Cerca de 300 Procuradores y Abogados de Extremadura, se han concentrado este sábado en Mérida para exigir que se dé traslado de sus cotizaciones acumuladas en las mutualidades al sistema público de pensiones al objeto de tener «una pensión justa y digna» e integrar los activos en el sistema público con sus cotizaciones equivalentes «de acuerdo con los principios constitucionales».
Ambos colectivos, que fueron obligados a cotizar en las mutualidades correspondientes para poder ejercer la profesión, reclaman «una pasarela» al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en la que cada año cotizado en la mutualidad equivalga a un año cotizado en la Seguridad Social.
Pensiones dignas
La protesta, convocada por el Movimiento #J2, exige al Gobierno y al Parlamento una Pasarela al Reta, un traspaso a la Seguridad Social de las aportaciones que han hecho en sus años de cotización a las mutualidades profesionales alternativas y que dicho traspaso no suponga un perjuicio económico ni jurídico para ninguno de los afectados.
El Estado obligó a estos colectivos a cotizar en mutualidades, pero desatendió el deber in vigilando que le correspondía para garantizar el correcto funcionamiento de las mutualidades y los derechos inherentes de los mutualistas.
Fruto de ello, tanto abogados como procuradores se encuentran en una situación lamentable de cara a la jubilación. Recordamos que hay discriminación de género. Las mujeres sólo cobran sobre 300 euros de pensión al jubilarse mientras que los hombres apenas les alcanzan a los 400 euros. La Mutualidad de la Abogacía (MA) y la Mutualidad de la Procura aplican una fórmula por la que la mayor esperanza de vida de las mujeres lleva a que éstas cobren menos. Aún así ambas pensiones son exiguas y no acordes a las pensiones del resto de trabajadores de cualquier sector en España. Los mutualistas reclaman los mismos derechos que el resto de los españoles cuyas pensiones mínimas son muy superiores. Además, como os manifiestan, sus fondos también tienen que ser engrosados con los intereses no percibidos, los fondos propios de las mutualidades y patrimonio, donde se incluyen las sociedades que la MA ha constituido con dinero mutual o están participadas por la misma mutualidad.
Los convocantes han denunciado que la situación es «insostenible tras décadas en un sistema mutualista que ya no garantiza una jubilación digna».
«Tras décadas de trabajo y dedicación al funcionamiento de la Justicia, nos encontramos con jubilación indignas, de entre 300 y 400 euros», han denunciado este sábado los portavoces del Movimiento #J2, Fernando Sabido -Letrado- y Pepa Méndez -Procurador-, entre otros.
Los afectados según datos aportados por el colectivo son entre 4.000 y 4.500 de estos profesionales en Extremadura, profesionales que han cotizado durante años confiando en sus mutualidades, en sus decanos, en el CGAE y en la obligación de vigilancia del Estado para con las mismas, pero a día de hoy «no tienen garantizada una jubilación digna», por lo que se ven obligados a seguir trabajando. Nos recuerdan con gran pesar desde el Movimiento #J2que sus decanos y el CGAE ocultaron a los mutualistas un informe elaborado por la empresa MERCER a petición de los mismos y sobre la MA, donde se concluía claramente que el cambio de capitalización colectiva de capitalización individual era claramente perjudicial para los mutualistas alternativos al RETA, así como que sería muy difícil poder explicar a los mutualistas cómo se tendría que hacer el traspaso de los fondos a cuentas individuales, resultando que al final el traspaso se hizo de forma desigual incluso entre los que tenían la misma cantidad de aportaciones al sistema colectivo, iniciando su cuenta personal con cantidades distintas entre ellos. Todo ello sin información ni aprobación de los mutualistas afectados.
De hecho, los convocantes de la protesta denuncian que estos profesionales que cotizaron durante décadas en mutualidades están percibiendo o percibirán pensiones de entre 300 y 400 euros, «en doce pagas y sin actualización», cantidades inferiores a una pensión no contributiva y «penalizando a las mujeres con pensiones inferiores a las de los hombres», ha dicho Pepa Méndez.
Una situación que, lamentan, vulnera el derecho a una jubilación digna, por lo que reclaman una Pasarela al RETA 1×1 «sin exclusiones ni compras de derechos, que incluya a jubilados, viudos, huérfanos, enfermos y profesionales en activo».
Han expuesto que miles de Abogados y Procuradores están atrapados en las mutualidades, un sistema alternativo a la Seguridad Social que «el Estado ni legisló correctamente ni supervisó».
Consecuencia de esta situación de desamparo, entre otras, son que estos colectivos han tenido que sufragar seguros médicos privados para tener cubierta la asistencia sanitaria, han tenido que abonar íntegramente las medicinas, no han podido optar a los beneficios por incapacidades de ningún tipo, no han tenido derecho a la obtención de la tarjeta sanitaria europea, ni a los beneficios del IMSERSO.
Y esta situación continuará así mientras no puedan optar al Reta mediante el traspaso de sus capitales, atrapados en las mutualidades.