Tuve el privilegio de ser alumno del Profesor don Andrés De La Oliva Santos durante el curso académico 2004-2005, en la asignatura de Derecho Procesal II de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Quienes tuvimos la fortuna de ocupar un pupitre en sus clases sabemos que su magisterio trascendía con mucho la mera transmisión de conocimientos. Era una lección de método, de rigor intelectual y de amor por la verdad jurídica. Hoy, desde la doble condición de letrado en ejercicio y profesor universitario, me siento moralmente obligado a rendir homenaje a quien fue uno de los más grandes procesalistas que ha dado España y, sin duda, un maestro en el sentido más pleno del término.
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Miguel Ángel Fernández-Salinero San Martín, abogado y profesor universitario |
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El Profesor De La Oliva fue un jurista total, erudito; fue un pensador libre, lúcido y profundamente comprometido con la verdad jurídica, de esos cuya obra y pensamiento superan los límites de la especialidad. Su nombre está indisolublemente ligado al Derecho procesal contemporáneo, pero su influjo alcanza también a la teoría general del Derecho, a la metodología jurídica y, sobre todo, a la reflexión sobre la función jurisdiccional en el Estado de Derecho. Su pensamiento constituye un testimonio permanente de que el Derecho, para ser tal, ha de ser también pensamiento crítico.
Su trayectoria académica resulta difícil de resumir sin incurrir en omisiones injustas. Catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid, Académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, miembro de tribunales de oposición y de múltiples comisiones de reforma legislativa, el Profesor De La Oliva desempeñó un papel decisivo en la configuración doctrinal del proceso civil moderno. Sus aportaciones sobre la oralidad y concentración del proceso, la prueba y su valoración judicial, la tutela judicial efectiva o la legitimación procesal han sido y continúan siendo referencia obligada en la doctrina y en la jurisprudencia. Fue, además, uno de los principales impulsores de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, texto que renovó profundamente la concepción del proceso civil en nuestro país y que no puede comprenderse cabalmente sin atender a las ideas que él mismo defendió desde décadas antes.
Pero si algo distinguía al Profesor De La Oliva era su pensamiento libre y profundamente honesto. No temía discrepar cuando la convicción intelectual lo exigía; no se doblegaba ante las modas doctrinales ni ante las presiones del discurso complaciente. Su voz se erigía, serena pero firme, en defensa de una visión garantista del proceso y de una justicia al servicio de la persona, entendida como último destinatario de la función jurisdiccional. En sus escritos, en sus conferencias y en sus intervenciones públicas se percibía la misma coherencia ética: la del jurista que no se resigna al formalismo ni al relativismo, porque sabe que la justicia no es una entelequia, sino una exigencia de razón y de dignidad.
Recuerdo con claridad sus clases en la Facultad de Derecho. Eran un ejercicio de precisión conceptual, pero también de estímulo intelectual. Cada lección era una invitación a pensar, a ordenar las ideas, a no aceptar acríticamente lo recibido. Nos enseñaba que el proceso no es un instrumento burocrático, sino una garantía institucional de la libertad; que la técnica procesal debe servir a la justicia material y no sustituirla. Su método combinaba el rigor expositivo con un permanente llamamiento a la reflexión personal. No dictaba doctrina: enseñaba a pensar jurídicamente, que es mucho más difícil y valioso.
En este sentido, su magisterio trascendió la estricta docencia. Formó discípulos, sí, pero sobre todo formó juristas conscientes de su responsabilidad social. El Profesor De La Oliva concebía el Derecho como una tarea moral antes que técnica, y el proceso como el espacio donde se materializa el ideal de justicia. Por ello, insistía en que el juez debía ser independiente no solo en su función, sino también en su espíritu; que el abogado debía ejercer su oficio con dignidad y prudencia; y que el académico debía mantener viva la tensión crítica que da sentido a la universidad.
Su obra científica constituye un legado de valor incalculable. Libros como Introducción al Derecho Procesal, La prueba judicial o Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil —entre otros muchos— son ya clásicos del pensamiento jurídico español. En todos ellos late una concepción del proceso como expresión de racionalidad jurídica y de respeto a los derechos fundamentales. Su escritura, clara y exigente, refleja el temple de quien domina la técnica pero no se deja aprisionar por ella. No es exagerado afirmar que buena parte de la doctrina procesal actual bebe, directa o indirectamente, de las fuentes que él abrió con lucidez y profundidad.
Merece también recordarse su compromiso con la vida universitaria y con la libertad académica. El Profesor De La Oliva fue siempre un defensor infatigable de la universidad como espacio de pensamiento libre, ajeno a la instrumentalización ideológica o política. Entendía que la función del profesor universitario no es agradar, sino enseñar y, sobre todo, formar conciencias críticas. Su ejemplo resulta especialmente necesario en tiempos en los que la prisa, la superficialidad o la presión mediática amenazan la serenidad del pensamiento jurídico.
Decía él, con razón, que el Derecho procesal no puede reducirse a una técnica procedimental, porque en su seno se juega la efectividad misma de los derechos. Esa convicción impregna toda su obra y explica por qué ningún sector autorizado de la doctrina discute la solidez de su pensamiento. Podrán variar las interpretaciones, pero no se cuestiona su rigor ni su coherencia. Su figura pertenece a esa estirpe de juristas que, como Niceto Alcalá-Zamora, Gómez Orbaneja o Fairén Guillén, marcan una época y establecen un canon de excelencia.
En el plano humano, quienes le tratamos recordamos su cordialidad, su ironía inteligente y su inquebrantable sentido del deber. Era exigente, pero justo; distante en apariencia, pero profundamente humano. Detrás del catedrático riguroso había un hombre de firmes convicciones morales y una fe profunda en la función del Derecho como instrumento de civilización.
Hoy, al evocar su memoria, no lo hacemos desde la mera nostalgia, sino desde la gratitud y el reconocimiento. Gratitud por las enseñanzas recibidas, por la claridad que supo transmitirnos y por el ejemplo de integridad que encarnó. Y reconocimiento, porque su legado intelectual continúa vivo en cada aula, en cada sentencia, en cada investigación jurídica que aspira a la precisión y a la verdad.
El Profesor De La Oliva Santos nos enseñó que el jurista debe ser, ante todo, un ser moralmente responsable. Que el Derecho no se agota en la norma, sino que se proyecta sobre la vida y sobre la justicia. Que la ciencia procesal, en definitiva, es una rama del pensamiento jurídico que exige tanto inteligencia como honestidad. Su vida académica fue, por ello, una lección de coherencia y de fidelidad a los valores que dan sentido a nuestra profesión.
En un tiempo en que la docencia universitaria corre el riesgo de diluirse en el utilitarismo y la superficialidad, la figura del Profesor De La Oliva se alza como un faro que nos recuerda la dignidad del oficio de enseñar. Su palabra —siempre medida, siempre valiente— permanece como guía para quienes creemos que el Derecho es, además de técnica, una forma de sabiduría.
Sirvan estas líneas como modesta laudatio de un discípulo hacia un maestro cuya huella no se borra. Su desaparición física agranda sin duda el legado que nos deja en forma de obra. Su pensamiento y su ejemplo seguirán inspirando a cuantos entendemos el Derecho como búsqueda de justicia y compromiso con la verdad.
Descanse en paz, don Andrés.
Su magisterio continúa vivo en el espíritu de quienes, alguna vez, tuvimos la dicha de aprender de usted.