Madrid, 30 oct (EFE).- Representantes de tribunales y cortes de 85 países han hecho un llamamiento este jueves en la reunión que han celebrado en Madrid a respetar la independencia judicial y garantizar los derechos, las libertades y la dignidad de las generaciones futuras.
Son algunas de las conclusiones del VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, que ha congregado esta semana en la capital de España a más de 300 participantes.
Uno de los puntos principales del congreso, organizado por el Tribunal Constitucional (TC) español y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, ha sido la denuncia de las amenazas a la independencia de los tribunales y cortes constitucionales miembros de la conferencia mundial.
La conferencia ha puesto de manifiesto que las mismas "no son ni hipotéticas ni aisladas y que muchos se enfrentan a injerencias políticas en los nombramientos, retrasos en la ejecución de sus decisiones o campañas dirigidas a minar la confianza pública en ellos".
Igualmente que en algunos casos se ha intentado incluso debilitar el control constitucional mediante restricciones presupuestarias o procesales, lo que a juicio de los miembros de la conferencia "erosiona el Estado de derecho".
Los participantes en el congreso han concluido que "la independencia judicial no es un privilegio de la magistratura sino una salvaguarda para todos, una garantía de que los derechos se defienden sin miedo ni favoritismos".
"Precisa recursos adecuados y respeto institucional y protegerla es una responsabilidad permanente compartida por todos", han afirmado los tribunales constitucionales reunidos en Madrid, que han destacado que las sentencias crean marcos jurídicos que perduran más allá de ciclos electorales y programas políticos.
Las conclusiones han sido presentadas en la última sesión del congreso, moderada por la vicepresidenta del TC de España, Inmaculada Montalbán, quien ha subrayado que "cada generación tiene el deber ineludible de salvaguardar los derechos de las que están por venir, no actuar solo en función de los intereses del presente".
Para ello ha destacado el papel esencial de los tribunales constitucionales, puesto que "sus decisiones no solo corrigen vulneraciones de derechos fundamentales sino que contribuyen a orientar políticas públicas, limitar los excesos del poder y trazar el rumbo hacia un desarrollo más equitativo y sostenible".
En este contexto los participantes en el congreso han subrayado la necesidad de garantizar el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, y han destacado su capacidad para resolver asuntos relativos a daños medioambientales y para aplicar la justicia climática.
Así se han comprometido a defender marcos jurídicos que impidan daños ecológicos irreversibles y que confirmen las obligaciones del Estado para las generaciones futuras.
Asimismo han defendido la importancia de preservar el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, porque sustenta la identidad y la resiliencia de los ciudadanos del futuro.
También han concluido que la conectividad digital, el acceso justo a la información y la gobernanza ética de las tecnologías emergentes son elementos vitales para el desarrollo humano.
Para ello ven "imperativo que los tribunales y cortes protejan a las personas contra los abusos de la vigilancia, la discriminación algorítmica y las violaciones de la privacidad de datos", así como que garanticen "el acceso equitativo a la infraestructura digital y a los sistemas de conocimiento".
Montalbán ha concluido solicitando que se garantice la participación de las mujeres en la toma de decisiones y ha advertido de que la igualdad constituye en sí misma "un precioso legado y su cuestionamiento, aplazamiento o pérdida impactará negativamente en el desarrollo de las democracias”.