Chile actualiza sus declaraciones juradas anuales con foco en sostenibilidad tributaria

Durante agosto de 2025, el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile publicó una serie de actualizaciones que modifican las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Entre los cambios más relevantes se encuentran las reformas aplicadas a las declaraciones juradas anuales, que ahora incorporan nuevas exigencias vinculadas a la transparencia fiscal y la sostenibilidad tributaria.

Reformulación del Formulario 1913

Uno de los principales ajustes afecta al Formulario 1913, que ha sido renombrado como “Declaración Jurada Anual de Caracterización Tributaria Global, Sostenibilidad Tributaria y Grupos Empresariales”. Esta nueva versión incluye una sección específica sobre sostenibilidad tributaria, con información requerida a nivel de grupo empresarial.

La declaración incorpora preguntas sobre gobernanza fiscal, compromiso institucional, divulgación de políticas tributarias, gestión de riesgos y cumplimiento cooperativo. El objetivo es fortalecer el marco de control fiscal y promover una relación más transparente entre las empresas y la autoridad tributaria.

Este enfoque ha sido respaldado por la Ley 21.713, publicada en octubre de 2024, que introduce el concepto de “sostenibilidad tributaria” en el artículo 8 Nº 18 del Código Tributario, como parte de la nueva Ley de Cumplimiento Tributario.

Nuevas obligaciones declarativas

Además de las modificaciones, el SII ha incorporado nuevas declaraciones juradas que amplían el alcance de la información exigida.

Entre ellas destaca el Formulario 1961, que obliga a reportar los bienes entregados bajo contratos de leasing. Las empresas deberán solicitar certificados específicos a las entidades que proveen este tipo de operaciones para cumplir con la obligación.

También se han sumado los Formularios 1963 y 1964, que exigen declarar los activos digitales que posean los contribuyentes chilenos, tanto si residen en el país como en el extranjero. Esta medida busca mejorar la trazabilidad de los activos virtuales en el marco de la fiscalización internacional.

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