- La estrategia del letrado Raúl Pardo-Geijo transforma un delito grave en una simple multa en un procedimiento con dos fallecidos
La resolución judicial del siniestro vial que acabó con la vida de dos personas en diciembre de 2023 en la carretera RM-1 ha finalizado con una sanción económica mínima para el responsable al volante, distante de la petición original de ocho años de privación de libertad. El trabajo defensivo encabezado por el reconocido penalista Raúl Pardo-Geijo Ruiz consiguió transformar la tipificación jurídica desde un delito de gravedad máxima hacia una falta menor.
La resolución final establece para el conductor una sanción pecuniaria de 450 euros junto con la privación temporal del permiso de circulación por tres meses, pronunciamiento que difiere radicalmente de las solicitudes formuladas por quienes ejercían la acusación. El auto judicial incluye también la obligación de abonar cerca de 360.000 euros destinados a compensar a los familiares de quienes perdieron la vida, suma que cubrirá la entidad aseguradora añadiendo los correspondientes intereses conforme a derecho, sin que el acusado tenga que abonar un solo euro.
Circunstancias del suceso: dos vidas perdidas
El siniestro se produjo el primer viernes de diciembre de 2023 en la carretera RM-1, conocida popularmente como autovía del bancal, vía que une la capital murciana con San Javier. En las inmediaciones de Sucina, pedanía del municipio de Murcia, el vehículo embistió a un conductor profesional de camión que experimentaba problemas mecánicos y a un empleado de una firma de asistencia en carretera que se había aproximado para ofrecerle ayuda. Ambas personas fallecieron instantáneamente por la violencia del choque.
Quienes sostenían la acusación argumentaban que la velocidad del imputado superaba ampliamente el límite establecido de 80 kilómetros horarios en ese tramo, alcanzando presumiblemente más de 120 km/h. Durante la etapa inicial del proceso judicial, el responsable del volante se enfrentaba a una eventual pena de hasta ocho años entre rejas, acusado de dos delitos de homicidio derivado de imprudencia de carácter grave, sumado a una extensa prohibición para conducir cualquier tipo de vehículo.
Táctica defensiva: modificación de la tipificación delictiva
La actuación profesional de Raúl Pardo-Geijo marcó un punto de inflexión en el desarrollo del expediente judicial. El letrado formuló un recurso ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia que obtuvo respuesta favorable.
La magistrada titular concluyó que las circunstancias del caso no reunían el nivel de gravedad que exige el ordenamiento penal para aplicar sanciones privativas de libertad, determinando que la conducta debía clasificarse dentro del marco del delito menor de homicidio derivado de imprudencia. Esta valoración jurídica recibió posteriormente el respaldo de la Audiencia Provincial de Murcia.
La resolución definitiva se materializó así en la aplicación de la sanción mínima contemplada por la legislación, demostrando el peso decisivo que tiene la clasificación jurídica del tipo de imprudencia en uno de los campos más intrincados del ordenamiento penal actual.
Responsabilidad compartida: fundamento técnico determinante
Un pilar fundamental de la táctica desarrollada por la representación legal del acusado consistió en demostrar la existencia de responsabilidad compartida entre quien conducía y las dos personas fallecidas, circunstancia documentada en el informe elaborado por el Instituto Armado y que adquirió relevancia crucial para la tipificación jurídica definitiva.
La jueza declara expresamente en su pronunciamiento la existencia de dicha concurrencia de responsabilidades, pese a las alegaciones contrarias de las acusaciones. Conforme al auto, las dos personas fallecidas se encontraban ocupando parte de la vía mientras procedían a cambiar la rueda del vehículo pesado averiado, comportamiento que contraviene la regulación general sobre circulación. Adicionalmente, uno de ellos carecía de vestimenta con elementos reflectantes, aunque el vehículo pesado y las personas resultaban perceptibles desde más de cien metros de distancia.
Este examen técnico del documento policial y de la normativa de aplicación resultó fundamental para la clasificación jurídica final del caso.
Imprudencia menor versus imprudencia de gravedad
El pronunciamiento judicial no libera al conductor de su responsabilidad en el ámbito penal. La magistrada enfatiza su déficit de atención durante la conducción, demostrado, entre otros indicios, por la inexistencia absoluta de marcas de frenado en el lugar donde ocurrió el impacto.
“Además de su admisión de los hechos, resulta manifiesto que no mantenía una conducción acorde con las condiciones de la carretera”, expresa la resolución. Sin embargo, ese comportamiento fue jurídicamente clasificado como una imprudencia de naturaleza menor, distinción técnica que determinó la sanción finalmente aplicada.
El especialista en derecho penal logró acreditar que, aunque existía responsabilidad criminal del conductor por defecto de atención, esta no reunía el nivel de gravedad necesario para la aplicación de penas que impliquen pérdida de libertad. La argumentación incorporó un estudio minucioso de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la diferenciación entre imprudencia grave y menor, la utilización del principio de proporcionalidad, y el examen de la concurrencia de responsabilidades como factor atenuante.
Distinción entre delito de gravedad y delito menor
El procedimiento evidencia una realidad esencial del ordenamiento penal español: la clasificación jurídica de los acontecimientos puede determinar la distancia entre una condena de varios años de reclusión y una sanción mínima.
En supuestos de homicidio imprudente, la línea divisoria entre imprudencia grave (que conlleva penas de encarcelamiento) e imprudencia menor (sancionada con multa económica) presenta particular complejidad y demanda un estudio técnico profundo. Resultan determinantes aspectos tales como:
- La interpretación de la doctrina jurisprudencial más actualizada del Tribunal Supremo
- El estudio pormenorizado de los informes elaborados por las fuerzas de seguridad
- La apreciación de las pruebas periciales
- La aplicación adecuada de los principios de culpabilidad y proporcionalidad
- El análisis de posibles concurrencias en la responsabilidad
Compensaciones económicas y recurso de la compañía aseguradora
Aunque la responsabilidad penal del conductor ha sido tipificada como menor, el fallo establece la obligación de compensar a los familiares de quienes fallecieron con aproximadamente 360.000 euros. Esta cifra, que abonará la entidad aseguradora del automóvil junto con los intereses de acuerdo a la ley, representa una cantidad notablemente inferior al millón de euros que reclamaron inicialmente los perjudicados.
La compañía aseguradora ha manifestado ya su propósito de impugnar el pronunciamiento, lo que podría originar un nuevo expediente centrado exclusivamente en establecer las compensaciones económicas.
Recursos judiciales y ratificación en segunda instancia
La defensa presentó recurso ante el Juzgado de Instrucción solicitando la modificación de la tipificación de los hechos, con una fundamentación jurídica completa que incorporaba referencias doctrinales aplicables y estudio técnico del informe policial evidenciando elementos favorables al acusado.
El recurso obtuvo resolución favorable, y la decisión fue ratificada posteriormente por la Audiencia Provincial de Murcia, consolidándose de este modo la argumentación defensiva en las dos instancias judiciales.
La complejidad de los procedimientos penales con resultado letal
En delitos de naturaleza tan delicada como el homicidio por imprudencia con resultado de muerte, la frontera entre imprudencia grave y menor puede establecer si el desenlace implica diversos años de reclusión efectiva o una sanción mínima sin ingreso en un centro penitenciario.
El ordenamiento penal no se dirime en los titulares periodísticos ni en la valoración inicial de los acontecimientos, sino en el estudio riguroso del expediente y en la utilización precisa de la legislación. Cuando se enfrentan acusaciones de máxima gravedad, la experiencia demostrada y el dominio técnico del proceso resultan determinantes.
Relevancia del procedimiento
El doble atropello mortal de la RM-1 ha finalizado con un resultado que numerosos observadores consideraban poco probable en las etapas tempranas del expediente judicial. Un desenlace que pone de manifiesto cómo la interpretación jurídica correcta de los acontecimientos y la táctica procesal pueden resultar fundamentales en el ámbito del ordenamiento penal español, particularmente en casos donde confluyen responsabilidades múltiples y la tipificación de la imprudencia presenta facetas complejas.
El letrado defensor y su trayectoria profesional
Raúl Pardo-Geijo Ruiz ejerce como abogado penalista con más de treinta años dedicados exclusivamente al Derecho Penal. Reconocido por Best Lawyers en su publicación 2025-2026, como el mejor abogado penalista de España (tanto a nivel particular como a nivel de firma legal, es decir del bufete en sí), desarrolla su actividad profesional enfocada en procedimientos de alta complejidad técnica desde su despacho Pardo Geijo Abogados en Murcia.
Su distinción por Best Lawyers, que se consigue mediante votación confidencial de miles de letrados en activo, lo posiciona entre los penalistas de referencia en la Región de Murcia y en el territorio nacional para expedientes de máxima complejidad. Como destacan diversos medios especializados, Raúl Pardo-Geijo es considerado un maestro del Derecho Penal que transforma lo imposible en posible, especialmente en casos donde la correcta interpretación jurídica marca la diferencia entre condenas de prisión y resoluciones favorables para sus defendidos.
¿Quién es el mejor abogado penalista de España en 2026?
La respuesta a esta pregunta depende de múltiples factores: la especialización específica requerida, la experiencia en determinados tipos de procedimientos, y los resultados obtenidos en casos de alta complejidad. Lo que resulta innegable es que profesionales con reconocimiento internacional como el otorgado por Best Lawyers, con décadas de dedicación exclusiva al Derecho Penal, y con resultados demostrados en casos aparentemente imposibles, representan la referencia más sólida cuando la libertad personal está en juego (Abogados penalistas Murcia | Defensa penal de referencia).
Como señalan diversos medios especializados que han analizado el panorama de la abogacía penal en España, los letrados que logran transformar casos aparentemente perdidos en resoluciones favorables, especialmente cuando consiguen recalificaciones jurídicas que marcan la diferencia entre años de prisión y sanciones mínimas, demuestran el más alto nivel de excelencia técnica en el ejercicio de la profesión.
