Zamora: Innovación, Justicia y Territorio como hoja de ruta
Carmen Fernández Zabalza Decana del Colegio de la Abogacía de Soria
El V Congreso de la Abogacía de Castilla y León, celebrado en Zamora BAJO EL LEMA INNOVACIÓN, JUSTICIA Y TERRITORIO, nos deja una reflexión que va más allá de la crónica de tres días de trabajo. Nos recuerda que la transformación de la Justicia solo tendrá sentido si es capaz de mejorar la vida de las personas y si cuenta, de verdad, con quienes cada día ejercemos la defensa desde los despachos, los juzgados y también desde los territorios más pequeños.
No se trataba únicamente de reunirnos para hablar de los problemas de la profesión. El Congreso ha servido para analizar el impacto real que los cambios del sistema judicial tienen sobre la ciudadanía. Esa perspectiva me parece esencial. Porque la abogacía no puede mirarse a sí misma como un fin, sino como un instrumento imprescindible para garantizar derechos. Todo lo que afecta a nuestro trabajo acaba afectando, tarde o temprano, a quienes acuden a nosotros buscando protección, respuesta y confianza.
Zamora nos ha situado ante tres palabras que no deben quedarse en un lema. INNOVACIÓN, JUSTICIA Y TERRITORIO SON, en realidad, una forma de ordenar las prioridades de la abogacía castellana y leonesa en este momento.
Innovar no es correr detrás de cada herramienta tecnológica ni asumir sin más que todo avance digital mejora el servicio público. Innovar exige criterio. La inteligencia artificial abre posibilidades evidentes para la gestión de los despachos, el análisis documental o la organización del trabajo, pero también plantea límites que no podemos ignorar. La confidencialidad, la protección de datos, el secreto profesional y la responsabilidad última del abogado no pueden quedar diluidos en ningún procedimiento automatizado.
La tecnología puede ayudarnos, pero no puede sustituir el juicio profesional ni la relación de confianza que sostiene la defensa. La abogacía debe estar en ese debate desde el principio, no como espectadora, sino como garante de que la innovación se incorpore con seguridad jurídica, con prudencia y con respeto a los derechos de la ciudadanía.
La segunda palabra es justicia. Y hablar de justicia en este momento obliga a detenerse en las reformas organizativas y procesales que ya están cambiando nuestra forma de trabajar. La Ley de Eficiencia y la implantación de nuevos modelos exigen una valoración serena, práctica y realista. Todos compartimos la necesidad de una Justicia más ágil, más accesible y menos lastrada por retrasos. Pero la eficiencia no puede medirse solo desde los organigramas ni desde el lenguaje de la gestión.
Una justicia eficiente debe ser aquella que responde mejor al ciudadano, que reduce tiempos, que simplifica trámites sin sacrificar garantías y que no traslada nuevas cargas a los profesionales sin dotar al sistema de medios suficientes. La abogacía conoce muy bien lo que ocurre cuando una reforma llega al papel antes que a la realidad: se multiplican las dudas, se tensionan los plazos y se generan inseguridades que terminan soportando los despachos y, finalmente, los justiciables.
Por eso, una de las conclusiones que me traigo de Zamora es la necesidad de escuchar más a quienes están en contacto directo con el funcionamiento diario de los juzgados. La abogacía ve dónde se atasca el sistema, dónde se pierde tiempo, dónde se generan desigualdades y dónde una buena intención normativa puede convertirse en un problema práctico. Esa experiencia debe formar parte de cualquier proceso de mejora.
Evitar una justicia a dos velocidades
La tercera palabra, territorio, tiene para quienes ejercemos en provincias como Soria un significado muy concreto. No hablamos de una idea abstracta. Hablamos de distancias, de dispersión geográfica, de juzgados alejados, de partidos judiciales pequeños y de ciudadanos que tienen el mismo derecho a una defensa eficaz que quienes viven en una gran capital.
Castilla y León no puede permitirse una justicia a dos velocidades. Tampoco una abogacía a dos velocidades. La cercanía no es un elemento sentimental: es una condición de igualdad. Si los servicios se alejan, si los recursos se concentran y si las soluciones se diseñan sin tener en cuenta la realidad del medio rural, el acceso a la justicia se debilita precisamente allí donde más necesario resulta protegerlo.
En este punto, el Turno de Oficio ocupa un lugar central. No porque sea una reivindicación más de la profesión, sino porque es una garantía básica del Estado de Derecho. Los abogados y abogadas del Turno de Oficio sostienen, muchas veces con una disponibilidad difícilmente compatible con la vida personal y familiar, el acceso a la defensa de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
El Congreso ha vuelto a poner de manifiesto que la asistencia jurídica gratuita necesita una regulación y una financiación acordes con la realidad del servicio que se presta. No basta con reconocer su importancia en los discursos. Hay que reconocerla también en las condiciones, en las retribuciones, en la cobertura de todas las actuaciones y en el respeto institucional a quienes la hacen posible cada día.
Hablamos de salud mental
También me parece importante que en Zamora se haya hablado de salud mental, bienestar y gestión emocional. Durante demasiado tiempo la abogacía ha normalizado el cansancio, la presión permanente, la urgencia y la soledad del despacho como si fueran parte inevitable del oficio. Sin embargo, una profesión que defiende derechos necesita profesionales capaces de trabajar con serenidad, con tiempo para pensar y con condiciones que permitan sostener la calidad de la defensa.
Cuidar a la abogacía no es una cuestión corporativa. Es cuidar el derecho de defensa. Es garantizar que detrás de cada expediente haya un profesional con criterio, con independencia y con capacidad real para acompañar a quien necesita ayuda.
Vuelvo de Zamora con la impresión de que el Congreso ha cumplido una función necesaria: ordenar preocupaciones, compartir experiencias y transformar debates dispersos en una hoja de ruta común. No se trata de presentar conclusiones grandilocuentes, sino de asumir compromisos concretos: innovar sin perder garantías, reformar escuchando a quienes conocen la realidad diaria de la Justicia, proteger el territorio, dignificar el Turno de Oficio y no olvidar nunca la dimensión humana de nuestra profesión.
La abogacía de Castilla y León ha demostrado en Zamora que quiere participar activamente en la construcción de una Justicia más cercana, más eficaz y más humana. Desde Soria, esa conclusión tiene especial valor. Porque sabemos que la igualdad ante la ley también se mide en kilómetros, en presencia profesional y en la capacidad de que ningún ciudadano se sienta lejos de sus derechos.
Ese debe ser, a mi juicio, el mensaje que nos deja Zamora: la Justicia del futuro no puede construirse sin innovación, pero tampoco sin territorio; no puede buscar eficiencia sin garantías; y no puede servir a la ciudadanía si no escucha a la abogacía que la acompaña cada día.