En 2023 el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos John G. Roberts predijo que “los jueces humanos estarán acá por un tiempo”, es decir que, por ahora, no serán reemplazados por la Inteligencia Artificial. Esta provocación condensa uno de los dilemas más interesantes que enfrenta el mundo del Derecho de cara a las nuevas tecnologías, y fue el punto de partida de un reciente experimento realizado por el Coase-Sandor Institute for Law & Economics de la Universidad de Chicago, en el que a un grupo de jueces de un lado, y a un programa de IA ChatGPT-4o del otro, se les pidió revocar o confirmar, en una supuesta instancia de apelación, el caso de un crimen de guerra fallado por la Corte Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. La simulación buscaba observar la influencia de dos factores en sus decisiones: el grado de simpatía que despertaba el acusado y la solidez del precedente jurisprudencial.
El resultado evidenció que la IA es bastante inflexible en la aplicación del derecho, es decir, que aplicó el precedente sin importar otros elementos de juicio relevantes para materializar la justicia en el caso concreto. Los jueces, por el contrario, cuando sintieron mayor simpatía hacia el acusado, tendieron a apartarse del precedente y a fallar en su favor. El experimento pone sobre la mesa un problema de la teoría jurídica sobre la decisión judicial muy vigente: ¿debe el juez dictar sus sentencias teniendo en cuenta únicamente el tenor literal de la ley o debe incorporar a ella los aspectos sociales, culturales, políticos y psicológicos que considere relevantes para el caso en particular? El experimento evidenció que mientras los jueces reales pueden apartarse de las reglas –es decir, modularlas o aplicarlas con equidad– cuando estas traen resultados negativos morales, sociales o políticos, la IA carece de esta habilidad, con lo cual, la conclusión es palmaria: a la IA solo podrían confiársele decisiones mecánicas o sobre las que exista un amplio consenso social, salvo, por supuesto, que se quiera sacrificar justicia en aras de la eficacia.
Ahora bien, el problema propuesto en el experimento dista de tener soluciones binarias. Cuando la IA ChatGPT-4o no se utilizó para fallar sino para predecir el sentido de los fallos, el resultado se acercó más a los fundamentos que habían invocado los jueces reales para decidir. En esta parte del experimento, a la IA se le instruyó para que proyectara la decisión en el marco de cinco escuelas interpretativas (positivismo legal, iusnaturalismo, realismo legal, positivismo estricto y pragmatismo). El resultado fueron diferentes fallos coherentes con los supuestos de cada una de estas, lo cual constituye sin duda una validación del rol de la filosofía del derecho en las decisiones judiciales.
Dos lecciones, a nuestro juicio, se pueden extraer del experimento de la Universidad de Chicago. La primera, que delegar la administración de justicia en la Inteligencia Artificial podría producir decisiones más rápidas y eventualmente a hacer más eficiente el sistema judicial, pero a riesgo de que se desconozcan circunstancias personales, contextos sociales o elementos de juicio en general que sean relevantes para que se haga justicia en casos concretos. La segunda es que, aunque la eventual delegación de administrar justicia en la Inteligencia Artificial comporta serios riesgos de carácter valórico, puede ser muy útil como herramienta consultiva del fundamento y la argumentación de los fallos judiciales. Es decir, la IA tiene un amplio terreno por explorar en el ámbito de la ratio decidendi, pero hay que tener máxima cautela en darle protagonismo en el decissus. Este debe seguir siendo territorio soberano de los jueces de carne y hueso.
Paola Robayo Galán es abogada especializada en tecnología jurídica. Trabajó en la Corte Suprema de Justicia de Colombia y actualmente está en Thomson Reuters Chile.
Iván Garzón Vallejo es Doctor en Ciencias Políticas y académico de la Universidad Autónoma de Chile. @igarzonvallejo