La obligación de registrar la jornada laboral se implantó en 2019 con la promesa de poner fin a las horas extra invisibles. Sin embargo, más de cinco años después, la práctica demuestra que el problema sigue muy lejos de resolverse. En muchos sectores, el registro horario se ha convertido en un simple trámite burocrático que no evita ni el exceso de jornada ni el impago de horas extraordinarias.
La teoría: un derecho reconocido por ley
Aunque el Gobierno ha aprobado en 2025 la reducción progresiva de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, la medida aún no ha sido convalidada por el Congreso y continúa en fase de tramitación parlamentaria. Mientras tanto, sigue plenamente vigente la obligación de registrar la jornada diaria y de reflejar, de forma clara, las horas extraordinarias realizadas, de acuerdo con el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores.
La reforma de 2019 reforzó este marco al imponer a todas las empresas un registro diario de jornada, con el objetivo de garantizar transparencia y evitar abusos. En papel, parecía una medida contundente.
La práctica: registros vacíos y horas que desaparecen
La realidad es más compleja. La Inspección de Trabajo ha detectado sistemas de fichaje que marcan automáticamente la jornada teórica aunque el trabajador haga más horas, registros manipulados o directamente inexistentes.
A esto se suma la presión cultural: en muchos entornos, quedarse más tiempo en el trabajo no se percibe como una infracción, sino como una muestra de compromiso. De ahí que muchos empleados no reclamen sus horas extra por miedo a represalias o por pensar que es inútil.
El resultado es un volumen ingente de trabajo no declarado ni remunerado, lo que constituye una vulneración flagrante de derechos laborales y una competencia desleal para las empresas que sí cumplen.
Las consecuencias para las empresas
Conviene recordar que no registrar la jornada o falsear los datos es una infracción grave según la LISOS, sancionable con multas de hasta 7.500 euros. Además, si un trabajador reclama y acredita las horas extra con pruebas (correos, mensajes, testigos), la empresa se arriesga a pagar salarios atrasados y recargos en cotizaciones.
Paradójicamente, muchas compañías asumen este riesgo porque saben que la probabilidad de inspección es baja. Aquí surge la crítica: la norma existe, pero sin un control real, pierde gran parte de su efectividad.
Qué puede hacer el trabajador
Aunque el sistema sea imperfecto, el trabajador tiene herramientas. La primera, y básica, es fichar siempre que sea posible, incluso si la empresa pone trabas. También es importante guardar evidencias del tiempo real trabajado (emails, registros de acceso, capturas, etc.). En último término, queda reclamar en plazo las horas extra impagadas, que prescriben al año.
Son pasos incómodos, pero necesarios para transformar un derecho reconocido en un derecho efectivo.
Un cambio de cultura pendiente
Más allá de las sanciones y pleitos, lo que está en juego es la salud y la dignidad laboral. La sobrecarga de horas sin compensación impacta en el bienestar del trabajador, reduce la productividad y perpetúa modelos de gestión obsoletos.
Garantizar que el registro horario sea un instrumento real y no un formalismo exige voluntad empresarial y un refuerzo en la actuación de la Inspección de Trabajo. Sin ello, el sistema seguirá siendo, en gran medida, un brindis al sol.
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