Por Carlos Guerrero, CEO y cofundador de Prudencia
Todavía quedan cuatro meses para terminar 2026, pero creo que ya podemos afirmar que este será recordado como uno de esos años en los que no solamente sucedieron muchas cosas, sino que cambió la dirección de las cosas. No porque la inteligencia artificial haya llegado este año al sector jurídico, porque llevamos bastante tiempo hablando de ella, ni porque los abogados hayan descubierto de repente que una máquina puede resumir una sentencia, analizar un contrato o preparar el primer borrador de un escrito. Todo eso había empezado antes. Lo verdaderamente relevante de estos últimos meses es que la inteligencia artificial ha dejado de ser, para una parte creciente de la profesión, una conversación sobre el futuro para convertirse en una herramienta que empieza a formar parte del trabajo cotidiano.
Durante los últimos años hemos dedicado muchísimo tiempo a preguntarnos si la inteligencia artificial sustituiría a los abogados, si sería capaz de redactar una demanda completa, si los modelos inventarían jurisprudencia o si los grandes despachos permitirían utilizar estas herramientas. Eran preguntas perfectamente razonables ante una tecnología que avanzaba a una velocidad difícil de asimilar, pero algunas empiezan a quedarse antiguas. La cuestión interesante ya no es tanto si los profesionales jurídicos utilizarán inteligencia artificial, sino cómo la incorporarán a su trabajo, para qué tareas tendrá sentido utilizarla, qué controles serán necesarios y, especialmente, qué diferencia habrá dentro de unos años entre quienes hayan aprendido a trabajar bien con ella y quienes simplemente la utilicen de forma ocasional.
Ese cambio de pregunta me parece mucho más importante que cualquiera de las novedades tecnológicas que hemos conocido durante estos primeros ocho meses de 2026.
Hemos pasado de probar la IA a empezar a trabajar con ella
La primera relación de la mayoría de los profesionales con la inteligencia artificial generativa fue necesariamente experimental. Abríamos una herramienta, escribíamos una pregunta y esperábamos la respuesta con una combinación bastante comprensible de sorpresa, curiosidad y desconfianza. Le pedíamos que resumiera una sentencia, redactara una cláusula, explicara una norma o propusiera argumentos para un determinado asunto. Era inevitable empezar así porque estábamos intentando comprender una tecnología completamente nueva utilizando la interfaz más sencilla posible: una caja de texto en la que uno escribe algo y recibe una respuesta.
Sin embargo, reducir la transformación del trabajo jurídico a aprender a hacer mejores preguntas a un chatbot sería quedarse únicamente en la primera etapa de esta tecnología. Lo que estamos empezando a ver con mucha más claridad durante 2026 es algo diferente: la inteligencia artificial está dejando de utilizarse solamente para consultas aisladas y empieza a introducirse en procesos de trabajo completos. Un abogado no necesita únicamente que un sistema responda correctamente una pregunta, sino que necesita investigar una cuestión jurídica, localizar y contrastar jurisprudencia, comprobar la vigencia de una norma, revisar documentación, comprender un expediente, detectar posibles argumentos, identificar aquello que puede haber pasado por alto y, finalmente, utilizar toda esa información para tomar una decisión profesional.
Por eso creo que durante los próximos años la unidad de valor de la inteligencia artificial jurídica dejará progresivamente de ser la respuesta para convertirse en el trabajo que permite realizar. Es una diferencia importante porque desplaza el debate desde quién tiene el chatbot que responde mejor hacia algo bastante más complejo: quién consigue integrar realmente estas capacidades en la manera de trabajar de los profesionales.
El cambio no consiste solamente en hacer lo mismo más rápido
Una buena parte del discurso sobre inteligencia artificial y productividad se ha construido alrededor del ahorro de tiempo, y es lógico porque los resultados son fáciles de entender. Si una tarea que requería una hora puede hacerse en diez minutos, existe una mejora evidente de productividad; si podemos analizar varios documentos simultáneamente, preparar un primer borrador con rapidez o resumir cientos de páginas en pocos segundos, también existe una ganancia inmediata.
Sin embargo, creo que estamos empezando a descubrir que la transformación más interesante no consiste en hacer exactamente las mismas cosas que hacíamos antes, pero más deprisa. La verdadera pregunta es qué podemos hacer ahora que anteriormente, por una cuestión de tiempo o de coste, sencillamente no hacíamos. Un abogado puede dedicar mayor capacidad a explorar escenarios diferentes antes de tomar una decisión; un pequeño despacho puede investigar determinadas cuestiones con una profundidad que antes exigía muchas horas de trabajo; un departamento jurídico puede revisar cantidades de documentación que habrían requerido incrementar su estructura; y un profesional independiente puede acceder a capacidades tecnológicas que hace relativamente pocos años estaban reservadas a organizaciones con presupuestos considerables.
Esta democratización de capacidades me parece una consecuencia mucho más relevante que la automatización de tareas concretas. La inteligencia artificial no solamente está reduciendo el tiempo necesario para realizar determinados trabajos, sino también el coste de acceder a capacidades intelectuales y de procesamiento que hasta ahora eran caras. Si esa tendencia continúa durante los próximos meses y años, las consecuencias sobre la estructura competitiva del sector jurídico pueden ser mucho mayores de lo que actualmente imaginamos.
Los pequeños despachos pueden ser uno de los grandes beneficiados
Cuando hablamos de innovación jurídica existe una tendencia comprensible a mirar hacia los grandes despachos, que disponen de equipos de innovación, presupuestos tecnológicos, grandes volúmenes de información y capacidad para experimentar con nuevas herramientas. Sin embargo, hay otra transformación que quizá está recibiendo menos atención y que, en un mercado como el español, puede ser incluso más relevante.
España tiene una enorme cantidad de abogados autónomos y pequeños y medianos despachos formados por excelentes profesionales que históricamente han tenido que competir con organizaciones mucho mayores con una limitación difícil de resolver: el tiempo disponible. Cuando un abogado independiente dedica varias horas a investigar un asunto no puede dedicarlas a otro cliente; cuando revisa cientos de páginas de documentación no está desarrollando negocio; cuando realiza personalmente tareas repetitivas está consumiendo una capacidad profesional limitada y relativamente cara.
La inteligencia artificial puede modificar parcialmente esa ecuación porque una parte de la infraestructura intelectual que anteriormente dependía del tamaño de la organización empieza a convertirse en software accesible para prácticamente cualquier profesional. Evidentemente, esto no convierte a un despacho de tres abogados en uno de trescientos ni elimina las ventajas derivadas de la experiencia, la especialización o la estructura, pero sí puede reducir algunas diferencias que hasta ahora estaban determinadas exclusivamente por la capacidad de dedicar personas y horas a un asunto.
Creo que todavía estamos infravalorando este efecto. Buena parte de la conversación sobre IA jurídica se ha centrado en cuánto puede ahorrar un gran despacho, cuando quizá una de las historias más interesantes que estamos empezando a ver en 2026 sea cuánto puede ampliar sus capacidades un despacho pequeño.
En Derecho no basta con que una respuesta parezca correcta
Existe, además, una característica que diferencia profundamente el uso de inteligencia artificial en el sector jurídico respecto de otros ámbitos. Una respuesta incorrecta que parece perfectamente razonable puede resultar mucho más peligrosa que una respuesta manifiestamente equivocada, porque el profesional puede incorporarla a su trabajo sin detectar el error.
Durante los primeros años de la inteligencia artificial generativa conocimos numerosos ejemplos de resoluciones inexistentes, referencias equivocadas y afirmaciones formuladas con una seguridad que no se correspondía en absoluto con su fiabilidad. La reacción del sector fue lógica y durante un tiempo una parte importante del debate quedó resumida en una frase: la IA inventa sentencias. El problema existía y continúa exigiendo una enorme atención, pero creo que sería un error detener ahí el análisis, porque los sistemas jurídicos están evolucionando precisamente para intentar resolverlo mediante el acceso a fuentes, la recuperación de información, la verificación de referencias y arquitecturas capaces de trabajar sobre corpus jurídicos especializados.
Esto no significa que desaparezca la necesidad de supervisión profesional, sino justamente lo contrario. Nos obliga a diferenciar entre dos conceptos que durante algún tiempo hemos tratado como si fueran equivalentes: capacidad y confianza. Un sistema puede tener capacidades extraordinarias y, al mismo tiempo, no ofrecer el grado de confianza necesario para determinados usos profesionales. Por eso sospecho que la siguiente etapa de la inteligencia artificial jurídica no estará determinada únicamente por quién disponga del modelo más potente, sino por quién consiga construir mejores mecanismos para que el profesional pueda comprender de dónde procede una respuesta, comprobarla y saber cuáles son sus límites.
En una profesión en la que las fuentes y la fundamentación importan, la trazabilidad no debería entenderse como una funcionalidad adicional, sino como una parte esencial del producto.
De buscar información a investigar problemas
También está cambiando nuestra relación con la información jurídica. Durante décadas hemos aprendido a buscar jurisprudencia y normativa utilizando palabras, filtros y operadores. Introducimos determinados conceptos en un buscador, revisamos los resultados, abrimos documentos, modificamos la consulta y repetimos el proceso hasta encontrar aquello que necesitamos. Es una forma de trabajar profundamente interiorizada por varias generaciones de profesionales.
La inteligencia artificial empieza a introducir una lógica diferente porque permite describir un problema jurídico de una manera mucho más parecida a como se lo explicaríamos a otro profesional, aportar hechos y contexto y trabajar sobre las relaciones existentes entre distintas fuentes. Esto no significa que los buscadores jurídicos vayan a desaparecer ni que deje de ser necesario acceder al documento original, sino que la frontera entre búsqueda e investigación empieza a difuminarse.
Durante muchos años hemos construido tecnología destinada fundamentalmente a ayudar al profesional a encontrar información. Ahora empezamos a construir sistemas que pueden ayudarle a trabajar intelectualmente sobre esa información, relacionarla, contrastarla y utilizarla como punto de partida para profundizar en un problema. El paso del documento al conocimiento me parece una de las transformaciones más interesantes que estamos viviendo y probablemente tendrá consecuencias sobre la manera en la que concebimos las bases de datos jurídicas durante los próximos años.
2026 también nos está enseñando los límites
Sería poco serio describir lo que llevamos de año como una sucesión inevitable de avances. Precisamente porque estamos utilizando mucho más estas herramientas, también estamos aprendiendo bastante sobre sus limitaciones. Los modelos pueden equivocarse, interpretar incorrectamente un documento, omitir una cuestión importante o producir una respuesta técnicamente razonable que no tenga sentido dentro de las circunstancias concretas de un asunto. Además, existe un problema todavía más difícil: un sistema no conoce aquello que el profesional sabe pero nunca le ha proporcionado.
El contexto importa extraordinariamente en Derecho. Una estrategia procesal no surge únicamente de combinar legislación y jurisprudencia, porque alrededor de cualquier asunto existe un cliente, un contrario, una negociación previa, unas expectativas, un juzgado, determinados riesgos y una enorme cantidad de conocimiento implícito que el profesional acumula a lo largo de los años. Pensar que toda esa complejidad puede sustituirse simplemente introduciendo documentación en un modelo supone tener una visión bastante limitada de lo que significa ejercer el Derecho.
Ahora bien, utilizar estas limitaciones como argumento para ignorar la tecnología me parece igualmente equivocado. Lo interesante es comprender que, a medida que determinadas capacidades se automatizan o se abaratan, el valor del profesional empieza a desplazarse hacia otras actividades en las que precisamente el contexto, la experiencia y el criterio tienen una importancia mucho mayor.
Algunas tareas valdrán menos y el criterio valdrá más
Esta es probablemente una de las consecuencias más incómodas de la transformación que estamos viviendo. Cuando preparar un primer borrador sea prácticamente instantáneo, la capacidad de producir ese primer borrador tendrá menos valor diferencial; cuando resumir cien páginas pueda hacerse en segundos, el mercado difícilmente seguirá valorando esa actividad de la misma manera; y cuando localizar determinada información requiera unos minutos en lugar de varias horas, será complicado justificar económicamente el tiempo que anteriormente necesitábamos para encontrarla.
Todas las grandes transformaciones tecnológicas han reducido el valor de determinadas capacidades mientras aumentaban el de otras, y no veo motivos para pensar que el Derecho vaya a ser una excepción. Mi impresión es que aumentará el valor de saber formular correctamente un problema, detectar qué información falta, comprender las consecuencias de una decisión, diseñar una estrategia, cuestionar una respuesta aparentemente correcta, negociar, persuadir y asumir la responsabilidad profesional sobre el resultado.
En definitiva, cuanto mayor sea la capacidad de las herramientas que tengamos a nuestra disposición, mayor importancia tendrá el criterio con el que las utilicemos. Resulta paradójico que una tecnología que denominamos inteligencia artificial pueda terminar aumentando el valor de algunas de las cualidades que tradicionalmente hemos asociado al mejor ejercicio profesional.
El abogado aumentado ya existe
No me convence demasiado hablar continuamente del “abogado del futuro”, porque tiene algo de ciencia ficción que nos permite colocar cualquier transformación a una distancia suficientemente cómoda. Prefiero hablar del profesional aumentado porque, aunque todavía estemos en una fase muy inicial, ya podemos encontrarlo trabajando en muchos despachos.
Es el abogado que utiliza inteligencia artificial sin confundirla con su propio criterio profesional, que sabe cuándo puede apoyarse en una respuesta y cuándo debe comprobarla, que intenta automatizar aquellas tareas en las que su intervención aporta poco valor y utiliza el tiempo recuperado para aquellas en las que realmente resulta necesario, y que empieza a trabajar sobre cantidades de información que anteriormente habría sido difícil abordar en un tiempo razonable.
Creo que veremos diferencias cada vez mayores entre profesionales con niveles similares de conocimiento jurídico dependiendo de cómo integren estas herramientas en su trabajo. Durante años hemos hablado de competencias digitales como una capacidad complementaria; ahora tendremos que empezar a hablar de la capacidad para colaborar con sistemas de inteligencia artificial, supervisarlos y utilizarlos dentro de procesos profesionales. Y sospecho que eso será bastante más complejo que aprender una colección de prompts.
Los despachos tendrán que revisar sus procesos, no solamente incorporar herramientas
La primera reacción de muchas organizaciones ante una nueva tecnología consiste en introducirla en los procesos existentes y calcular cuánto tiempo permite ahorrar. Es perfectamente lógico y probablemente sea la manera correcta de empezar, pero difícilmente será el punto de llegada.
Si un proceso jurídico está compuesto por quince pasos y descubrimos que cinco pueden realizarse con ayuda de inteligencia artificial, podemos automatizar esos cinco y obtener una mejora inmediata. Sin embargo, la pregunta verdaderamente interesante aparece después: si diseñáramos hoy ese mismo proceso sabiendo que disponemos de estas capacidades, ¿seguiríamos construyéndolo con los mismos quince pasos?
Creo que aquí se producirá uno de los grandes cambios durante la siguiente etapa de adopción. Los workflows jurídicos, los sistemas de conocimiento, la automatización documental y la integración de la inteligencia artificial con expedientes dejarán progresivamente de ser herramientas independientes para convertirse en partes de una misma forma de trabajar. El gran salto de productividad no procederá necesariamente de hacer cada tarea individual un 20% más rápido, sino de descubrir que algunos procesos completos pueden organizarse de otra manera.
En la era de la abundancia, la confianza será más importante
Hay otra consecuencia de la inteligencia artificial que trasciende completamente al sector jurídico y que creo que tendrá una importancia enorme. Nunca había sido tan fácil construir software, producir contenido, crear una página web, elaborar materiales comerciales o replicar determinadas funcionalidades. Las barreras para producir están cayendo y eso está generando una abundancia extraordinaria de productos, mensajes y empresas compitiendo por una cantidad de atención humana que, sin embargo, sigue siendo limitada.
En ese escenario, creo que la marca va a adquirir más importancia y no menos. Cuando las diferencias funcionales entre determinadas herramientas puedan reducirse en cuestión de meses, el profesional tendrá que decidir a qué empresas permite acceder a su información, qué sistemas incorpora diariamente a su trabajo y en qué resultados está dispuesto a apoyarse. En sectores como el jurídico, donde la confianza siempre ha sido una parte esencial de la relación profesional, esa decisión será especialmente importante.
Durante estos años hemos hablado mucho de los modelos de inteligencia artificial como posible ventaja competitiva. Es probable que continúen siéndolo, pero cada vez habrá más capacidades tecnológicas disponibles para todos. La confianza acumulada, la reputación, el conocimiento de una profesión y la relación que una marca establece con sus usuarios son bastante más difíciles de replicar. Paradójicamente, cuanto más abundante sea la tecnología, más valor pueden tener estos elementos que no son estrictamente tecnológicos.
También tendremos que hablar del modelo económico de los servicios jurídicos
Quizá esta sea una de las conversaciones que todavía estamos posponiendo. Durante décadas una parte importante de la economía de los servicios jurídicos ha estado relacionada directa o indirectamente con el tiempo necesario para producirlos: horas de investigación, revisión, preparación, redacción y análisis que posteriormente se trasladan, de distintas maneras, al cliente.
Si algunas de esas actividades pueden realizarse en una fracción del tiempo, es razonable pensar que tarde o temprano tendremos que preguntarnos si tiene sentido seguir cobrando exactamente de la misma manera. No creo que exista una respuesta única ni que la facturación por horas vaya a desaparecer. Habrá asuntos en los que seguirá siendo perfectamente razonable, mientras que otros evolucionarán hacia precios cerrados, suscripciones, servicios recurrentes o fórmulas vinculadas al valor proporcionado.
Quizá esta presión termine siendo saludable porque durante demasiado tiempo hemos confundido en ocasiones el valor del trabajo jurídico con el tiempo necesario para producirlo, cuando son conceptos completamente diferentes. Un consejo excelente puede requerir pocos minutos precisamente porque detrás existen veinte años de experiencia. Si la inteligencia artificial nos obliga a separar mejor tiempo y valor, también puede contribuir a transformar la relación entre profesionales y clientes.
2026 no está siendo el año en que la IA sustituye a los abogados
Después de todas las predicciones realizadas durante los últimos años, resulta interesante detenerse también en aquello que no estamos viendo. Los abogados siguen aquí, los jueces siguen aquí, los departamentos jurídicos continúan necesitando profesionales y los clientes siguen buscando consejo, representación, negociación y criterio. La gran sustitución inmediata que algunos pronosticaron no se está produciendo.
Sería igualmente ingenuo utilizar esto para concluir que el impacto ha sido exagerado y que, en el fondo, nada va a cambiar. Lo que estamos viendo es un proceso bastante más gradual y probablemente más profundo: empieza a modificarse la manera en la que se produce el trabajo jurídico. Y cuando cambia la forma de producir un servicio, con el tiempo también cambian las organizaciones que lo prestan, las capacidades profesionales que se valoran, las expectativas de quienes lo compran y, finalmente, la propia economía del sector.
Por eso me parece especialmente significativo poder hablar de 2026 como un punto de inflexión cuando todavía quedan varios meses para terminarlo. No sabemos qué nuevos modelos, productos o capacidades aparecerán de aquí a diciembre, y a la velocidad actual sería imprudente intentar anticiparlos todos, pero la transformación que ya se ha producido me parece suficientemente importante como para afirmar que no estamos simplemente ante otro año de evolución tecnológica.
Lo que queda de 2026
Los próximos cuatro meses probablemente serán incluso más interesantes que los ocho anteriores porque la discusión está empezando a desplazarse desde las posibilidades de la tecnología hacia su integración real en las organizaciones. Veremos más despachos intentando ordenar el uso de estas herramientas, más departamentos jurídicos buscando casos de uso concretos, más preocupación por la seguridad y la gobernanza, más formación y, sobre todo, más profesionales intentando descubrir qué parte de su manera de trabajar merece ser replanteada.
La tecnología por sí sola nunca determina completamente el futuro de una profesión. Lo hacen las personas, empresas e instituciones que deciden cómo utilizarla. Podemos emplear inteligencia artificial simplemente para producir más documentos o aprovecharla para dedicar más tiempo a pensar; podemos utilizarla para generar todavía más información o para ayudarnos a encontrar aquello que realmente importa; podemos limitarla a reducir costes manteniendo intactos todos nuestros procesos o utilizarla para hacer accesibles servicios jurídicos que hoy siguen siendo demasiado caros para muchas personas y empresas.
Después de observar durante estos meses cómo profesionales muy distintos han empezado a relacionarse con estas herramientas, tengo la impresión de que la adopción ya ha comenzado de una manera difícilmente reversible, pero no será uniforme. Habrá abogados que decidan mantenerse al margen durante bastante tiempo, otros que incorporarán la IA únicamente para algunas tareas y otros que rediseñarán progresivamente una parte importante de su manera de trabajar alrededor de estas nuevas capacidades. La distancia entre unos y otros puede terminar siendo considerable, no necesariamente porque unos sepan más Derecho que otros, sino porque dispondrán de formas muy distintas de utilizar su tiempo y su conocimiento.
Todavía no sabemos cómo terminará 2026 y seguramente nos quedan suficientes novedades como para que cualquier balance realizado en agosto tenga que ser revisado dentro de unos meses. Sin embargo, creo que ya podemos identificar el cambio fundamental que se está produciendo: estamos dejando de preguntarnos qué puede hacer la inteligencia artificial con el Derecho y empezamos a preguntarnos qué pueden hacer los profesionales del Derecho con inteligencia artificial.
Esa segunda pregunta me parece mucho más interesante, porque el futuro de nuestra profesión nunca ha dependido únicamente de las herramientas que tenemos a nuestra disposición, sino de la inteligencia, el criterio y, también, la prudencia con la que decidimos utilizarlas.
