con la absoluta imposibilidad de seguir proporcionando a las víctimas un trato adecuado y sosegado que permita un enfoque integral de la situación".
Además, dicha ampliación de competencias va tener lugar incumpliendo lo dispuesto al respecto en la propia ley de Garantía de la Libertad Sexual, que exigía la previa dotación de recursos materiales y personales, recuerdan los magistrados en su duro comunicado.
Este colapso, advierten, supondría la pérdida de eficacia de la Ley Orgánica 1/2004 sobre violencia de género. "Romper dicho marco de actuación, sin que dicha ruptura vaya acompañada de los medios personales y materiales necesarios para asumirla, supone, de una parte, desdibujar la configuración de dichos órganos y convertir en papel mojado todos los logros conseguidos con la Ley Orgánica 1/2004, y de otro lado, abocar a los mismos a la absoluta imposibilidad de proporcionar a las víctimas una respuesta ágil y eficaz".
Es por todo esto que la Junta General de Magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid acuerda por "unanimidad" dirigirse a la Sala de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y a los Ministerios de Justicia e Igualdad para poner de manifiesto su "preocupación, denunciando la situación, e interesando la urgente creación de dos nuevas secciones especializadas en Violencia contra la Mujer".
Este comunicado se produce una semana después de que más de un centenar de jueces alertaran en la misma dirección. Nuestra publicación se puso en contacto con la magistrada, Carmen Gámiz , titular del Juzgado numero 6 sobre violencia contra la mujer, quien explicaba las carencias que se van a generar con las nuevas competencias.
Estas advertencias llegan, además, tras la polémica en torno a los fallos de las pulseras antimaltrato, una situación que el Ejecutivo trató de minimizar pese a las constantes críticas de jueces y fiscales.
"La realidad es que, tal y como ha ocurrido con los problemas técnicos de las pulseras de detección de proximidad, los jueces y juezas de violencia sobre la mujer asumiremos hasta donde podamos todas esas carencias para asegurar, en la medida en que el tiempo y las fuerzas nos lo permitan, el buen trato y la protección de las víctimas", señalaron 123 jueces ante los nuevos cambios que han entrado en vigor.
